Como ciudadano no puedo ser indiferente ante la confrontación del pasado jueves entre la Fuerza Pública y la población civil preocupada por la crisis de la Caja. Este hecho revivió en mí el acoso del que he sido objeto en los últimos años por cuestionar decisiones técnicas de altas autoridades de la institución y por denunciar presuntos actos de corrupción; siendo que no solo fui separado del Comité de Inversiones del Seguro de IVM y cesado como jefe del Área de Investigación Económica de la Dirección Actuarial, sino también intimidado y difamado.
En ese sentido, he presentado pruebas al Ministerio Público y a otros entes, que evidencian que la crisis financiera del Seguro de Salud habría sido producto de la falsificación de la política salarial y del maquillaje de proyecciones financieras, lo cual propició explosión del gasto en medio de un contexto de recesión económica. Asimismo, que la rentabilidad del régimen de IVM habría sido menoscabada ante un presunto conflicto de interés en la compra de títulos valores y el incremento de 2 p.p. en los créditos hipotecarios; siendo que sobre este último aspecto la Presidencia Ejecutiva no me permitió ejercer mi derecho de respuesta a una publicación en la web institucional.
Afortunadamente, luego de 14 meses de arduo trabajo, la Comisión Legislativa que investigó la crisis de la CCSS identificó a los presuntos responsables, solicitando su renuncia inmediata y su inhabilitación en cargos públicos; siendo que, considerados conjuntamente los informes de minoría y mayoría, los funcionarios administrativos identificados como presuntos culpables coinciden con los que previamente denuncié por mi cuenta.
A los dictámenes de tal comisión se une el informe de la Defensoría de los Habitantes que demuestra el deterioro en los servicios de salud, así como el apoyo de diferentes actores a la denuncia interpuesta, entre ellos: el Sr. Roberto Mora (c.c. El Cobrador), el Diputado Juan Carlos Mendoza, la Unión Médica y UNEP; este último mediante una carta dirigida al fiscal general con 250 firmas adjuntas.
También se han mostrado a favor diferentes intelectuales y estudiantes.
Pero, contrario a lo observado con otros funcionarios vinculados a irregularidades de menor relevancia, los presuntos responsables de tal crisis siguen en sus puestos o han sido promovidos a cargos mayores, siendo que continúan teniendo injerencia en importantes decisiones sin que medie sobre ellos ninguna medida cautelar. En ese sentido, pareciera que la norma es “castigar” a los que denuncian actos ilícitos y “premiar” y “proteger” a los que presuntamente los cometen.
Así, dada mi vivencia personal, me solidarizo con aquellas personas de la sociedad civil, incluyendo a diputadas y diputados, que, a raíz de la confrontación de marras, hoy día se sienten “castigadas” por defender a la CCSS.
Ánimo, la “Primavera Árabe” ilustra que, a través de la participación ciudadana, el cáncer de la corrupción en el ámbito público puede derrotarse. Sin violencia y amparados en nuestro Estado de derecho podemos lograr que la “Primavera de la CCSS”, patente en la creciente participación de diferentes actores, conlleve al fortalecimiento de la institución y al enjuiciamiento de los presuntos responsables para que asuman las consecuencias de sus actos.
