El pasado viernes 21 de diciembre el país fue conmovido por la noticia de que el Tribunal de Apelación de Sentencia de Goicoechea, absolvió al expresidente de la República, señor Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, quien gobernó durante el cuatrienio 1998-2002, del delito que se le había imputado (“corrupción agravada en la modalidad de cohecho impropio”), en el marco del sonado escándalo ICE-Alcatel, condenándosele, originalmente, a cinco años de cárcel. De la misma manera, otras siete personas, igualmente de gran renombre en este caso ICE-Alcatel, también quedaron absueltas por la resolución del indicado tribunal.
Según las diversas informaciones de prensa a las que hemos tenido acceso, tal absolución está fundamentada en dos razones de gran peso para el indicado tribunal. Por un lado se argumentó una prescripción, dado que al momento en que fueron condenados, ya había “vencido” el tiempo para recibir esa condena, contado desde el momento en que fueron informados de esos presuntos delitos.
Por otro, una estratégica prueba del proceso, según ese tribunal, fue obtenida de manera ilegal, al margen de la ley y, por tanto, es una prueba inválida; hablamos la prueba bancaria por medio de la cual se abrieron las cuentas de varios de los imputados, detectándose en ellas dineros cuestionables pero que, al parecer, ningún juez dio orden para que se abrieran esas cuentas que estaban en un banco de Panamá.
Para una persona como el que esto escribe quien no es experto en Derecho y, mucho menos, en la delicada materia penal, nos queda la sensación de que tanto el expresidente Rodríguez como los otros imputados, quedaron absueltos por cuestiones de forma, por asuntos técnicos, por tecnicismos. Es decir, que las cuestiones de fondo habrían quedado “intactas”, o sea, que la demostración de una inocencia fundamental en todo este caso ICE-Alcaltel quedó, o quedará, pendiente.
Dicho de otra forma, que las razones estratégicas por las que este asunto quedó marcado como uno de los episodios de corrupción más graves de la clase política tradicional, la del bipartidismo “histórico”, permanecen intactas; y que, por tanto, la sanción ciudadana que sufren sus actores ha de continuar invariable, prácticamente, puesto que las absolutorias que se han informado parecen ser por la forma y no por el fondo.
Pese a la gran espectacularidad mediática que rodeó todo este proceso; y, también, por qué no decirlo, pese a la especie de linchamiento sumario que se dio en torno al mismo precisamente por esa espectacularidad mediática; lo real es que siempre el perdedor en todo esto es el mismo: el pueblo, “los y las de abajo”, las mayorías populares, la ciudadanía “de a pie”. ¿Por qué? Veamos…
El escándalo ICE-Alcatel involucró una enorme cantidad de dinero, muchos millones de colones que, de un modo u otro, representaron fondos públicos que por esos tortuosos caminos terminaron en manos privadas, siendo que fueron objeto de apropiación particular. Toda esa plata, presuntamente mal habida y producto del ya incuestionado tráfico de influencias generado a la sombra del poder político tradicional, debió destinarse para cuestiones de necesidad pública inspiradas en la promoción del bien común. Aquí, en tal sentido, perdieron “los y las de abajo”, porque esa plata nunca les llegó, nunca tuvieron acceso a la misma transformada en servicios sociales para el desarrollo de quienes menos tienen.
Ahora bien, dado las absolutorias en este caso, es muy probable que todos los involucrados (o algunos de ellos), se lancen a demandar al Estado para cobrar las “indemnizaciones” que creen merecer a raíz del escarnio público que sufrieron para, finalmente, determinarse que sus correspondientes sentencias han sido anuladas.
Seguramente, alegarán daños morales, éticos, psicológicos, familiares, patrimoniales, profesionales, políticos y un largo etcétera; daños que serán cuantificados en cantidades monetarias según los peritos que se contratarán para determinarlos; amén de que, pretenderán que también les sean reconocidas las grandes cantidades de dinero invertidos en las defensas jurídicas contratadas en cada caso.
Y, entonces, el Estado (el pueblo), será demandado por una impresionante cantidad de dinero que bien podría hacer “palidecer” la cifra que estuvo involucrada en este escándalo. Entonces, luego de este proceso “resarcitorio”, el Estado será condenado y habrá que pagar. Es decir, al final de cuentas y dado el grave carácter injusto del sistema tributario costarricense serán “los y las de abajo”, esencialmente, quienes habrán de terminar pagando esas potenciales millonarias “indemnizaciones”, dadas las indicadas absolutorias judiciales.
Como vemos, el deteriorado sistema político tradicional dominante, se las “ingenia” para seguir vigente pese a que algunas de sus más connotadas figuras queden envueltas en situaciones cuestionables de dimensiones estratosféricas, como lo ha sido el caso ICE-Alcatel.
Guardando las particularidades y las ubicaciones espacio-temporales peculiares, las similitudes ICE-Alcaltel y la “piñata” de la trocha norte, son más que evidentes. La cosa pública convertida en coto de caza para enriquecimientos personalísimos que, en el primer caso, parece que no serán determinados jamás pues el sistema “absolvió”; y, en el segundo, la lógica intrínseca de perpetuación del estado actual de cosas en las relaciones de lo público con lo privado, nada raro será que al final haga que el sistema, nuevamente, preserve a “los suyos” pese a semejantes corruptelas contrarias al bien común.
Imposible es determinar en qué proporción las absolutorias del caso ICE-Alcatel incrementan la desmoralización política de una ciudadanía harta del espectáculo cotidiano de su clase gobernante tradicional y la impunidad en que la misma se desarrolla; impunidad que parece seguirá incólume. No hay duda alguna: ocupamos otra hegemonía política para una nueva democracia en el país.
