Este martes 13 de agosto hemos recibido la noticia de que la Sala Constitucional falló que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) debe estar excluido de la Ley General de Contratación Pública (ley 9986). Es decir, la institución recuperará su régimen especial de contratación.
Este fallo es importantísimo para que el ICE vuelva a tener agilidad para accionar sus inversiones y contrataciones pues para nadie es un secreto el enorme entrabamiento que significó la aplicación de la Ley General de Contratación Pública en la institución.
La exclusión del ICE de la Regla Fiscal, primero, y ahora de la Ley General de Contratación Pública, sin duda significan un revés para los oscuros intereses que desean debilitar a la institución y evitar a como dé lugar que pueda ejecutar sus inversiones y seguir desarrollando al país.
Aunque lo sucedido hoy es una noticia halagadora que recibimos con mucha alegría, también hay que tomar en cuenta que ya la institución ha sufrido daños y atrasos irreparables por las enormes trabas que le significaron la Regla Fiscal y la Ley de contratación pública ¿Quién responde por ello?
Ahora que las amarras, de las que, con justa razón, tanto se ha quejado la actual administración del ICE, les tocará a ellos, precisamente, a la administración superior, poner a caminar a la institución y avanzar en proyectos de vital importancia que se habían visto entorpecidos por la aplicación de estas leyes pues ya no hay excusas para poder cumplir con las responsabilidades que tiene el ICE con el pueblo costarricense. De eso permanecernos vigilantes.
