El próximo viernes 31 de agosto de 2012, se festeja lo que en el seno de lo que podríamos llamar la “cultura” política nacional, conocemos como el Día del Régimen Municipal; una ocasión destinada, según entendemos, para que la ciudadanía costarricense, particularmente el segmento de la misma que labora para las municipalidades del país, reflexionemos sobre la importancia del régimen municipal para la Democracia.
En la actualidad hay una importante cantidad de personas (dentro de las cuales está quien esto escribe), que piensan que Costa Rica está viviendo una especie de crisis política como desde hacía décadas no se manifestaba; crisis que, de seguro, tiene diversas explicaciones y manifestaciones.
Dentro de éstas, no hay duda alguna, es la cifra notable de personas ciudadanas que no votan, que no votarán, que no quieren saber nada de la política; que dicen que todos los políticos son corruptos. Y de seguir así las cosas, no es nada extraño que en pocos años presenciemos fenómenos políticos como el argentino de principios de este siglo, bajo el lema de “que se vayan todos”; o bien, gente común y pensante que, de un pronto a otro, decide que la salida es al margen del sistema formal institucionalmente establecido para las elecciones, procediendo a que haya una especie de “gobierno de facto” que, por un determinado período, gobierne “por decreto”, “arreglando” de una vez por todas, esta “carajada” (perdonen el término pero “carajada” es un modismo muy popular para designar un determinado estado de las cosas, una determinada situación).
Pareciera que donde más marcadamente se está presentando ese desencanto ciudadano con la política es a nivel del régimen municipal. En el 2010 se dio, por segunda vez, la elección directa para las diferentes alcaldías del país, notándose cifras de abstencionismo altísimas, de suerte que, prácticamente todos los alcaldes y todas las alcaldesas que hoy ejercen sus cargos, están en ellos por decisión de una pequeña cantidad de personas electoras de sus respectivos cantones; es decir, son contados con los dedos de la mano aquellos alcaldes que fueran electos con una votación superior al 20% del padrón electoral cantonal respectivo.
Un sistema democrático con vocación estratégica de trascender de lo meramente representativo hacia lo necesariamente participativo, ha de apostar hacia una transformación estructural del régimen municipal actual; buscando cómo se logra conseguir que las municipalidades sean, en verdad, la forma más cercana y efectiva de un gobierno volcado a la gente.
Somos enemigos de las generalizaciones que, por lo general, nos hacen incurrir en graves injusticias. En tal sentido, hay personas al frente de las alcaldías que realizan una notable labor pese a que, como en el prácticamente 100% de los casos, su legitimidad formal es una cosa y su legitimidad real es otra.
Desafortunadamente, hay una estructura mediática hegemónica en el país que hace que solamente lo “malo” sea noticia y lo “bueno” pase invisibilizado. Por ello resulta comprensible que en el inconsciente colectivo, en el imaginario popular, los alcaldes son “corruptos”, las municipalidades “no sirven para nada” y, por tanto, a nadie le interesa el destino de las mismas. Y, claro, con tanta “torta de alcaldía”, cómo esperar una percepción positiva de lo municipal.
Esto pareciera explicar, en parte, el por qué en la más reciente controversia pública sobre el impuesto territorial (impuesto a los bienes inmuebles), las municipalidades llevaron la peor parte si se trata de defensa pública de sus finalidades en este sentido.
Ahora bien, lo que sí llama la atención es que, en casi todos los casos de figuras de alcaldías inmersas en casos de corrupción, sus protagonistas pertenecen al Partido Liberación Nacional (PLN); constituyendo esta circunstancia un dato de extraordinario interés si vemos que este partido, pese a todos sus problemas, es el conglomerado electoral más grande del país en estos momentos.
Igualmente destaca la circunstancia de que hemos notado que en el plano de las relaciones obrero-patronales, son los alcaldes liberacionistas los que más muestran dificultades en su manejo; exhibiendo problemas para dialogar y sustituyendo el mecanismo de la negociación por el autoritarismo, el verticalismo, la prepotencia y hasta el despido de quien se atreva a “desafiarles” su orden.
Indudablemente que el PLN, al renegar y traicionar sus principios socialdemócratas originarios, ha creado las condiciones para que en no pocas de las alcaldías que controla, haya cada espécimen que “se para el sol a verlo”, a la hora de conducir los destinos de un municipio.
Menuda tarea histórica queda por delante para la ciudadanía pasiva, que es la mayoritaria en cada cantón, si las corrientes políticas dominantes se hacen con la suya y hacen avanzar la descentralización de las políticas públicas en nuevos ámbitos de control municipal, sin cambios profundos en su institucionalidad.
En el actual estado y orden de las cosas, el descrédito de no pocas municipalidades parece destinado a acentuarse. No sabemos quién exactamente lo dijo, qué pensador lo manifestó primero; pero en esto de los gobiernos locales (aplicable al ámbito nacional), parece ser sumamente válido eso de que “lo malo de la política es que la gente buena no se mete en ella”.
Felicitamos a quienes luchan en las municipalidades porque las cosas cambien a favor de la gente; especialmente a las personas trabajadoras asalariadas de los municipios de Costa Rica.
