La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), solicitó el pasado martes 1 de abril, ante la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República investigar el presupuesto extraordinario con que cuenta el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) para el periodo 2014, ya que resaltan ciertas interrogantes de cómo este se está realizando.
Según explicó, Germán Hernández, Promotor Sindical de ANEP, la actual administración del INAMU planteó un proyecto para ejecutar el superávit institucional en el periodo 2014, pero es el acumulado de cuatro años de gestión y asciende a un alrededor de 3.200 millones de colones. “No estamos cuestionando la ejecución de ese superávit, si no la manera en que se está haciendo”.
Hernández indicó, que la ANEP junto a su Seccional ANEP-INAMU solicitaron a la Presidencia Ejecutiva de la Institución una aclaración sobre cómo se pretende ejecutar dicho presupuesto extraordinario, sin embargo aún no han recibido respuesta alguna.
“El 7 de marzo de este año, se le solicitó a la Presidencia Ejecutiva una aclaración sobre cómo con la capacidad instalada que tiene INAMU actualmente iba a ejecutar, a parte de su Plan Anual Operativo, 3.200 millones de colones. No se ha recibido por parte del INAMU ninguna aclaración o justificación de vialidad técnica, legal o administrativa para esos desembolsos. Esto a los funcionarios les preocupa, ya que temen no poder ejecutar adecuadamente ese presupuesto extraordinario y mucho más las consecuencias y sanciones que pueden derivar de la no ejecución o subejecución del mismo”, dijo Hernández.
Por su parte, Albino Vargas, Secretario General de la ANEP, indicó que recientemente nuestra organización conoció las actas de la Junta Directiva del INAMU, 48 2013 y 1-2014, en las cuales la Presidenta Ejecutiva del INAMU presentó una propuesta inicial del plan de inversión del superávit, en la que se incluye el fortalecimiento de servicios externos.
“No se ha tomado en cuenta en las decisiones a las trabajadoras y los trabajadores del INAMU, ni a sus coordinadoras y directoras en la definición y negociación de las transferencias o ejecución indirecta; es decir, los asuntos en la definición de la inversión han sido tratados con otras instituciones, organizaciones e instancias directamente por la Presidenta Ejecutiva, sin contar el personal con la información y herramientas necesarias ante una eventual ejecución de los presupuestos, colocando en un alto riesgo la posibilidad de control de los presupuestos públicos en manos de otras instituciones u organizaciones sociales”, dijo Vargas.
El Secretario General de la ANEP agregó “Las propuestas de inversión pública aprobada por la Junta Directiva del INAMU, tal y como se encuentra formulada, comprende, en su mayor parte, el traslado de recursos a otras instancias para que se compren equipo o construyan infraestructura, inversiones que no resultan coherentes con el ámbito de competencia de la institución, tal y como se puede constatar en el plan que se encuentra en el Área de Servicios Sociales de la Contraloría General de la República para autorización”.
Una de las mayores preocupaciones de la ANEP es la situación de alto riesgo en la que se encuentran las trabajadoras y los trabajadores del INAMU, que se verían involucrados en la ejecución presupuestaria y técnica de proyectos de inversión pública, que dejan las autoridades de la Junta Directiva y la Presidenta ejecutiva del INAMU como un mandato institucional. La ley del INAMU no autoriza para otorgar recursos a organizaciones o entidades públicas para hacer efectivas las transferencias de fondos, que a su vez son transferidos al INAMU por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF).
En ese sentido, la denuncia de ANEP cuestiona si es adecuado el procedimiento mediante el cual se están presupuestando esas partidas y, si INAMU tiene la capacidad instalada para gestionarlas a terceros. Creemos que ese superávit debe ejecutarse a nivel institucional y dirigido directamente a la población de mujeres que requieren esa atención, por lo que se debe anular o rehacer de plano esa ejecución de dicho presupuesto extraordinario.
