La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), solicitó al Ministerio de Justicia y Paz brindar datos claros y precisos sobre los pagos realizados por concepto de horas extras laboradas por colaboradores del Sistema Penitenciario durante todo el periodo 2012 y 2013, esto en todos los niveles jerárquicos, ya que informes extraoficiales en nuestro poder, hablan de que se dispuso para ello de una partida de 100 millones de colones, cuyos destinatarios conviene explicitar.
Así lo manifestó Albino Vargas, Secretario General de la ANEP, quien este lunes envió la solicitud a los altos Jerarcas del Ministerio de Justicia y Paz, con la intención de aclarar e identificar a qué funcionarios se le giro dicho dinero, ya que los trabajadores penitenciarios marginados aún no reciben pago alguno por sus labores realizadas por concepto de horas extras.
“Es para la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), cuya honrosa representación ostentamos; y también para la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria; una imperiosa necesidad de conocer los nombres y los cargos del personal de la Policía Penitenciaria que ha sido receptor de tales pagos en función del más que justificado tiempo extraordinario que demanda la delicada labor de la seguridad carcelaria nacional”, indicó Vargas.
El Secretario General de la ANEP explicó que, la solicitud nace en base a los acuerdos suscritos por la ANEP y su Seccional ANEP-Policía Penitenciaria con el Ministerio de Justicia y Paz, así como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el pasado 23 de enero; donde se estableció el pago en sede administrativa de horas extra laboradas por el abnegado personal de la Policía Penitenciaria.
“En correspondencia con esta oportuna decisión producto de una negociación transparente de las partes; sí se hace necesario el suministro de la información ya explicitada, toda vez que hay bastantes recelos y suspicacias acerca de cómo se ha venido definiendo a quién se le paga horas extras con oportunidad, rapidez y eficiencia; y, por el contrario, determinar quiénes ha tenido que esperar y esperar porque su marco de desenvolvimiento laboral cotidiano no está en los altos niveles donde sí, presuntamente, se definen con celeridad los pagos concretos y materializables en la persona funcionaria con la cual se contrajo tales deudas salariales”, detalló Vargas.
Para la ANEP y su Seccional ANEP-Policía Penitenciaria, esta situación debe de ser atendida con la mayor urgencia y transparencia por parte de las carteras ministeriales de Justicia y Paz y de Trabajo y Seguridad Social, con la intención de fiscalizar a quien realmente se le realizaron dichos pagos y la premura con que se efectuaron.
