El Gobierno de la Presidenta Chinchilla bate otro “record” en el balance negativo de toda su gestión. Ahora resulta que la desigualdad creció en la presente administración, más que todo lo que creció en un período acumulado de 25 años (1987-2012), según lo indica de manera contundente el prestigioso Informe del Estado de la Nación que acaba de dar a conocer su XIX edición.
Costa Rica se hizo más intensamente desigualdad en los años de la Presidenta Chinchilla y ello explica, en parte, otro de los “records” negativos de su administración: el número de protestas callejeras.
El dato es sintomático. En el 2012, el ingreso del 10% de los hogares más ricos fue 24.8% veces más grande que el ingreso del 10% de los hogares más pobres.
Y esto que nosotros pensamos que esta medición se queda cortísima para medir cómo acumulan más plata los que de por sí ya tienen demasiado, pues tal medición de ingreso por hogar tiene componentes restrictivos.
En otras palabras, en la administración de la señora Chinchilla, la esencia de la política pública ha sido posibilitar la acumulación de los que más tienen entre los que ya de por sí siempre han tenido más.
El mencionado informe nos hace afirmar que la senda que venimos transitando como organización sindical, junto a otras entidades colegas de similar visión e idéntica responsabilidad, ha sido un camino más que relegitimado, al puntualizar un día sí y otro también que el crecimiento de la desigualdad es el problema número 1 de la sociedad costarricense de hoy; y que, por tanto, el uso del instrumento de la protesta social que denominamos como la Democracia de la Calle, se repotencia con este dato del décimonoveno Informe del Estado de la Nación.
Deberían detenerse “en seco”, de manera inmediata, las medidas por venir que aumentan ese problema de la desigualdad en la presente administración. Por un lado, la pretensión del gran empresariado de que le rebajen la tarifa de luz para que sean los hogares del pueblo trabajador, los que paguen la diferencia; y, que la Caja detenga esa “carrera loca” de entregar los EBAIS a la lógica mercantil del lucro privado.
Finalmente, las apelaciones a que en tal escenario de desigualdad se debe combatir con un “diálogo nacional”, se caen a pedazos: si reparamos en lo que ha venido pasando con el proceso legislativo de la “Reforma Procesal Laboral”, cuyo acuerdo político-multisectorial ha sido reiteradamente burlado, precisamente, en el presente Gobierno Chinchilla Miranda.
