La licenciada Laura Chinchilla Miranda, Presidenta de la República, mintió. Así de contundente queremos denunciarlo, dentro y fuera de las fronteras de nuestro país.
Mintió en el caso de la Reforma Procesal Laboral (RPL); y nada más y nada menos que lo hizo en el seno, en la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ubicada en Ginebra, Suiza, en junio pasado.
Quizás hubiese sido “admisible” esta mentira si fuese para “consumo doméstico”. Al fin y al cabo los gobiernos, por lo general, le mienten a su gente, a sus pueblos. Pero que lo hagan ante un organismo internacional de gran calibre, es un error estratégico mayúsculo y de gran repercusión negativa para la imagen del país, máxime si quien miente es el propio Jefe de Estado, como en nuestro caso.
Como hemos afirmado, la Reforma Procesal Laboral (RPL) constituye una especie de “segundo” Código de Trabajo. La mandataria costarricense está a punto, si no rectifica, de echar por la borda la única ley de la República que quede emitida en su gestión gubernativa como para asegurarle un sitio de honor en la historia nacional; considerando el enorme descrédito que está acompañando su gestión, la magnitud de las corrupciones que la están manchando; y la molestia del pueblo por las estrecheces económicas de un proceso concentrador de riqueza que sigue agudizándose, pese al crecimiento económico del cual se ufana este gobierno.
La Jefa de Estado de Costa Rica se fue hasta tal lugar (Ginebra, Suiza) y dio un gran discurso ante las delegaciones de todos los países que integran la OIT; indicándole a todo el orbe que Costa Rica, país “respetado” a nivel mundial como nación observadora fiel de los Derechos Humanos (DD.HH.), acababa de adoptar la política del llamado “Trabajo Decente” que la OIT emitiera a favor de la dignificación del trabajo asalariado, de su humanización.
Los principios de política pública recomendados por la OIT bajo el concepto de “Trabajo Decente”, se enmarcan en el escenario planetario de globalización deshumanizada; pretendiendo ser contrapeso a la acción criminal del capital neoliberal de signo financiero-bancario que está arrasando con todas las leyes laborales y sociales en los diferentes países.
En el caso costarricense, la mandataria Chinchilla Miranda indicó que el protocolo de “_Trabajo Decente”_ fue más allá, al incluir la aprobación de la Reforma Procesal Laboral (RPL), llevándose así el aplauso y la felicitación generalizada por parte del calificadísimo auditorio de la conferencia mundial de la OIT a la que ella asistió. Es más, ella puso en manos del mismísimo entonces Director General de este ente mundial, el señor Somavía, el protocolo costarricense que adoptaba ese mandato de “Trabajo Decente” con la RPL incluida.
El sorpresivo veto presidencial a la RPL, emitido la noche del pasado martes 9 de octubre, dejó en evidencia la mentira presidencial, el engaño a la misma OIT; así como la tomadura de pelo que se le dio a gran cantidad de personas y de sectores que dentro de nuestro país se vieron involucrados en el proceso de la RPL, a lo largo de los últimos casi 15 años.
Si bien es cierto que el veto presidencial para impedir que la RPL sea, de manera definitiva, Ley de la República, habla de dos razones fundamentales, nosotros estamos convencidos de que aquí hay “mar de fondo”; y, nuevamente, las dos razones oficiales y explícitas de ese veto son, también, otra mentira.
La huelga en los servicios públicos esenciales quedó plenamente regulada en la RPL, pues este tipo de movimiento no puede poner en peligro las cuestiones mínimas inherentes a la vida, a la salud y a la seguridad de las personas. Se cumplieron así, en su regulación dentro de la RPL, mandatos constitucionales al respecto que hoy estaban sin ningún ordenamiento, afectando derechos ciudadanos sensibles e imposibles de dejar de considerar.
Más bien, con la RPL, los y las huelguistas deberán demostrarle al juez que sí darán los servicios mínimos para que la vida, la salud y la seguridad de las personas no queden en peligro alguno con ocasión de una huelga.
La otra razón del espurio veto sí permite que haya contrataciones de rompehuelgas, de esquiroles, pero hasta que la huelga hubiese sido declarada ilegal por un juez de la República; dado que estas contrataciones al momento de darse un movimiento así, hace nugatorio el derecho constitucional a la huelga para los trabajadores y para las trabajadoras que se ven obligados a invocar tal derecho.
Pero, además, la contratación de rompehuelgas (esquiroles), es innecesaria pues la huelga deberá observar un plan mínimo, con el aval de un juez, para mantener funcionando aquellos servicios esenciales para la vida, la salud y la seguridad de las personas.
Los dos argumentos del veto presidencial a la RPL no resisten el menor escrutinio jurídico-parlamentario riguroso, si fuesen esgrimidos de buena fe. Pero no es así. Las verdaderas razones del veto son otras y la Presidenta Chinchilla Miranda lo sabe. Nosotros estamos convencidos de que ese veto es producto de la imposición de sectores empresariales ligados a las producciones bananeras y piñeras nacionales y multinacionales; sectores que nunca estuvieron en fase alguna del proceso de discusión y de negociación que llevaron al histórico acuerdo que hizo viable, políticamente hablando y en el momento de tramitación parlamentaria, la RPL.
Estos sectores productivos quieren seguir acumulando riquezas desmedidas explotando al máximo la fuerza obrera en sus plantaciones y con derechos laborales al mínimo. Para evitar que la llegada de la RPL les pusiera en cintura, hicieron uso del gran poder del capital que han acumulado, logrando que la Presidenta se les prosternara y les diera en bandeja el veto a la RPL; contando para ello con la incidencia perversa de un cura católico renegado, harto conocido por su virulento y enfermizo antisindicalismo (lo que ha convertido en su propio negocio); cura que reniega de los contenidos de la Doctrina Social de la Iglesia en materia del derecho obrero a los sindicatos.
Esto es parte de lo que nosotros denunciamos como “mar de fondo” en el veto presidencial a la RPL. La semana próxima, Dios mediante, ahondaremos en ello, denunciando aún más la doble moral gubernativa de la mentira presidencial inherente al repudiable e injustificado veto a la RPL.
