La Contraloría confirma las denuncias de la ANEP y advierte el riesgo en el manejo de los recursos públicos en JASEC

La ANEP manifiesta su profunda preocupación por las contundentes conclusiones contenidas en el Informe de Auditoría DFOE-SOS-IAD-00001-2026 de la Contraloría General de la República, el cual confirma una serie de deficiencias estructurales en el proceso de preinversión de proyectos de JASEC que ponen en riesgo la correcta utilización de los recursos públicos.

La Contraloría concluye que el proceso de preinversión de la institución presenta un incumplimiento generalizado de la normativa y de las buenas prácticas, señalando que las decisiones de inversión se están adoptando sin el sustento técnico, financiero, económico y social que exige el ordenamiento jurídico.

Más grave aún, el informe advierte que la Administración ha orientado los estudios de preinversión a justificar soluciones previamente definidas, en lugar de analizar objetivamente los problemas, valorar distintas alternativas y demostrar cuál de ellas representa la mejor decisión para proteger el interés público.

Esta conclusión reviste enorme importancia porque confirma exactamente la preocupación que ANEP ha venido denunciando desde hace meses: cuando la etapa de preinversión se desarrolla de manera incorrecta o incompleta, el riesgo no es únicamente un error técnico; el verdadero riesgo es que se comprometan millones de colones de recursos públicos en proyectos cuya conveniencia nunca fue debidamente demostrada.

La propia Contraloría advierte que las omisiones detectadas impiden asegurar razonablemente que las inversiones aprobadas sean las más convenientes para resolver las necesidades institucionales y de la ciudadanía, incrementando el riesgo para la Hacienda Pública y para la estabilidad financiera de la institución.

Entre las principales deficiencias señaladas por el órgano contralor destacan:

  • ausencia de comparación entre alternativas de solución;
  • objetivos que no son medibles ni verificables;
  • falta de identificación y valoración integral de riesgos;
  • ausencia de evaluaciones económico-sociales;
  • omisiones en los análisis financieros;
  • falta de estudios suficientes para determinar la rentabilidad, sostenibilidad y conveniencia de las inversiones.

La Contraloría incluso concluye que, bajo esas condiciones, no es posible asegurar que los financiamientos que asuma JASEC no comprometan su capacidad de pago ni su estabilidad financiera, precisamente porque las decisiones se sustentan en estudios incompletos.

UNA JUNTA DIRECTIVA EXCESIVAMENTE COMPLACIENTE

Resulta igualmente preocupante la actuación de la actual Junta Directiva.

Lejos de realizar un análisis crítico sobre las causas que originaron estas observaciones o exigir responsabilidades administrativas por las deficiencias señaladas por la Contraloría, el acuerdo adoptado por la Junta Directiva se limitó a dar por recibidos los informes, aprobar las disposiciones emitidas por la Contraloría e instruir a la Gerencia General para que coordine su cumplimiento, sin que se advierta un cuestionamiento sobre las actuaciones que dieron origen a este severo informe.

Desde ANEP consideramos que una Junta Directiva que ejerce verdaderamente su función de dirección superior no puede limitarse a recibir informes cuando el máximo órgano de fiscalización del país concluye que existen incumplimientos generalizados en la forma en que se sustentan decisiones de inversión pública.

Más aún cuando JASEC dispone de un Departamento de Gestión de Proyectos, bajo la responsabilidad del ingeniero Edwin Aguilar, cuya función precisamente consiste en conducir adecuadamente los procesos de formulación y preinversión que sirven de base para comprometer cientos o miles de millones de colones del patrimonio institucional.

El informe de la Contraloría no cuestiona un simple trámite administrativo; cuestiona la calidad técnica de los estudios que respaldan decisiones estratégicas de inversión.

Por ello, resulta legítimo preguntarse:

  • ¿Quiénes son los responsables de que la Contraloría detectara estas deficiencias?
  • ¿Qué controles ejercieron la Gerencia General y las dependencias técnicas responsables?
  • ¿Por qué la Junta Directiva no ha exigido una rendición de cuentas sobre las causas que originaron estos incumplimientos?

EL INFORME REFUERZA LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR ANEP

Este informe constituye un importante respaldo a las denuncias que ANEP ha venido formulando respecto de diversos proyectos institucionales, particularmente aquellos relacionados con inversiones de gran magnitud como la nueva Sede Corporativa.

Nuestra organización ha insistido en que ninguna inversión millonaria puede sustentarse en estudios incompletos, en análisis parciales o en decisiones previamente definidas.

Hoy la Contraloría confirma que precisamente esas deficiencias existen y que la propia metodología de preinversión aplicada por la institución requiere una profunda corrección antes de continuar comprometiendo recursos públicos.

EXIGIMOS RESPONSABILIDADES

ANEP exige:

  • Que se determinen las responsabilidades administrativas derivadas de los incumplimientos señalados por la Contraloría.
  • Que la Junta Directiva ejerza un control efectivo sobre la Administración Superior y las dependencias técnicas responsables.
  • Que ningún proyecto de inversión continúe avanzando mientras no se cumplan íntegramente las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República.
  • Que se garantice a la ciudadanía absoluta transparencia respecto de los estudios técnicos, financieros y jurídicos que fundamentan las inversiones institucionales.

La administración de los recursos públicos exige mucho más que aprobar acuerdos.

Exige rigor técnico, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad.

La ciudadanía cartaginesa merece una JASEC que tome decisiones con fundamento técnico y jurídico, no sobre estudios que el propio órgano contralor ha considerado insuficientes para garantizar la protección del interés público.

ANEP continuará vigilante y denunciará cualquier actuación que comprometa el patrimonio público o se aparte de los principios de legalidad, eficiencia, transparencia y buena administración.

ANEP

Informe de la Contraloría General de la República

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