Aunque nos otorguen una “cajita blanca”, desearíamos que en la campaña electoral ya en desarrollo para las votaciones de febrero entrante, las candidaturas presidenciales más “serias” (porque las que son dobles, que también se postulan para diputados, son como de “mentirillas”); se plantearan temas de gran profundidad que llegaran a impactar al común de la ciudadanía, especialmente a la clase trabajadora, en el marco de una sociedad que potencia, un día sí y otro también, el crecimiento de la desigualdad y la concentración abusiva de la riqueza.
El alto costo de la vida, la altísima tarifa que estamos pagando por servicios básicos como la electricidad y los combustibles, así como el deterioro del poder de compra de los salarios (especialmente los salarios mínimos que rigen para el sector privado de la economía), son temas que preocupan muchísimo en los hogares de la clase trabajadora, tanto aquella con la suerte de tener empleo formal, como quienes deben luchar en el día a día en la informalidad. Ni qué decir, en aquellos grupos familiares que están sufriendo desempleo.
Junto a estas sensibles angustias que aquejan a la gran mayoría de la población, para “los y las de abajo” el tema de justicia tributaria debe ser de alta prioridad de cara a los señores que quieren nuestro voto para ser el próximo presidente de la República. Muchas veces hemos hablado de este tema desde esta columna, a partir de la naturaleza del trabajo sociopolítico que nos ha sido encomendado.
En tal sentido nos llamó la atención que por estos días, al menos tres de estos señores candidatos tocaron el punto. Don Johnny Araya Monge, don José María Villalta Florez-Estrada y don Luis Guillermo Solís Rivera (citados alfabéticamente por la letra inicial de sus nombres), se refieran a la cuestión tributaria, de una u otra forma.
Cambiar el sistema tributario costarricense, como lo requiere una sociedad que enfatiza en el crecimiento de la desigualdad como lo es la Costa Rica de hoy, se requiere de un rompimiento fuerte con el poder hegemónico real que manda los destinos de este país pese a las sucesivas elecciones presidenciales. El que gane, si de verdad quisiera “coger el toro por los cuernos” para enfrentarse a tales poderes, deberá buscar mucho respaldo social entre la amplia gama de grupos organizados de toda naturaleza que, de una manera u otra, vienen luchando para no ser excluidos.
Uno podría apostar por apoyar a un gobierno determinado, en este aspecto tributario, si éste se decidiera a propiciar cambios para quitarle el perverso sesgo regresivo (pagan más lo que proporcionalmente tienen menos), a fin de introducirle un carácter progresivo (pagarán más los que más tienen).
En este sentido, aquí dejamos nuevamente, algunas de las propuestas que podrían abrir el camino para que el sistema tributario costarricense empiece a variar, estructuralmente hablando y se convierta en uno de carácter progresivo.
Veamos: 1) Establecer un sistema de premiación por denuncia de evasión fiscal-tributaria, de forma secreta y con un porcentaje de lo defraudado para la persona denunciante, una vez comprobado y cobrado lo que se robaron. 2) Una ley para permitirle a la administración tributaria acceso a las cuentas bancarias cuando se presumen ilícitos fiscales sin demérito del secreto bancario. 3) Regulación más fuerte de la banca costarricense en el exterior (banca “offshore”). 4) Un impuesto, por única vez, al patrimonio de las grandes fortunas y capitales. 5) Una ley de contingencia fiscal para gravar, por un año o dos, las erogaciones suntuarias, el consumo de lujo y la muestra abusiva de concentración de riqueza; y como forma inmediata de bajar en dos puntos, al menos, el déficit fiscal. 6) Aprobación del proyecto “Pensión-Consumo”. 7) Un impuesto a las transacciones financiero-bancarias luego de cierto monto para no castigar más a los sectores medios: el impuesto “Robin Hood”. 8) Fortalecimiento estratégico de la gestión tributaria en todos sus órdenes, especialmente en el control del robo de impuestos con la contratación de 400 personas técnico-profesionales. 9) Revisión profunda del sistema de exenciones y de exoneraciones (actualmente, representando un 6% del Producto Interno Bruto PIB). 10) Pasar las contralorías de servicios institucionales a la Defensoría de los Habitantes, para incrementar la calidad del control de los recursos públicos y la facilitación de denuncia por uso indebido de toda naturaleza.
Sin duda alguna, el tema de naturaleza muy sensible pero algo está más claro que nunca: a los y las de abajo ya no se les puede quitar más plata. El país ocupa una Transformación Tributaria Estructural, una “Revolución Tributaria” pero se necesitará mucho músculo social para impulsarla de parte de quien gane la Presidencia de la República, si es que, efectivamente, quisiera enfrentar a los sectores poderosos, los del poder real, que no pagan bien sus impuestos.
