Todavía no hemos terminado de sorprendernos de los más que oportunos datos que ha arrojado la edición número 19 del Informe del Estado de la Nación, en lo que respecta a la situación laboral de la clase trabajadora.
Como es de amplio consenso en el país, el Informe del Estado de la Nación es la investigación analítica sobre la realidad nacional costarricense de mayor prestigio y de inobjetable credibilidad, criterio que nosotros compartimos plenamente.
Desde el ámbito de la lucha social y sindical en el cual nos movemos, dos datos de tal informe nos han impresionado fuertemente. El primero: Hay 107 mil personas trabajadoras a las cuales ni uno sólo, óigase bien, ni uno solo de los derechos laborales de la legislación costarricense se les respeta. Segundo: Solamente al 40% de la clase trabajadora se le respetan, completamente, esos derechos.
Dicho en otros términos. Adaptada a nuestra realidad, la situación de esas 107 mil personas trabajadoras equivaldría a una especie de trabajo “esclavo”. Suena fuerte. Pero si no tienen un solo derecho que se les reconozca, los niveles de explotación laboral a que se les somete estarían equivaliendo a eso, a trabajo “esclavo”.
En cuanto al segundo dato la conclusión es ésta: Hay un 60% de las personas trabajadoras a las cuales no se les respeta, al menos, uno de sus derechos laborales, pudiendo ser más.
¡Qué vergüenza! En el país que se ufana ante el mundo de “oasis” en materia de protección de los Derechos Humanos, la mayoría de su clase trabajadora sufre algún nivel de explotación laboral y de violación de los derechos laborales consagrados en la legislación laboral nacional, por ejemplo, en su ley máxima, el Código de Trabajo.
¡Qué paradoja! En el país que ha firmado todos y cada uno de los tratados internacionales que se han elaborado a nivel planetario y regional-continental, en materia de Derechos Humanos, tratados que comprenden en sus respectivos articulados los derechos laborales, un día sí y otro también, los trabajadores y las trabajadoras son violentados por algún nivel de explotación laboral.
En este estado de situación que podemos catalogar de doble moral democrática y de hipocresía política en materia de Derechos Humanos, Costa Rica necesita con urgencia que la Reforma Procesal Laboral (RPL), se convierta, de una vez por todas, en ley de la República.
Los datos del XIX Informe del Estado de la Nación son tan contundentes que la fracción parlamentaria del Partido Liberación Nacional (PLN) se ha quedado sin la más mínima autoridad moral para seguir bloqueando la votación en el plenario legislativo de la RPL.
Una vez más y ahora por esta vía, formulamos, con todo respeto pero con contundente vehemencia, a cada legislador y a cada legisladora del PLN que, por lo menos, dejen votar y liberen el proyecto de la RPL del secuestro político al que lo han estado sometiendo desde hace ya varios meses.
La RPL, la más grande transformación jurídico-legal del Código de Trabajo desde que éste fuera promulgado hace ya 70 años, en 1943, viene a aportar valiosísimos elementos de mayores niveles de justicia laboral, pronta y cumplida, que van a permitir corregir las graves violaciones a los derechos laborales que nos señala el Informe del Estado de la Nación en su edición décimonovena.
Al menos en el ámbito laboral, se ha derribado ese mito de país respetuoso a cabalidad de los Derechos Humanos. ¡Qué vergüenza! En Costa Rica tenemos una especie de “trabajo esclavo” y todos los días y todas las horas ocurren graves violaciones a los Derechos Laborales que son Derechos Humanos reconocidos universalmente.
