Un importante colectivo de patriotas costarricenses, denominado Grupo Transparencia Nacional, está planteando la necesidad cívica (más que urgente apuntamos nosotros), para que en Costa Rica se efectúe un Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública, tal y como se ha venido haciendo en otros países, como la latinoamericana nación hermana de Ecuador, cuyo ejemplo al respecto debe motivarnos.

$30 mil millones de dólares es la cifra que nosotros veníamos manejando como monto actual de la deuda pública costarricense. Nos quedamos cortos pues según los datos del Grupo Transparencia Nacional ahorita son $34 mil millones de dólares! Y creciendo…

Esa monstruosa cantidad convertida a colones y al tipo de cambio a hoy (ahora más volátil que antes y siempre para arriba), nos habla de un endeudamiento per capita, de cada persona tica viva sin importar edad, de unos 4.3 millones de colones.

Se tiene que ya es oficialmente admitido por el triunvirato gobernante PLUSC-PAC, que la mayor causa del déficit fiscal es el pago de esa deuda pública y los intereses que demanda.

Que el oficialismo neoliberal admitiera eso, constituye una victoria sindical pues siempre se estuvo acusando, de manera malévola, que son los salarios del empleo público los causantes del déficit.

De manera reiterada y sin cansarnos, hemos estado rechazando tal mentira, mediáticamente manipulada por el periodismo del odio. Ya no pueden seguir mintiendo al respecto.

Si ya hemos llegado a intolerables niveles en cuanto el monto de esa deuda con respecto al PIB, neoliberalmente conceptuado y medido; y si el pago diario de los intereses generados por esa deuda producen grave impacto en el mal denominado presupuesto “general” de la República pues son exhorbitantes; y si, además, nuevos endeudamientos están demandando intereses “obscenos” (como lo indicó la señora Ministra de Hacienda, empleando ella un exabrupto políticamente incorrecto según el dogma neoliberal que profesa); entonces se impone con toda contundencia y transparencia esa Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública.

Desde la corriente sindical en la cual militamos, venimos plateando el asunto-problema desde mayo del 2015.

Ahora la calificada ciudadanía del Grupo Transparencia Nacional abre un gran ámbito de posibilidades para abordarlo multifacéticamente, procurando darle una amplia base político-cívica a tan ineludible desafío patriótico: la Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública de Costa Rica.

Cualquier cantidad de preguntas se pueden formular, técnica y profesionalmente elaboradas: sobre monto real y sobre el monto desagregado; cuánto es deuda interna y cuánto externa; intereses en cada circunstancia y crédito por crédito; plazos; listado de acreedores y bufetes y/o entidades de valores que les representan; quienes y en qué gobiernos gestaron, gestionaron, aprobaron y ejecutaron esos créditos; cuáles consultorías fueron contratadas en las diversas fases de cada crédito; cuáles obras-proyectos y empresas están involucradas en cada crédito; etc., etc., etc.

Queremos hacer una propuesta pública a los señores diputados y a las señoras diputadas para que desde el parlamento (eso sí con contundente y real proceso ciudadano-participativo); se conforme un comisión mixta legislativa especial al efecto y/o se promulgue la LEY DE LA AUDITORÍA CIUDADANA DE LA DEUDA PÚBLICA.

Igualmente proponemos a las agrupaciones integrantes de la Unidad Sindical y Social Nacional; así como a la amplia diversidad de agrupaciones de la sociedad civil que reivindican temáticas en pro de la justicia y la inclusión sociales, en pro de un sistema tributario progresista y progresivo, en pro de los Derechos Humanos (parcial e integralmente conceptuados), en pro de la Ecología y de la Ecología Social, en pro de una espiritualidad religiosa a favor del bien común, en pro del desarrollo integral y democrático de la Juventud (entre otras instancias que impulsan una sociedad de inclusión y de felicidad), que nos conformemos en un especia de coalición, de colectivo, de frente, de espacio articulador en pro de una real y transparente AUDITORÍA CIUDADANA DE LA DEUDA PÚBLICA DE COSTA RICA.

Como lo hemos apuntado lineas arriba, ya hay compatriotas en tal empeño. Juntémonos entonces!

ARTÍCULOS SOBRE “AUDITORÍA CIUDADANA” elaborados por Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

LO FISCAL-TRIBUTARIO CON PERSPECTIVA “DE LOS Y LAS DE ABAJO”

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Publicado: miércoles 27 de mayo de 2015, Diario Extra

La clase hegemónicamente dominante, misma que se expresa a través de su prensa oligárquica y los latifundios mediáticos que la representan, está en loca ofensiva contra quienes trabajan en forma asalariada para el sector Público; especialmente ahora que sus peones políticos se tomaron el control del directorio de la Asamblea Legislativa y han decidido impulsar su propia agenda corporativa, de negocios, para seguir fortaleciendo el proceso de concentración de la riqueza y el crecimiento de la desigualdad.

Insisten, una y otra vez, en que por culpa de los salarios que devengan los empleados públicos, el país está al borde del colapso fiscal final; que ha llegado el fin de los tiempos para Costa Rica porque no se resuelve este grave problema (que lo es); y, por tanto, debe aprobarse todo tipo de leyes (ya no medidas administrativas), contra el empleo público.

Nosotros pensamos que si bien es cierto es irresponsable no dimensionar el problema de un déficit fiscal sin control; lo del ataque al sector Público es de una gran profundidad ideológica que, al menos, deja en evidencia cinco propósitos que hasta ahora han estado ocultos para la generalidad ciudadana; propósitos que para la oligarquía neoliberal y su prensa afín resultan estratégicos en su afán de alcanzar el objetivo final que les es tan dorado: “Todo mercado-Nada Estado”. Veamos:

1) Disminuir al máximo el número de personas empleadas por el Estado. 2) Bajar los salarios del sector Público para estandarizar los mismos según los parámetros de la lógica mercantil de los salarios mínimos que se pagan en el sector Privado. 3) Eliminar o, por lo menos, reducir a su mínima expresión, el papel de los sindicatos del sector Público. 4) Avanzar en lo que está pendiente de privatizar, tercerizar, concesionar y que sigue siendo de propiedad pública, para lo cual es preciso fortalecer los recortes presupuestarios irracionales y la austeridad más brutal sin importar lo social. 5) Bloquear cualquier medida (ley, decreto, reglamento) que vaya en la dirección de que el sistema tributario costarricense (el más malo de la América Latina, según el Banco Interamericano de Desarrollo BID), deje de ser regresivo y pase a ser progresivo.

Con gran esfuerzo, desde este lado de la acera social en que se desarrolla nuestra lucha, tenemos otra visión del asunto. Como es lógico suponer nada expertos somos en el tema pero por exigencias de la responsabilidad que tenemos, nos convertimos en neófitos del tema fiscal-tributario. Apuntamos seguidamente 12 planteamientos que van en la dirección contraria, construidos escuchando y leyendo otros pensares distintos al del fracasado neoliberalismo. Aquí van:

1) Un acuerdo nacional para establecer con qué porcentaje de PIB en materia de déficit fiscal podemos vivir como sociedad: ¿3 %?, ¿3.5 %?, ¿4 ó 4.5 %?… 2) Una vez establecido con cuánto porcentaje de PIB como déficit fiscal no podemos vivir como sociedad, elaboremos otro acuerdo para enfrentarlo. 3) Establecer otra metodología de medición del déficit considerando toda, absolutamente toda, la integralidad financiera del aparato público del Estado. 4) Una auditoría de la deuda costarricense para saber qué debemos, a quién le debemos, cuánto se paga en intereses y quién gana con ello… 5) Que se aprueben las leyes para combatir el fraude fiscal en todas sus manifestaciones. 6) Si como afirma el señor Director de la DIS, por este país pasan al año más de 4 mil millones de dólares de dudosa procedencia (crimen organizado, narcotráfico, blanqueo de capitales, estafas de inversiones y similares), establezcamos el impuesto a las transacciones financiero-bancarias (la tasa Tobin o impuesto “Robin Hood”). 7) Si tanto les preocupa el tema de los salarios públicos, establezcan una ley para regular, estandarizar, homologar a una única cifra, todos los salarios de todos los cargos más altos de la cúpula político-gerencia y tecnocrática del Estado: poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial; presidencias ejecutivas, gerencias generales, alcaldías municipales, contralor, defensor, regulador y otros puestos de similar rango. ¡Den el ejemplo! 8) Aprobemos el proyecto de ley denominado pensión-consumo para premiar el esfuerzo de aportar en la lucha contra la evasión con ligamen a fondos individuales de pensión complementaria. 9) Aprobemos el establecimiento por ley de la renta global o universal, especialmente para controlar la evasión en el ejercicio de las profesionales liberales. 10) Establecer un plan diferenciado para formalización de empresas y combate al trabajo precario. 11) Fortalecimiento en recurso humano y tecnológico de la administración tributaria y de la policía fiscal, terminando con el fraccionamiento-división entre Aduanas y Tributación. 12) Nuevos parámetros y estándares para resaltar la excelencia en el desempeño del servicio público.

Como habrá usted notado, creímos que la voluntad soberana de cambio expresada en las urnas en el 2014, también tocaría lo tributario, estructuralmente hablando. Dado que los que no fueron bien votados en esas elecciones, pretende gobernar desde el parlamento ahora que tomaron su directorio y con una agenda en contra del bien común; entonces, ¡que hable la calle! ¡Votemos en las calles! La Democracia de la Calle es tan legítima como la Democracia de la Urna. Cuando ésta es burlada, violentada, negada, la otra debe entrar en acción.

IMPUESTOS: ¿SERÁ POSIBLE PARAR LA ROBADERA DE IMPUESTOS?

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Publicado: miércoles 31 de agosto de 2016, Diario Extra

En nuestro artículo de la semana pasada sobre este tema, titulado “Impuestos: ¡roben!, ¡sigan robando!… Nada les pasará”, escribimos esta frase: “…los defraudadores tributarios cuentan con importantes palancas en el seno de las 57 curules diputadiles del actual parlamento, de modo tal que la idea original del proyecto contra el fraude fiscal ha perdido contundencia, eficacia jurídica, impacto recaudador, pues se han presentado varias mociones que en nada impedirán que el robo de impuestos siga como hasta hoy en día”.

La verdad es que en esto de las “57 curules” cometimos una injusta generalización que nos obliga a una disculpa pública. Es real que en el seno del actual parlamento hay sensibilidades importantes con relación al peligrosísimo sendero que el país está transitando en cuanto a la desigualdad, la concentración abusiva de la riqueza y, por ende, la importancia de la transformación estructural del sistema tributario costarricense, perversamente regresivo (pagan más, proporcionalmente hablando, los que menos tienen).

Don Javier Cambronero Arguedas y don Henry Mora Jiménez, diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC); don Francisco Camacho Leiva y don José Ramírez Aguilar, del Frente Amplio; don William Alvarado Bogantes y doña Rosibel Ramos Aguilar, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); doña Paulina Ramírez Portuguez y don Rolando González Ulloa, de Liberación Nacional (PLN); y don Mario Redondo Poveda, de la Alianza Demócrata Cristiana; deben saber que les reconocemos por su voto favorable al proyecto de ley contra el fraude fiscal, emitido en el seno de la comisión parlamentaria de Hacendarios, el pasado miércoles 24 de agosto, cuando todo hacía pensar que esta necesaria iniciativa fracasaría estrepitosamente, favoreciendo así la continuidad de la fiesta en que viven los ladrones de impuestos en nuestro país. Reconocimiento que por ser transparentemente sinceros y a modo de honesta disculpa por la odiosa generalización en que incurriéramos (como explicamos al inicio de este artículo), no hace a un lado las diferencias que en cuanto a posiciones político-ideológicas de visión-país tenemos con algunas de esas dignas autoridades parlamentarias.

Ahora bien, desde nuestra perspectiva de cómo quedaría, finalmente, el proyecto contra el fraude fiscal pensamos que no es todo lo necesario que se ocupa para una desaceleración profunda de la velocidad con que se roba impuestos en el país; o bien, bajar la magnitud de su impacto (8.5 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto PIB). Sin embargo, es un avance y mezquino sería no reconocerlo en cuanto tal.

Es importante tener presente que debemos hacer un enorme esfuerzo, más allá de banderías político-partidistas, para comprender la grave deuda social acumulada en los últimos años en nuestro país con amplias mayorías de los sectores sociales y populares. Los tiempos de los TLC’s neoliberales han incrementado esa deuda social. En el seno del parlamento debe tenerse presente, a toda hora, que en el afuera legislativo la realidad social sigue mostrando mucho dolor, mucha violencia, mucha exclusión, mucha injusticia, mucha desigualdad, mucha corrupción.

Deben los tomadores de decisiones constatar que hay dos Costa Rica en este momento, una más grande que la otra; y, precisamente, la más grande es la integrada por compatriotas en el desempleo; por compatriotas jóvenes desorientados, desilusionados, sin trabajo; por compatriotas a los cuales, en un tercio, se les violenta el salario mínimo ya de por sí precario; por trabajadores con salario congelado pese a ser el país más caro de la región; gente del pueblo que percibe un debilitamiento de los servicios públicos sociales; y gente empleada pública, injustamente agredida, golpeada moral y psicológicamente, mediáticamente acosada por esas odiosas generalizaciones (como la del carácter en que incurrimos la semana pasada según hemos explicado), que presentan a todo el empleo público como una “maleantada privilegiada”.

Mencionar, insistir, reiterar estas y otras situaciones de carácter parecido, puede parecerle a “pasquín” a alguien cercano y/o dentro de las esferas del poder político, el formal y/o el real. Según la primera acepción que el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua le da a la palabra “pasquín”, en cuanto a que es un “escrito anónimo, de carácter satírico y contenido político, que se fija en sitio público”, los comentarios que publicamos, semana a semana, en este espacio, nada tienen de “pasquín” y, mucho menos, el de la semana pasada.

Lo que poco a poco va tomando contundencia es el fracaso del neoliberalismo. Y parte esencial de tal fracaso tiene que ver con esos sistemas tributarios regresivos que adicionalmente a la profunda injusticia que revisten, facilitan el robo de impuestos de lo poco que se puede recaudar.

Prestigiosos académicos de renombre mundial, como el señor Joseph E. Stiglitz, nos vienen hablando de economías de altísimo desempeño en Europa, como las de Suecia y de Noruega; naciones que combinan sistemas tributarios fuertes, altamente progresivos (pagan más los que más tienen), con fuertes Estados de bienestar y con fuertes medidas de protección de sus mercados laborales. (Véase “Reforma o divorcio en Europa”, https://www.project-syndicate.org/commentary/reform-or-divorce-in-eurozone-by-joseph-e—stiglitz-2016-08/spanish).

El proyecto aprobado contra el fraude fiscal, aunque insuficiente según nuestro modesto criterio (por demás empírico), pero en la dirección correcta buscando la progresividad tributaria; necesita ser complementado con otras fuertes iniciativas de ley que están en la actual corriente parlamentaria, como las que tienen que ver con las exenciones y las exoneraciones (6 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto PIB); o bien, algo más fuerte todavía, la transformación estructural del impuesto sobre la renta para pasar a la renta global o universal, de forma tal que la acumulación de riqueza tribute en real proporción a como se tiene. Por el contrario, no parece ni justo ni oportuno que se aumente el impuesto sobre las ventas, del 13 al 15% y, mucho menos, transformarlo en impuesto al valor agregado (IVA). Este impuesto es el más regresivo de todos.

Finalmente, terca y reiteradamente, durante los dos últimos años, hemos venido insistiendo en esta tesis: el déficit fiscal no es culpa de los salarios que el Estado paga en materia de empleo público.

El déficit fiscal tiene otras explicaciones, tiene causas evidentes, abiertamente constatables; a la vez, tiene otras causas que permanecen al margen del amplio conocimiento público, como lo es la naturaleza del endeudamiento del país y los intereses que al año hay que pagar por ese endeudamiento.

Si la deuda nacional, pública y privada, con acreedores internos y externos, nos está estrangulando, quizás ha llegado la hora de que se abra paso a una auditoría ciudadana de la deuda para que comprendamos, como sociedad, a qué nos enfrentamos y que sepamos quién está ganando con ella y a quién le sirve que no superemos el problema del déficit; pues si éste se resolviese, aunque fuese en parte, alguien podría perder mucho dinero si el gobierno deja de comprar las enormes cantidades de bonos para sus necesidades ordinarias. Como comprenderán, nos quedamos cortos en el tema.

PRESUPUESTO 2017
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Publicado: miércoles 7 de setiembre de 2016, Diario Extra

El actual Gobierno dio a conocer su propuesta-proyecto de presupuesto general de la República, para el ejercicio fiscal del año 2017; presupuesto que, prácticamente, es de 9 billones de colones (9.000.000.000.000). Ese mismo día se inició el trámite legislativo para su necesaria aprobación parlamentaria la cual debe darse, como máximo, el próximo 30 de noviembre. Queremos compartirle varias impresiones que este asunto, tan delicado, nos ha generado.

Empezamos por aclarar que el nombre o el concepto “presupuesto general de la República”, no es real en sentido estricto. Es decir, estamos hablando, en realidad, de un “presupuesto parcial de la República”, el del Gobierno Central únicamente: poderes Legislativo (con Defensoría y Contraloría incluidos); judicial; electoral; y ejecutivo (ministerios, entes adscritos a los mismos); transferencias a las universidades públicas, a otros programas (como Fodesaf, el PANI, otras entidades de bien social); algún dinero para las municipalidades, pensiones con cargo a dicho presupuesto; y, finalmente, a honrar la deuda nacional, tanto interna como externa.

¿Por qué decimos que debe ser llamado “presupuesto parcial de la República”? Porque la Asamblea Legislativa no conoce de los presupuestos anuales de instituciones autónomas, semiautónomas, empresas públicas, banco del Estado y otras entidades descentralizadas y/o con autonomía constitucional como las municipalidades. Por ejemplo, el presupuesto de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), no pasa por el parlamento. Y según los entendidos, solamente el presupuesto anual de esta entidad es del tamaño de todo el Producto Interno Bruto (PIB), de la hermana República de Nicaragua. Considerando esta circunstancia de lo que no pasa por el parlamento, éste solamente conoce, cuestiona y aprueba, anualmente, del 40% del movimiento presupuestario-financiero del Estado. El otro 60% se maneja “solo”, únicamente con la revisión anual que le hace la Contraloría General de la República (CGR).

Sobre ese 40%, es que se han venido dando los debates fiscales de los últimos tiempos, especialmente el tema del déficit fiscal. Desde nuestro modo empírico de abordar estos asuntos delicados, tales debates y tales enfoques son incompletos porque, por ejemplo, se nos aterroriza como sociedad sobre el déficit fiscal pero calculando la relación ingresos-egresos del Estado, con base en ese 40% que es el Gobierno Central.

Imaginemos que en nuestra casa, en nuestro hogar, hay 10 ingresos pero al calcular el presupuesto familiar solamente se consideran los ingresos de 4 personas. Las otras 6 no son tomadas en cuenta. A lo mejor, si el presupuesto de la República en verdad fuera general, es decir, juntar el 40% que conoce la Asamblea Legislativa más el 60% que no pasa por ella, el déficit fiscal sería de otra naturaleza y no nos tendrían tan ideológicamente acorralados de que si éste llega al 6%, o al 8% del PIB, habrán llegado “los días del juicio final”.

Ahora bien, dejando de lado tal criterio, nos ha dejado estupefactos la información gubernamental oficial de que la tercera parte de lo que se conoce como presupuesto general de la República, de lo que tramitará la Asamblea Legislativa, se va en amortización y en pago de los intereses de la deuda del país.

Es decir, atender lo que se conoce como el servicio de la deuda, implicará erogar 3 billones de colones (3.000.000.000.000), solamente en el año 2017. Es decir, 10 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), del presupuesto general de la República para el año 2017, no se pueden utilizar más que para quedarle bien a los prestamistas, personas físicas y/o jurídicas, nacionales o extranjeras, que nadie sabe quiénes son porque son datos que no se hacen públicos. ¿De cuánto es la deuda del país?…

Tanto dinero público destinado a amortización e intereses de la deuda del país, plantea la urgente necesidad de que la ciudadanía pueda conocer, con todo lujo de detalles, ¿cómo fue que Costa Rica se endeudó tanto, quiénes son los acreedores del país, quiénes con nacionalidad costarricense y quiénes con naturaleza extranjera; qué entidades nacionales e internacionales son acreedoras, qué personas, bufetes las representan; cuáles son los plazos de la deuda; cuánto de ella va al principal (amortización) y cuánto de ella es solamente pago de intereses; qué personas y/o entidades tienen bonos del tesoro costarricense; qué reingeniería financiera puede el país hacer, cuánto margen tiene para ello; que nos espera en 5, en 10, en 15, en 20 años si esto no se corrige; qué relación tiene esta situación de altísimo endeudamiento nacional con la naturaleza actual del sistema tributario costarricense y qué cambios más que inmediatos, profundos, el mismo requiere? Etc., etc. Pareciera ser que se ocupa de una especie de auditoría ciudadana de la deuda del país, para saber cuánto de ella sí es legítima, cuánto de ella podría no serlo; cuánto de ella se puede renegociar, diferir, reconsiderar, anular y/o condonar…

Atender el pago de la deuda integralmente asumido (amortizar algo al principal y/o honrar intereses), y mantener el carácter regresivo del sistema tributario del país, representa una doble dolorosa circunstancia que hará que quienes menos tienen y que son los más en la Costa Rica de hoy, incrementen las penurias socioeconómicas del diario vivir.

Esta doble situación que conspira contra el bien común (deuda prácticamente inmanejable y sistema tributario facilitador de la concentración de la riqueza), es un verdadero crimen social que alimenta la violencia y la exclusión.

En muchos ámbitos de la política pública del Gobierno Central la vivencia de la precariedad se manifiesta dentro de la misma y en el afuera de la misma. Veamos estos dos ejemplos. La precariedad institucional de las cárceles hace que sufra la persona privada de libertad y la que debe dar la seguridad en las mismas. A ambas les afecta esa doble situación conspiradora en contra del bien común. Por otra parte, la precariedad institucional del trabajo preventivo en Salud, afecta a la familia en condición de marginalidad y propensa a las enfermedades virales, como al personal que, precariamente también, debe fumigar esas comunidades y viviendas pobres con escasos recursos a su disposición. Y en ambos casos de prestación de servicios como empleo público, salarialmente hablando, la remuneración también es precaria.

En tal estado de cosas y de cara a la tramitación del presupuesto general de la República para el 2017, no comprendemos cómo se puedan seguir sosteniendo políticas inmisericordes de recortes presupuestarios irresponsables, abusivos e irreflexivos; de aplicar recetas draconianas de austeridad fiscal y presupuestaria en servicios públicos del Gobierno Central que solamente pueden concebir recortes vías despidos masivos; y en servicios públicos ya de por sí precarios pero que están destinados a atender a población vulnerables, en pobreza o en ruta hacia ella, en estados de precariedad económico-social, excluidos o descartables como llama el Papa Francisco a los más humildes de los humiles.

Realmente es muy necesario que en la coyuntura abierta a propósito de la tramitación del presupuesto 2017, tengamos presente que en su más reciente mensaje a la ciudadanía, la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), titulado “El bien común como anhelo de nuestra sociedad”, nos señaló lo siguiente: “En los últimos tiempos, un acelerado cambio cultural, debido a dinámicas sociales, políticas, económicas e ideológicas, tanto al interior del país como por influencia internacional, ha ido en detrimento del sentido de solidaridad y de la búsqueda del bien de todos los habitantes de Costa Rica”.

EMPLEO PÚBLICO Y PLUSES SALARIALES: 10 CONCLUSIONES

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Publicado: miércoles 12 de octubre de 2016, Diario Extra

1. En las últimas semanas y meses se ha desarrollado la campaña político-mediática más infame de toda la historia del empleo público costarricense, con contenidos perversos de agresión psicológica y de terrorismo ideológico. El movimiento sindical y las más connotadas figuras del mismo han sido presentadas como “cosa nostra”, como “capos mafiosos”, respectivamente. Afortunadamente, existe este bastión de la Libertad de Expresión, el grupo periodístico EXTRA, siendo posible dar a conocer nuestras posiciones al respecto.

2. Se ha posicionado en el inconsciente colectivo de toda la sociedad, maliciosamente, que la totalidad de los empleados públicos tiene salarios de lujo y goza de privilegios abusivos. Estamos conscientes de las situaciones abusivas, totalmente excepcionales pero la generalización odiosa no permite una discusión sana, tranquila, en paz. Hubo que atrincherarse ante tal campaña.

3. El déficit fiscal no se debe a los salarios de los empleados públicos. Punto. Lo hemos demostrado hasta la saciedad y nadie nos ha desmentido. Todas las corrientes sindicales han adoptado los planteamientos de la ANEP al respecto.

4. El déficit fiscal tiene que ver con 8.5 puntos PIB por robo de impuestos; 6 puntos PIB por exenciones-exoneraciones; 2.5 puntos PIB por impuestos perdidos “gracias” a los tratados de “libre” comercio; 7.6 puntos PIB del dinero narco que pasa por la economía libremente; 7.5 puntos PIB por plata no ejecutada, “guardada” en las instituciones (subejecución presupuestaria). En la calle andan dando vueltas 32.1 puntos PIB para resolver el déficit para siempre.

5. Se le ha ocultado a la sociedad que una enorme cantidad de segmentos laborales del empleo público tienen salarios bajos, condiciones ocupacionales precarias y que representan servicios públicos dirigidos a poblaciones vulnerables, pobres y cargadas de violencia por la exclusión social en desarrollo.

6. La campaña político-mediática desarrollada contra el empleo público ha sido una espesa y densa cortina de humo para ocultar la realidad explosiva de un sistema tributario altamente regresivo, facilitador de la concentración de la riqueza, dado que proporcionalmente hablando pagan más los que menos tienen; y los que tienen más, evaden, eluden y/o maniobran, empleando peonada jurídica experta para pagar menos.

7. En materia de empleo público el país está perdiendo la batalla de la seguridad en diversos órdenes. Por ejemplo: seguridad ciudadana, migratoria, carcelaria, vial, fronteriza, contra el crimen organizado y el narcotráfico, ecológico-ambiental (parques nacionales). Las restricciones presupuestarias, la incapacidad de las cúpulas político-burocrático-gerenciales para ejecutar lo presupuestado, las restricciones abusivas en materia de nuevo empleo público, se han conjugado para tan deplorable situación.

8. El lado oculto del déficit fiscal es el grave problema de la deuda pública del país, interna y externa. ¿Cuánto, en realidad, debemos? ¿A quién le debemos? ¿Quiénes ganan con el pago de intereses de la deuda? ¿Cuáles son los bufetes que representan a los acreedores? ¿Serán los mismos que ayudan a evadir y eludir el pago de impuestos? Hace falta una auditoría ciudadana de la deuda.

9. Se ha satanizado todo el sistema de Negociación Colectiva consagrado en el sistema jurídico costarricense y establecido por el Derecho Internacional, como Derecho Humano Fundamental. Las convenciones colectivas de trabajo, por ejemplo, han sido exhibidas como un “privilegio” de los empleados públicos, exclusivamente, ocultándose que puedan establecerse en las empresas privadas con el mismo sistema legal indicado.

10. Ajustamos ya casi treinta meses de resistencia feroz en defensa del empleo público, mediando sólidos argumentos de nuestra parte con responsable estudio y planteamientos sumamente justificados, sin tener que emplear la consigna sindical hueca, la ofensa insultante o la mediocridad de un panfleto espurio. En la corriente sindical en la cual nos movemos, hemos acudido a la movilización en los momentos precisos y seguimos llamando a la misma, reiterando la importancia de la más grande unidad en la acción para una victoria transitoria en el contexto del presente mandato constitucional parlamentario.

“REGLA FISCAL”
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Publicado: martes 13 de diciembre de 2016, La Prensa Libre

¡Ni modo! Estos temas macroeconómicos, fiscales-tributarios, de la “alta economía”, especialmente cuando llevan una carga ideológica contraria al bien común y a la inclusión social, son tan delicados, de tanto cuidado al involucrar a toda la población que a pesar de nuestra ignorancia y desconocimiento no queda más remedio que ocuparnos de ellos; especialmente si se tienen responsabilidades de representación obrera y social y uno sigue creyendo en las posibilidades de una sociedad de inclusión social plena en la cual quepamos todos y todas, pese a que todo indica que este mundo de la globalización neoliberal nos lleva al despeñadero.

Afortunadamente son muchas las personas que con preocupaciones de este tipo y ubicadas en diferentes escenarios aportan para una comprensión común de la naturaleza de los desafíos hacia la defensa social.

Esto resulta muy valioso para quienes como uno, neófitos y recién llegados a estas complejas cuestiones que tienen que ver con la manera de cómo se distribuye la riqueza en una sociedad, tengamos posibilidades de dar una voz, un criterio, una alerta, un llamado, de forma tal que nunca se nos increpe o se nos acuse de estar mirando para otro lado cuando situaciones tan graves se fraguan contra la gente, contra el mayor número, contra el pueblo trabajador principalmente.

Dicho esto pareciera que como si ya no fuera poco todo lo que hemos venido enfrentando con relación a estos temas macroeconómicos, fiscales-tributarios, diz que de la “alta economía” (como por ejemplo, el expediente legislativo 19.506, el del ataque al empleo público); lucha que hemos venido dando basados en nuestra perspectiva y en nuestros planteamientos de un sindicalismo sociopolítico, de un sindicalismo ciudadano; ahora nos cae en nuestra agenda de lucha el expediente legislativo No. 19.952, denominado “Ley de responsabilidad fiscal de la República” pero que podemos nombrar simplemente como “Regla Fiscal” para efectos del manejo cotidiano que implica su abordaje.

Don José Ramírez Aguilar, diputado de la República, nos dio los primeros elementos de contenido de “Regla Fiscal” y considerando la seriedad de su desempeño parlamentario y la rigurosidad del profesionalismo técnico de su equipo asesor, la verdad es que ya estamos alarmados por lo que abarca esta iniciativa de ley, pensando en que habrá más deterioro de las posibilidades cada vez más lejanas en materia de reversión del crecimiento de la desigualdad y de un debilitamiento de un deseable potenciamiento de nuevas oportunidades de inclusión social.
Nos indica el citado legislador que este proyecto de “Regla Fiscal” es nocivo. Concretamente su mensaje tiene esta alarma: “Queremos alertar a la población costarricense acerca de un proyecto que se está tramitando en la Comisión de Asuntos Hacendarios llamado ‘Regla Fiscal’. Este proyecto busca que en la medida que la deuda del país aumente, el presupuesto del Estado disminuya automáticamente ocasionando así limitantes en la inversión de escuelas, de Cen-Cinai, no podríamos invertir en servicios de salud”.

Continúa indicando este primer llamado de atención que nos formula el diputado don José Ramírez Aguilar lo siguiente: “Más grave aún es que según algunas instancias internacionales, para el 2019 la deuda del país si no se toman medidas va llegar al 60%, si llegamos al 2019 y se aprueba este proyecto estaríamos obligados congelar salarios, congelar pensiones, el país no podría asumir deudas, tampoco podría subsidiar, es decir si en el 2019 hay un problema en el sector agrícola por ejemplo, el país no podría hacer nada por ayudar a este sector mediante los subsidios que se le dan al sector cafetalero cuando hay problemas con las cosechas por causas como la roya”.

A juzgar por el mensaje de alerta que nos lanza el diputado mencionado, la cosa es mucho más seria de lo que podríamos pensar, inicialmente, al tener un conocimiento primario del proyecto de “Regla Fiscal”. ¡Pongámosle cuidado a este señalamiento!: “Por otra parte las instituciones descentralizadas como el ICE y como la CCSS se verían obligadas a tener un presupuesto igual al del Estado, es decir, si el Estado tiene un presupuesto bajo, estas instituciones tendrían que también bajar el presupuesto sin importar las afectaciones y necesidades que se dejarían de cubrir, tendríamos consecuencias muy serias que pondrían derivar en la desestabilización del país”.

Concluye el ya citado parlamentario con una apelación a la conciencia crítica de la sociedad, incluido los sindicatos: “Por eso, al día de hoy este proyecto debe ser votado de manera negativa. Necesitamos la unión de todos los sectores y de toda la población para impedir que avance este mega combo llamado ‘’Regla Fiscal’’’.

“En guerra avisada, no muere soldado” … “Cuando el río suena, piedras trae”. Nada mejor que estos dos refranes populares para que nos empecemos a ocuparnos y a preocuparnos, en serio, por este asunto del proyecto 19.952, “Regla Fiscal”.

Varias cosas se nos vienen a la cabeza al momento de escribir este comentario sobre este tema de “Regla Fiscal”.

PRIMERO: Cada vez nos convencemos más de que nuestra sociedad ocupa de una auditoría ciudadana de la deuda, la deuda pública, tanto la contraída con entidades nacionales (públicas y privadas) como con organismos internacionales. Si se estima que para el año 2019, la deuda va a llegar al 60% del Producto Interno Bruto (PIB), ¿cómo nos hemos de preparar como país para ello? Lanzarse por el precipicio social del “austericidio” y del “suicidio” de la inversión pública no es conveniente para nadie, ni siquiera para los abanderados del fundamentalismo fiscalista.

SEGUNDO: Siempre hemos tenido inquietud de que la cosa presupuestaria del Estado, concebida integralmente, no puede seguirse restringiendo a que en la Asamblea Legislativa solamente se conozca sobre el 40% del total de la misma; 40% al cual se le denomina erróneamente como presupuesto “general de la República” para un determinado ejercicio fiscal. El otro 60% no pasa por el parlamento, solamente por la Contraloría General de la República (CGR).

Es obvio que con el tipo de parlamentos que tenemos actualmente se pueda concluir en un “¡qué dicha”! que la Asamblea Legislativa no se mete con ese 60%; y más todavía que ahora ese mal llamado presupuesto “general de la República” se puede aprobar de facto, con el ya legitimado mecanismo de ruptura de quórum como acaba de suceder con el del 2017. No obstante, un abordaje nacional de carácter integral del problema de la deuda no puede dejar de considerar una situación como la que estamos planteando.

TERCERO: Debemos volver sobre el tema del carácter del sistema tributario costarricense. Si para algunos entendidos hasta 32 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB) andan dando “vueltas por la calle” en estos momentos, resulta de un orden fundamental considerar las necesarias transformaciones tributarias estructurales (y hasta revolucionarias) para imponerlas cuanto antes si ese escenario catastrofista de 60% puntos PIB de deuda al que llegaremos en el 2019 abre las puertas de un impensado cataclismo social.

Pareciera que es sumamente urgente considerar esto de la “Regla Fiscal” con perspectiva (como apuntamos arriba), de sindicalismo sociopolítico y de sindicalismo ciudadano. Además, parece necesario analizar lo que piensan “del otro lado”: El documento “Reglas fiscales: análisis de una propuesta para Costa Rica” de la Academia de Centroamérica” debe estar en nuestro marco documental en toda esta cuestión.

EMPLEO PÚBLICO: LA DEUDA PÚBLICA LLEGA AL 45% DEL PIB

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Publicado: miércoles 25 de enero de 2017, Diario Extra

Los salarios o remuneraciones que se pagan a quienes laboran con cargo al mal llamado presupuesto “general” de la República decrecieron, ¡sí!, decrecieron en un 4.4% en el año 2016 con relación al 2015.

Este impresionante dato lo dio el Ministerio de Hacienda al dar un informe del comportamiento de las finanzas públicas en el año que acaba de terminar.

Este dato de decrecimiento salarial para el sector público central es el más importante de la última década. ¿Cómo no va a hacer así si los salarios están ya en práctico congelamiento?

La discutible cifra oficial de inflación es cero o cercana a cero, por un lado; y, por otro, no hay política alguna que expanda el poder adquisitivo del salario. El salario de la clase trabajadora está como en estado vegetativo. He aquí una de las explicaciones en cuanto a la situación de desigualdad creciente que vive nuestro país.

Se debe reconocer el gran esfuerzo de las autoridades político-hacendarias y tributarias del país, así como el del personal profesional-técnico y administrativo del Ministerio de Hacienda que luchan todos los días por mejorar la recaudación y por combatir a los ladrones de impuestos.

Aunque les faltan muchas armas para que tal lucha sea más eficaz y más contundente, se nos indica que de 2015 a 2016, los ingresos crecieron un 9.2% pero que los gastos en un 6%. Esto habría generado que, al terminar el año pasado, la relación ingresos vs. gastos (sin contar deuda), el déficit fuera de un 2.4% del PIB. A esto le llaman el déficit primario. Nada catastrofista.

Pero, está el pago de los intereses de la deuda pública nacional. Y es aquí donde pasamos a ver la contracara del resultado fiscal positivo del 2016 a nivel de lo que llaman déficit primario.

En la contracara de esta realidad obrero-social totalmente adversa al factor trabajador, tenemos el tema de la deuda pública del país. Según el resultado fiscal oficial para el 2016, hubo un aumento de la misma que la hizo llegar al 45% del Producto Interno Bruto (PIB).

Según la información disponible hace tan solo tres años, al cerrar el 2013, la deuda pública nacional era del 35%. Tres años después, llegó al 45% PIB.

Si un punto porcentual de Producto Interno Bruto (PIB), equivale a 300 mil millones de colones (300.000.000.000); 45 puntos representan 13 billones 500 mil millones de colones (13.500.000.000.000). Este es el monto de la deuda pública nacional y con tan gigantesca cifra, imaginemos lo que representa el pago de intereses de la misma. ¡Esto sí es algo realmente catastrófico!

Para el año pasado 2016, los 13 billones 500 mil millones de colones de esa deuda, implicaron un desembolso de pago de intereses de 2.8 puntos PIB. Es decir, 840 mil millones de colones (840.000.000.000). Esto nos obliga a pagar:

POR MES: 70 mil millones de colones (70.000.000.000). POR DÍA: 2 mil 333.333 millones de colones (2.333.333.333). POR HORA: 97 millones 222 mil colones (97.222.000). POR MINUTO: 1 millón 620 mil 370 colones (1.620.370). POR SEGUNDO: 27 mil 6 colones (27.006).

¡Esto sí es el verdadero “disparador” (palabreja de corte neoliberal) del gasto público! ¡Aquí está el corazón del déficit fiscal! ¡Mentirosos, infames, calumniadores! Este es el calificativo que merecen quienes han venido fomentando la intensa campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra de los empleados públicos y en contra de las empleadas públicas; campaña perversa en cuanto a que sus salarios representan el principal “disparador” del gasto público. ¡No!, el principal “disparador del gasto público son los intereses de la deuda pública.

He aquí la gran tarea histórico-social de movimientos político-partidistas de corte realmente patriótico; tarea igualmente relevante para los sindicatos con visión-país que pretenden aportar con su lucha y con sus planteamientos y propuestas para una sociedad verdaderamente inclusiva y solidaria, con eje central en la promoción del bien común. Tarea que puede ser asumida al mismo nivel por otras expresiones de la sociedad civil y de los movimientos populares que, de un modo u otro, ajustan ya bastantes años en la lucha bajo el emblema de “Otra Costa Rica es posible”.

Hemos de insistir en nuestro planteamiento de la importancia de una auditoría ciudadana de la deuda pública nacional y del pago de intereses de la misma. Sin desconfiar de los datos en poder de la cartera ministerial de Hacienda al respecto, parece imponerse un proceso político de auscultación de cómo fue que llegamos hasta aquí, al punto de cada segundo hay que pagar casi 30 mil colones de intereses por esa deuda cuya composición desconoce la gente. O el equivalente, ¡por minuto!, a unos 6 salarios mínimos fijados el sector privado de la economía.

¿Será este tema relevante para los políticos de todo signo que ya están en competencia de cara a las elecciones presidenciales y diputadiles del 2018? ¿Lo será para los liberacionistas que son los primeros en definir quién les representará para la candidatura presidencial? Parece relevante insistir en el punto en ocasión próxima.

Si usted nos honró con leer este comentario y labora para el sector Público, especialmente para el Gobierno Central y sus entidades adscritas, sepa que usted no es responsable del déficit fiscal y que, mucho menos, su salario es un “disparador” del mismo.

Luego de tantos días, semanas y meses de una campaña político-mediática infame en su contra y en contra de su familia, ¿verdad que se debe reaccionar a la misma con toda contundencia?…

DÉFICIT FISCAL Y DEUDA PÚBLICA:
EL CASO DE LOS CRÉDITOS LENTAMENTE EJECUTADOS

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Publicado: martes 31 de enero de 2017, La Prensa Libre

Ahora que ha quedado confirmado y de manera contundente de que los salarios que devengan las personas trabajadoras para el Estado no son los responsables del déficit fiscal, tal y como en nuestro propio caso lo estuvimos demostrando y afirmando durante los últimos treinta meses; ahora que se deja en evidencia que el principal “disparador” del gasto público es el pago de los intereses de la deuda pública del país, pues está implicando ya casi tres puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB), ¡al año!; pareciera emerger con potencia empezar a auscultar las verdaderas causas del déficit fiscal, detectar la realidad de los despilfarros de los fondos públicos y empezar a pedir cuentas exhibiendo a las personas y a las entidades responsables de esas ineficiencias y esas ineficacias que atentan contra la estabilidad financiero-económico del país.

En tal sentido y si el principal “disparador” del gasto público lo representa el pago de los intereses de la deuda pública nacional, uno de los ámbitos más necesarios para abordar el problema lo representa el tema de los créditos que el país pide prestado y el grave problema de la tardanza y de la lentitud en cuanto a la ejecución de cada uno de esos empréstitos, pese a que el pago de intereses y de comisiones no se detiene ni un minuto.

Al respecto y con datos proporcionados por el señor diputado don Mario Redondo Poveda, les compartimos los siguientes comentarios nuestros acompañados de algunas interrogantes.

Prácticamente, en estos momentos el país tiene por concepto de créditos en ejecución, unos tres mil millones de dólares ($3.000.000.000). Pasando esta cifra a colones con base en el tipo de cambio por estas fechas, tenemos C.1.650.000.000.000, un billón seiscientos cincuenta mil millones de colones. ¡5.5 puntos de Producto Interno Bruto PIB! (A razón de 300 mil millones de colones por cada punto porcentual de PIB).

Pero he aquí el gran problema: Por una serie de problemas de ejecución de esos dineros prestados solamente ha sido desembolsado al 30 de junio de 2016, el 37.14% de aquella gigantesca cantidad.

Apenas se está ejecutando $1.083.459.976 de dólares: mil ochenta y tres millones 459 mil 976 dólares. Redondeemos a mil 85 millones de dólares. En colones: 596.750.000.000: quinientos noventa y seis mil 750 millones de colones: Casi 2 puntos de PIB.

Veámoslo “al revés”. El país tiene, en estos momentos, sin desembolsar créditos por unos 3.5 puntos PIB, es decir, un billón 50 mil millones de colones: C.1.050.000.000.000.

Sin embargo, Costa Rica sigue pagando intereses y sigue pagando comisiones de compromiso por toda esa plata prestada, aunque no esté toda ejecutada.

Los datos que nos fueron proporcionados indican que, al terminar el primer semestre del año anterior, sumando ambos conceptos, se ha tenido que desembolsar 46 millones de dólares, unos 25 mil 300 millones de colones: C.25.300.000.000.

Dentro de todos esos créditos, resaltan tres que muestran esos graves problemas de ejecución, de ineficiencia, de ineficacia pero que obligan al país al pago de intereses y de comisiones.

UNO: Le prestaron a Costa Rica 132.4 millones de dólares para un programa de prevención de la violencia y a favor de la inclusión social, pero al empezar este año 2017, apenas se ha ejecutado un 38.9%. Por cierto, que desde la propia ANEP se han venido formulando muchos cuestionamientos públicos al respecto de este empréstito.
DOS: Le prestaron a Costa Rica 167.5 millones de dólares para infraestructura educativa (aprobado en 2014), pero solamente se ha ejecutado un ¡3.5%!

TRES: La prestaron al país 450 millones de dólares para infraestructura de transporte y solamente ha sido ejecutado un 3.6%, pese a las presas, los malos caminos, la “platina”, el colapso de vías y similares.

Hemos venido planteando la necesidad de una especie de auditoría ciudadana de la deuda pública nacional. Sin duda alguna, el tema de los créditos adquiridos por el país, su lentísimo desembolso pese a que el pago de intereses y el pago de comisiones corre todos los días, sería de gran relevancia en una auscultación cívica para determinar las razones por las cuales esto está pasando.

Como se habrá notado, el país tiene un alto endeudamiento, el país está ahogado por el pago de intereses y de comisiones; pero, inversamente, no se materializan las obras proyectadas en el tiempo requerido, con la calidad deseada y con gran tardanza en la presentación de mejoras para la población y para el bien común.

¿Qué hay de fondo en todo ello? ¿Qué lo explica? ¿Cuáles son los cambios legales, reglamentarios, procedimentales…? ¿Hay corruptelas compartidas entre los agentes públicos y los del corporativismo privado para lucrar con estas tardanzas? ¿Habría que cambiar el sistema licitatorio y emitir una gran legislación para la construcción de obra e infraestructura pública, con carácter de emergencia y por única vez?

¿Habrá que reestructurar oficinas, despachos y hasta entidades cuyos mandos medios podrían estar involucrados en propiciar atrasos con el fin de acelerar procesos a cambio de mordidas, sobreprecios, comisiones por debajo de la mesa, favorecimiento empresarial…? ¿Hay despachos duplicados, planillas paralelas pagadas en dólares, consultorías a montón, personal profesional de la planilla estatal subutilizado, relegado?…

Liberados ya (al menos transitoriamente) de la perversa campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra del empleo público, la más infame, injusta e injuriosa en toda la historia del mismo; se abre espacio para la formulación de convenientes cuestionamientos bien intencionados de parte de quienes creemos en los postulados de un sindicalismo ciudadano que con vocación cívica ha de replantearse el rol del Estado para una sociedad realmente inclusiva, verdaderamente solidaria y con la corrupción reducida al mínimo.

DÉFICIT FISCAL Y DIÁLOGO SOCIAL

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Publicado: miércoles 1 de febrero de 2017, Diario Extra

Ya es innegable la derrota política que ha sufrido la perversa campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra del empleo público; la más feroz, injusta, infame e injuriosa de toda la historia del papel del Estado en la sociedad.

Esta derrota queda materializada en la inviabilidad política para la aprobación del expediente legislativo No. 19.506 conocido por nosotros como “ley contra el empleo público”. Cuatro circunstancias así lo muestran:

A) El desenmascaramiento de que este proyecto fue utilizado como chantaje político neoliberal para imponer nuevos impuestos. B) La carta diputadil con 22 firmas explícitas contrarias a que se le diera tramitación legislativa rápida (más diez comprometidas u obligadamente comprometidas). C) El retiro presidencial del trámite del proyecto en el actual período parlamentario de sesiones extraordinarias. D) Y, por supuesto, la férrea oposición unitaria obrero-laboral más que evidente, constatan la muerte política de esta intentona antisindical.

A como vemos nosotros las cosas, se abre paso a que nos replanteemos muchos aspectos en torno a los grandes problemas nacionales que nos están afectando en la actualidad, dentro de los cuales y según nuestro criterio el más relevante es el de la desigualdad y su crecimiento sistemático y sostenido.

Según nuestra visión-país la parte más dramática de esa desigualdad es la naturaleza injusta del sistema tributario costarricense; mismo que (como lo hemos indicado tantas veces), hace que paguen más los que menos tienen (proporcionalmente hablando), por un lado; y, por otro, que los que deben pagar de acuerdo a sus posibilidades reales evadan, eludan o del todo no pagan nada de impuestos (se los roban).

Ahora bien, si desde la perspectiva económica hegemónicamente dominante como poder real de la sociedad, el déficit fiscal es el problema supremo, éste mostró dos partes al finalizar el 2016.

El déficit llamado primario, que es el que no incluye el pago de intereses de la deuda pública; y el déficit que incluye las erogaciones por concepto de honrar esos intereses.

Según los datos oficiales del Ministerio de Hacienda, el déficit primario fue de 2.4 puntos de Producto Interno Bruto (PIB); el otro, con el pago de intereses incluido, fue el de 2.8 puntos PIB. En total, 5.2% de déficit global que seguirá creciendo porque la deuda seguirá aumentando al no haber recursos frescos para las arcas públicas.

El presente Gobierno presenta ese 2.4 puntos PIB como déficit primario luego de diversas medidas hacendarias como más controles, mejora recaudatoria, más severidad en la persecución del fraude tributario; y, sacrificando inversión pública, reduciendo gasto operativo-social y congelando salarios en la práctica.

Los 2.8 puntos PIB que se generan por pago de intereses de la deuda (que llevan la totalidad del déficit fiscal al terminar el 2016, a 5.2 puntos PIB), desnudan este rubro como el principal disparador (no los salarios) del gasto público.

Esta situación, ideológicamente manipulada pero técnicamente correcta (es decir, hay que tener recursos tributarios frescos), abre una oportunidad para el diálogo social realmente efectivo, aunque tengamos ya circunstancias políticas “contaminadas” con el proceso electoral nacional ya en desarrollo.

Si ponemos en mesa el tema del déficit fiscal para buscar un acuerdo nacional, partiendo de que hemos llegado a 5.2% PIB y, por tanto, ya nos están señalando con el dedo acusador desde las calificadoras de riesgo de inversión que podemos entrar en zona de peligro crediticio y descalificación financiera internacional; ¿cuáles podrían ser los puntos de agenda y de eventual acuerdo intersectorial y hasta político-partidista que le convenga a toda la sociedad?

Y es aquí donde ámbitos como los siguientes pueden representar una consideración relevante para tomar en cuenta quienes sí pensamos que vale la pena dialogar antes que confrontar.

Veamos. A) ¿Con cuánto porcentaje de PIB podría vivir nuestra sociedad en materia de déficit fiscal y con cuánto no? B) Una auditoría ciudadana de la deuda pública. C) El sistemático retraso en la ejecución de empréstitos y el gran pago de intereses y de comisiones. D) La transformación del impuesto sobre las ventas por el lado de la progresividad y de la capacidad de ingreso. E) La naturaleza de las transformaciones del impuesto sobre la renta pero para las partes de la gran acumulación y del desenfreno evasor. F) Nueva metodología de cálculo del déficit considerando el 60% de la estructura financiera del Estado que no controla el parlamento. G) Tributo especial y transitorio a las transacciones financiero-bancarias (tasa Tobin). H) Fortalecimiento estratégico de la gestión tributaria y de la policía fiscal para sacar el mejor provecho a las leyes contra el fraude fiscal, el registro de accionistas, el impuesto a las sociedades anónimas. I) Las zonas del empleo público que conviene fortalecer hoy muy precarizadas pero que están pensadas para, precisamente, atenuar los impactos multidiversos de la desigualdad. J) El tema del empleo público considerado integralmente para la promoción del bien común y de la integración social. K) La política salarial, especialmente la de los salarios mínimos pagados en la empresa privada, como mecanismo de redistribución de riqueza, de la potenciación del mercado interno y de reducción de la desigualdad. L) La informalidad y su relación con el tema fiscal. Aquí quedamos.

LO FISCAL-TRIBUTARIO DE CARA A LAS ELECCIONES DEL 2018

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Publicado: miércoles 15 de marzo de 2017, Diario Extra

Muchas personas y entidades, así como ciudadanía responsable de diverso signo político-ideológico coinciden en que, en términos generales, en el período constitucional que viene 2018-2022, Costa Rica podría llegar a niveles intolerables, peligrosísimos y hasta catastróficos si no resuelve la crisis fiscal y el déficit que tienen las finanzas públicas que hoy ya presentan números muy alarmantes.

Es más, algunos estiman que la persona que llegue a la silla presidencial a partir del 8 de mayo de 2018 podría enfrentar el escenario más tormentoso jamás pensado desde la fundación de la denominada Segunda República, derivada ésta de la guerra civil entre costarricenses que se dio en el año 1948 del pasado siglo XX.

Desde una perspectiva sociopolítica de Sindicalismo Ciudadano que es la que motiva todo nuestro accionar de lucha social en estos días, este tema fiscal-tributario ha sido prioritario en la agenda de trabajo que hemos estado abordando en los últimos años.

Hemos transitado un largo caminar, con responsabilidad y seriedad, al respecto; inaugurándolo con el gran trabajo propositivo y de carácter intersindical denominado “Hacia una reforma fiscal para el desarrollo y la reactivación del empleo”, dado a conocer a finales del año 2012 y cuya concreción fue posible con el auspicio de la Fundación Friedrich Ebert (FES), de la República Federal de Alemania; con la valiosa orientación del entonces académico-economista, especialista en el tema y ahora diputado de la República, don Henry Mora Jiménez.

Posteriormente nos abocamos a combatir la perversa tesis oligárquico-neoliberal de que el déficit fiscal es culpa de los salarios que devengan las personas trabajadoras al servicio del Estado; faena ésta que está próxima a cumplir treinta meses continuos, en medio de la campaña más infame de agresión psicológica y de terrorismo ideológico contra el empleo público de los últimos tiempos.

La aviesa intención de esta campaña, a la luz de los conceptos político-ideológicos, sociológicos y psicosociales del terrorismo mediático, no deja lugar a dudas del interés de clase que la misma ha tenido.

Esta tesis de que el déficit fiscal no es por culpa de los salarios que se devengan en el Estado, ahora triunfante y ampliamente reconocida por tirios y troyanos, la hemos planteado muchas veces y por distintas vías.

Ahora bien, en el marco de la campaña electoral para los comicios generales del 2018, la cual ya está en pleno desarrollo; y, con base en los datos duros del tema tributario fiscal, presentamos seguidamente diez planteamientos-criterios que podrían valorar las personas competidoras presidenciales y diputadiles, en este ámbito sensible del tema fiscal-tributario.

Especialmente, podrían tener algún grado de relevancia según la visión de la hegemonía económico-financiero dominante, para la cual el “apocalipsis” fiscal llegará cuando el déficit supere la barrera de los 6 puntos de Producto Interno Bruto (PIB); cuando el pago de intereses de la deuda pública llega a consumir la mitad (50%) del presupuesto “general” de la República (ahora anda por un tercio); y cuando el monto de esa deuda pública alcance el 60% del PIB para el año 2020 (es decir, a mitad de la gestión del nuevo presidente que se elija en febrero entrante). He aquí esos diez planteamientos-criterios que les compartimos:

UNO: ¿Con cuánto porcentaje de PIB podría vivir nuestra sociedad en materia de déficit fiscal y con cuánto no?

DOS: Una auditoría ciudadana de la deuda pública que nos permita determinar cuánto se debe, a quién se debe; redefinición del pago de intereses, condonaciones y/o restructuraciones de montos y de plazos, etc.
TRES: El sistemático retraso en la ejecución de empréstitos y el gran pago de intereses y de comisiones; formulando una especie de ley de emergencia de plazo límite para la construcción de la infraestructura urgente pendiente en el marco de la generación de empleo, la reactivación económica y la generación de ingresos frescos para el fisco.

CUATRO: La transformación del impuesto sobre las ventas por el lado de la progresividad y de la capacidad de ingreso.

CINCO: La naturaleza de las transformaciones del impuesto sobre la renta, pero para las partes de la gran acumulación y del desenfreno evasor.

SEIS: Nueva metodología de cálculo del déficit considerando el 60% de la estructura financiera del Estado que no controla el parlamento; es decir, considerando la que pasa, únicamente, por la Contraloría General de la República (CGR).

SIETE: Tributo especial y transitorio a las transacciones financiero-bancarias (tasa Tobin); especialmente para gravar la cada vez más creciente cantidad de dinero sucio en la economía cotidiana, lo cual ha llevado a algunos especialistas a afirmar que de cada colón que tenemos en nuestras manos, 25 céntimos provienen del narco, directa o indirectamente.

OCHO: Fortalecimiento estratégico de la gestión tributaria y de la Policía Fiscal para sacar el mejor provecho a las leyes contra el fraude fiscal, el registro de accionistas, el impuesto a las sociedades anónimas.

NUEVE: Las zonas del empleo público que conviene fortalecer hoy muy precarizadas pero que están pensadas para, precisamente, atenuar los impactos multidiversos de la desigualdad.

DIEZ: El tema del empleo público considerado integralmente para la promoción del bien común y de la integración social. La conexión del mismo con los postulados, integralmente asumidos, de Trabajo Decente que promueve la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mismos que para el caso costarricense ya son Política de Estado así adoptada, de manera tripartita, en el seno del Consejo Superior de Trabajo (CST), adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Reiteramos (en adición a lo anterior) que el planteamiento sindical y social “Hacia una reforma fiscal para el desarrollo y la reactivación del empleo”, arriba mencionado, es la piedra fundamental de nuestra lucha por la real justicia tributaria y como propuesta para prevenir una “hecatombe” fiscal; planteamiento que ahora está más vigente que nunca, señores y señoras con aspiraciones presidenciales y diputadiles.

PRESUPUESTO 2018: CONSIDERACIONES SINDICALES

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Publicado: martes 5 de setiembre de 2017, La Prensa Libre

El Gobierno presentó para su trámite parlamentario el proyecto de Ley de “Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República” para el ejercicio económico 2018. Noten como le pusimos comillas al nombre de este proyecto de ley dado que la Asamblea Legislativa sólo conoce, anualmente, apenas el 40% de la estructura financiero-presupuestaria de todo el país, dado que el 60% restante solamente se tramita ante la Contraloría General de la República (CGR).

Así, por ejemplo, el presupuesto de una mega-institución como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no se considera como parte del “Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República”. Ni el del ICE, ni el del INS, ni el de los bancos públicos, ni el de Japdeva, ni el de Recope (entre otras entidades y empresas estatales).

Hecha esta aclaración y centrándonos en la propuesta gubernamental del “Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República” para el ejercicio económico 2018, tenemos lo siguiente:

PRIMERO: De los 9 billones 300 mil millones de colones presupuestados para el año entrante, la tercera parte es servicio de la deuda pública, para pagar préstamos y/o para pagar intereses, ¡3 billones 100 mil millones de colones habrá que dárselos a los acreedores del país, ya sea personas-entidades nacionales o extranjeras. ¡Poco más de 10 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB)! ¡Cómo hace falta una auditoría ciudadana de la deuda que hace tiempo venimos proponiendo!

SEGUNDO: Esos 9 billones 300 mil millones de colones no estarán totalmente disponibles en el 2018, solamente están presupuestados. Este gobierno (ya saliente) y el entrante tienen que ir a pedir prestado casi la mitad de toda esa plata presupuestada: un 45%, sea, unos 4 billones 140 mil millones de colones. ¿Adónde iremos a dar?… El endeudamiento público sigue y sigue y sigue… Pero pensándolo mejor, para los primeros cuatro meses del próximo año 2018 y que son los últimos de esta administración, “sí habría plata”. ¿A qué clase de ajuste fiscal nos veremos sometidos no más entrando el nuevo gobierno si éste fuese declarado abierta o solapadamente neoliberal?

TERCERO: Los servicios públicos que brinda el Estado central seguirán deteriorándose; en algunos casos (si es que ya no está sucediendo), los empleados públicos a cargo de los mismos llegarán a las oficinas a sentarse únicamente, pues no habrá ni los materiales mínimos, realmente mínimos, para hacer que se trabaja. Es más, en algunas dependencias podrían cortarse los servicios de luz y de agua pues se anuncian hasta recortes en estas partidas.

CUARTO: A la “criatura chineada” del presupuesto “de la República”, el sector Educación, le llegó su hora. Le rebajan casi un punto y medio de PIB y ya no le asignarán el 8% del mismo que ordena la Constitución Política de Costa Rica. Por otra parte, los servicios públicos policiales a cargo de la seguridad ciudadana en sus diversos ámbitos (Fuerza Pública, policías Penitenciaria, de Tránsito, Profesional de Migración y Extranjería, Fiscal, Ecológica (guardaparques), Aeroportuaria, Judicial, Control de Drogas) continuarán su vía crucis presupuestario y la contradicción en que se prestan: cada vez tienen menos plata, por un lado; por el otro, el crimen organizado, la violencia común y delincuencial, así como la violencia en todas sus formas sigue en impetuoso ascenso. Para obras de infraestructura la contradicción también es notoria: menos presupuesto, pero más necesidad (incluso a nivel municipal la crisis fiscal se va a hacer muy notoria en tal sentido).

QUINTO: ¿Por qué hemos llegado a este escenario fiscal con estos elementos? A: De cada dos colones que ocupa el Estado central para funcionar se debe ir a pedir prestado uno. B: De cada tres colones presupuestados, uno es para atender los compromisos de la deuda pública. C: Se está llegando (o ya se está sobrepasando), la “capacidad tolerante” en materia de deuda pública: entre 50 y 53 del PIB en el más corto plazo. D) El déficit fiscal (la diferencia entre ingresos vs. Gastos del Gobierno), va del 5 o del 6% del PIB hacia arriba, en los próximos meses… ¿Qué hacer?… ¿Qué hacemos? Ideas y planteamientos sobran. ¡Sobra plata en este país! El problema es cómo se está distribuyendo.

LA NUEVA ASAMBLEA Y EL PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Publicado: martes 1 de mayo de 2018, La Prensa Libre

Hoy, martes 1 de mayo de 2018, inicia sesiones el nuevo parlamento de nuestro país, la nueva Asamblea Legislativa para el período constitucional 2018-2022, ¡la del Bicentenario!

Las 57 nuevas personas legisladoras, diputadas y diputados, son recibidas con un candente tema que, sin lugar a dudas, muestra ya importantes señales de una confrontación social en desarrollo, tal y como lo demostró la gigantesca manifestación del pueblo trabajador del pasado miércoles 25 de abril.

Hablamos del expediente legislativo No. 20.580, conocido oficialmente como Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aunque ya su denominación popular está en, prácticamente, todos los ámbitos diversos de la discusión nacional al respecto: “combo fiscal”.

Saludamos, respetuosamente, a cada una de esas y esos 57 costarricenses, esperando que haya posibilidades reales de que escuchen una serie de argumentos que, desde una multiplicidad de sectores sindicales, cooperativos, cívicos, patrióticos, académicos, solidaristas y hasta productivo-empresariales, se han venido planteando en contra del indicado proyecto de ley; argumentos que el parlamento que ayer, lunes 30 de abril, terminó su período constitucional 2014-2018, nunca quiso considerar.

De nuestra parte hemos venido insistiendo en que resulta imposible abordar el tema del déficit fiscal de una manera responsable, integralmente hablando, si no se confronta lo relacionado con la deuda pública y el pago de intereses de la misma.

De parte de quienes son ardorosos promotores de la cuestionada iniciativa de ley “combo fiscal”, no se quiere hablar de esto; se soslaya, se silencia, se oculta como si este problema no existiese.

Deben saber las honorables y los honorables señoras diputadas y señores diputados que hoy inician funciones, que ha quedado demostrado de manera contundente que los salarios que devengan las personas trabajadoras al servicio del Estado, no son los responsables del déficit fiscal, por un lado; y, por el contrario, que lo que se ha dado en conceptuar como los “disparadores del gasto” no son esos salarios, sino el pago de intereses de la deuda pública.

Les rogamos tomar nota de lo siguiente y les exhortamos, siempre en el marco del debido respeto, a que orienten a sus asesores y a sus asesoras para que se documenten, con urgencia, en lo siguiente:

Un informe oficial del Ministerio de Hacienda dio a conocer que, durante el primer trimestre del presente año 2018, el pago de intereses de la deuda público representó una erogación de 322 mil 630 millones de colones (322.630.000.000.oo).

Cada uno de esos tres primeros meses del año (enero, febrero y marzo), se tuvieron que destinar 107 mil 543 millones 333 mil 333 colones (107.543.333.333.oo), a dicho pago de intereses.

CADA SEGUNDO: 41 mil 490 colones (41.490.oo).
CADA MINUTO: 2 millones 489 mil 429 colones (2.489.429.oo).
CADA HORA: 149 millones 365 mil 740 colones (149.365.740.oo).
CADA DÍA: 3 mil 584 millones 777 mil 777 colones (3.584.777.777.oo).

Mañana miércoles 2 de mayo, señores nuevos diputados y señoras nuevas diputadas, al cumplirse las primeras 24 horas de su gestión parlamentaria 2018-2022, los intereses de la deuda pública generaron una erogación de 3 mil 584 millones 777 mil 777 colones (3.584.777.777.oo); es decir, en tan sólo su primer día de trabajo legislativo.

¿No creen ustedes que este tema debe hacerse suficientemente explícito ahora que les demandarán que el proyecto “combo fiscal” debe aprobarse con “urgencia”?…

¿No creen ustedes que este crecimiento desbocado del pago de intereses de la deuda pública hará que no habrá paquete fiscal alguno que alcance para enfrentar este enorme desafío?

¿No creen ustedes que sería prudente y necesario que se realice una auditoría parlamentaria de la deuda pública para saber, con total exactitud, todos sus pormenores (génesis, acreedores, tenedores, etc.)?

¿No creen ustedes que debería ponerse en la mesa, con urgencia, una reingeniería de la deuda pública, que le permita al país, al Gobierno, al Estado mismo pensarse en una reducción de esa locura que significa el pago diario de intereses de la misma?

¿No creen ustedes que debería ponerse en la mesa la verdadera naturaleza del sistema tributario costarricense, sumamente cuestionado por toda clase de expertos (nacionales e internacionales), por ser altamente regresivo (pagan más los que, proporcionalmente hablando, tienen menos)?

Nosotros pensamos que este problema, el del pago diario de intereses de la deuda pública (y la deuda misma), es de suma gravedad y que no puede eludirse ante la tramitación de un nuevo paquetazo de impuestos, este “combo fiscal”, mismo que ya tiene un repudio ciudadano ampliamente extendido por todo el país y por toda clase de sectores.

Es lamentable que las nuevas autoridades políticas del gobierno entrante, a cargo de la cuestión económica y macroeconómica del país estén desde ya eludiendo el tema; como lo hicieron las salientes.

Es por eso que, como nuevas autoridades legislativas del país, señores diputados y señoras diputadas, les formulamos una vehemente exhortación al respecto; considerando que este clamor expresa un gran sentir de un considerable número de personas ciudadanas de nuestro país, especialmente integrantes de la clase trabajadora.