La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) expresa su seria preocupación ante la moción número 18 presentada por la fracción oficialista en el trámite del Presupuesto Nacional de 2027, que propone trasladar cerca de ₡250.000 millones asignados a programas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), los CEN-CINAI, el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), para atender insuficiencias presupuestarias de otros programas sociales.
Según la información publicada por CR Hoy el 12 y 13 de octubre, el traslado propuesto comprende ₡159.369 millones de la atención en salud de personas en situación de calle; ₡56.474 millones de CEN-CINAI; ₡33.314 millones de subsidios habitacionales del BANHVI; y ₡911 millones de prestaciones alimentarias del IMAS. Los recursos se dirigirían, entre otros destinos, a pensiones del régimen no contributivo, becas, comedores escolares y atención a personas con discapacidad.
ANEP reconoce que los programas receptores de esos fondos atienden necesidades sociales impostergables. Precisamente por eso, resulta indispensable rechazar una lógica presupuestaria que coloca a unas poblaciones vulnerables frente a otras, como si garantizar las pensiones de las personas adultas mayores exigiera debilitar la nutrición infantil, la vivienda social o la cobertura sanitaria de quienes viven en la calle.
La protección de la niñez, la seguridad social, la alimentación, la vivienda digna y la atención de las personas en pobreza no constituyen concesiones discrecionales. Son compromisos públicos que encuentran fundamento en el Estado social de derecho, en los artículos 50, 51, 73 y 74 de la Constitución Política y en las obligaciones de realización progresiva de los derechos económicos y sociales, conforme a los recursos disponibles y con especial atención a los grupos en mayor vulnerabilidad.
Una reasignación presupuestaria de esta magnitud requiere demostrar, con información técnica pública y verificable, que los programas de origen conservarán recursos suficientes para cumplir sus obligaciones, que no se interrumpirán servicios esenciales y que se evaluaron alternativas menos lesivas. La sola identificación de necesidades en los programas receptores no demuestra que existan excedentes reales en las partidas que se pretende reducir.
Especial preocupación merece el eventual traslado de casi la totalidad de los recursos previstos para asegurar la atención en salud de personas en situación de calle, así como el impacto que podrían sufrir los servicios de nutrición y cuido infantil, los subsidios de vivienda y la asistencia alimentaria. Corresponde a las autoridades explicar los efectos concretos, las coberturas esperadas y los mecanismos para evitar exclusiones.
Por lo anterior, ANEP solicita a la Comisión de Asuntos Hacendarios y al Plenario Legislativo que no aprueben la moción sin un estudio integral y transparente de sus efectos sociales; exige al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Hacienda presentar una propuesta de financiamiento suficiente para todos los programas involucrados; y pide que se publiquen las estimaciones de personas beneficiarias, servicios comprometidos y alternativas presupuestarias examinadas.
Asimismo, instamos a las autoridades de la CCSS, CEN-CINAI, IMAS y BANHVI a rendir informes técnicos independientes sobre las consecuencias operativas de los montos planteados y a las instancias de control a vigilar la legalidad y razonabilidad de las decisiones presupuestarias.
La discusión de las finanzas públicas debe realizarse con responsabilidad fiscal y, al mismo tiempo, con responsabilidad social. ANEP reafirma su compromiso con la defensa de los servicios públicos, las personas trabajadoras que los sostienen y las comunidades que dependen de ellos. El país necesita un presupuesto que atienda integralmente sus obligaciones sociales, sin enfrentar el derecho de unas personas contra el de otras.
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS (ANEP)
Fuente informativa: CR Hoy, Gustavo Martínez, 12 y 13 de octubre de 2026. La propuesta se encontraba pendiente de discusión y votación según las publicaciones consultadas.
