De una manera u otra, nuestra sociedad continúa escenificando episodios en los cuales se muestra a las claras dos visiones de desarrollo en constante pugna, misma que se expresa de diversas formas.
En el tema de las pensiones, la colisión de conceptos también es notoria. Recientemente, la Superintendencia de Pensiones (Supén), ha planteado que se debe cerrar el sistema jubilatorio del personal judicial de nuestro país. En verdad es un asunto polémico y, “de entrada”, es muy probable que a las voces que digan que la Supen “tiene razón”, se les dé un buen megáfono.
Sin embargo, es imposible considerar su planteamiento visto desde una perspectiva “neutra” y, mucho menos, “técnica”. Lo político-ideológico se antepone en el análisis del asunto.
La creación de la Supén y su desenvolvimiento ulterior es un asunto profundamente ideológico. En el fondo, la Supén estima que el mejor sistema de pensiones es el que esté privatizado. La “santa cruzada” que sostiene en contra del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), nos lo demuestra, al menos, desde nuestra perspectiva. En este marco conceptual, el que la Supén plantee el cierre del sistema de pensiones del Poder Judicial porque está “quebrado”, nos genera desconfianza acerca de su “objetividad”.
Por otra parte, hay serios cuestionamientos acerca de la entidad extranjera que habría dictaminado la eventual “quiebra” de las pensiones judiciales. Su presunta conexión con entidades multilaterales de crédito y de la banca internacional, indican que la visión consultora contratada no tiene nada de “inocencia técnica” y, por tanto, llevan razón las agrupaciones gremiales judiciales de reaccionar con fuerza y contundencia en la defensa de su propio régimen jubilatorio.
La circunstancia de que desde el latifundio mediático neoliberal que actúa como la vocería oficial de la hegemonía dominante en nuestro sistema político, la del capital financiero-bancario, estén furibundos de alegría con el anuncio de la Supén, lleva también a desconfiar de la tesis del cierre del sistema jubilatorio judicial porque esté ya esté, supuestamente, en un punto “no retorno”.
Aquí, en esencia, el trasfondo profundamente ideológico es cuál es la naturaleza del sistema tributario que debemos tener y su concreción material más inmediata: el tamaño del déficit fiscal. Y que no nos vengan a decir que lo que buscamos es más impuestos para más “privilegios”.
Lo que sucede es que la matriz mediática que se pretende imponerle a la sociedad con respecto al déficit, enfatiza en la cuestión laboral, multidimensionalmente vista y como su única esencia perversa. Este caso del sistema jubilatorio judicial se incluye en tal matriz manipuladora de la opinión pública.
Una cosa muy distinta puede ser la necesidad de la revisión de la gestión financiero-gerencial en materia de reproducción del capital del sistema jubilatorio judicial y modificaciones administrativas estructurales; y otra, radicalmente distinta, decretar su abolición por un presunto impacto cuantitativo negativo en el crecimiento del déficit fiscal; a sabiendas de que la concepción que de éste se tiene, tampoco es neutra ni técnica; sino que está contaminada ideológicamente por la feroz resistencia a que se dé en el país una profunda Transformación Tributaria Estructural, así en mayúscula.
Esta tarea es de enorme impacto estratégico para la vida futura del país e implica un desafío provocador a esos intereses hegemónicos de corte neoliberal que controlan la cosa política en nuestro país. En tal sentido, “el frío no está en las cobijas”; y, por tanto, la resistencia laboral en el seno del Poder Judicial contra las tesis no menos neoliberales de la Supén en materia de su propio sistema de pensiones, encontrará espacio político para expresarse abiertamente.
