La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) denuncia un hecho de extrema gravedad que pone en evidencia otro preocupante nivel de deterioro en la gestión administrativa y técnica del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Lo ocurrido en el proceso de adquisición de materiales para la impermeabilización de paredes y pintura epóxica de la torre de enfriamiento de Miravalles 1, tramitado bajo el pliego de condiciones tipo DG-0301-2024, no puede ser interpretado como un simple error operativo ni como una contingencia aislada. Se trata de un hecho que, por sus dimensiones y consecuencias, reviste características propias de otro verdadero escándalo institucional.
El aparente desecho de materiales por un monto aproximado de ₡47.851.896,01 constituye un indicio claro de una gestión profundamente deficiente, donde la falta de rigor técnico, la improvisación en la definición de requerimientos y la ausencia de controles efectivos convergen en un resultado inaceptable, recursos públicos, literalmente, arrojados a la basura. Este tipo de actuaciones compromete el patrimonio institucional y erosiona la confianza de la ciudadanía en una entidad estratégica para el desarrollo del país.
Desde una perspectiva técnica, resulta inconcebible que una intervención en infraestructura crítica como una torre de enfriamiento se haya ejecutado bajo condiciones tan precarias de planificación y especificación. La naturaleza misma de este tipo de obras exige precisión, conocimiento especializado y estrictos controles de calidad, por lo que lo sucedido sólo puede explicarse a partir de una combinación de negligencia, incompetencia o una cadena de decisiones irresponsables que no fue debidamente contenida por los mecanismos de control institucional. Cualquiera de estos escenarios es, por sí mismo, motivo suficiente para una investigación profunda por parte de las áreas competentes, dentro de ellas la Auditoría Interna del ICE y, sin lugar a dudas, debería ser motivo sanciones ejemplares.
En el plano jurídico, los hechos descritos podrían constituir una violación directa al principio de legalidad consagrado en la Constitución Política y en la Ley General de la Administración Pública, así como una transgresión al deber de probidad que obliga a todo funcionario público a resguardar con máxima diligencia los recursos del Estado. De igual forma, se evidencian posibles incumplimientos a los principios de eficiencia, eficacia y economía que rigen la contratación administrativa, así como eventuales responsabilidades derivadas de la Ley General de Control Interno, particularmente en lo relativo a fallas graves en la planificación, ejecución y supervisión del proceso contractual. No puede descartarse, además, la eventual configuración de responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales, en caso de comprobarse conductas gravemente negligentes o dolosas.
La ANEP considera inaceptable el silencio o la falta de reacción contundente por parte de la administración ante un hecho de esta magnitud. En este contexto, surge inevitable cuestionar quién definió las especificaciones técnicas que desembocaron en este resultado, quién validó la adquisición de materiales que terminaron siendo desechados, dónde estuvieron los controles que debieron prevenir esta situación y, sobre todo, quién asumirá la responsabilidad por el daño ocasionado al erario público.
La ANEP advierte que no permitirá que este caso sea minimizado, encubierto o diluido en trámites administrativos sin consecuencias reales.
El Instituto Costarricense de Electricidad no puede ni debe operar bajo esquemas de improvisación y ausencia de rendición de cuentas. Cada colón desperdiciado representa un golpe directo a la ciudadanía y a las personas trabajadoras que sostienen la institución con su esfuerzo diario. Lo ocurrido en Miravalles 1 no es un hecho aislado, es una señal de alerta que exige acciones inmediatas, firmes y ejemplarizantes, así como en otros casos denunciados.
La ANEP será categórica y persistente. No habrá silencio frente al despilfarro, no habrá complacencia frente a la negligencia y no habrá tregua en la exigencia de transparencia, responsabilidad y respeto absoluto por los recursos públicos.
