Una vez más debemos señalar que el sistema tributario costarricense es sumamente injusto: pagan más, proporcionalmente hablando, quienes ganan menos; y, por el contrario, los pocos que tienen mucho, cada vez son menos pero acumulan más. Esto es lo que podríamos resumir como la esencia de un sistema tributario sumamente regresivo.
El desafío, en consecuencia, es cómo hacemos más justo el pago de impuestos en momentos en los cuales la desigualdad se ha convertido en el problema número uno de la sociedad: la miseria y la pobreza no se reducen, la clase media viaja hacia la pobreza y la clase rica acumula más plata.
A toda velocidad se tramita en estos momentos en la Asamblea Legislativa, el expediente legislativo No. 18.270, denominado “_Ley de solidaridad tributaria_”, luego de un acuerdo político entre el Gobierno de la Presidenta Chinchilla y el principal partido opositor con representación parlamentaria, Acción Ciudadana (PAC).
Quienes defienden este acuerdo alegan que los principales puntos de ese proyecto de ley son de carácter “_progresivo_”, es decir, que irían en la dirección de cambiar el sistema tributario costarricense, alejándolo de su tradicional y pernicioso sesgo regresivo.
La transformación tributaria estructural que ocupa Costa Rica, lo que hemos denominado “_Revolución Tributaria_”, debe ser un proceso integral que, de forma simultánea, ataque las causas por las cuales se afirma de la existencia de un gran déficit en las finanzas centrales del Estado; y, por ende, la carencia de más recursos para hacerle frente a las crecientes necesidades de la ciudadanía ante los graves problemas sociales que genera la desigualdad en incontrolable desarrollo.
Nuestros compañeros de causa en el Ministerio de Hacienda, a través de la Seccional ANEP-Hacienda, han sido persistentes en señalar que no hay necesidad de más impuestos pues los existentes, si se cobrasen correctamente, generarían los recursos frescos por los cuales la señora Presidenta y su gobierno claman a cada rato.
La “_fiesta_” de evasión en las aduanas es algo inimaginable, dentro de la cual se destaca el caso de los 800 mil furgones que, al año, cruzan los puestos fronterizos nacionales, entrando y saliendo del territorio costarricense, sin que, prácticamente, se sepa qué llevan dentro. Esto fue denunciado en su momento por el más importante columnista del periódico emblema de la oligarquía neoliberal.
Es más, entre las más altas autoridades políticas hacendarias y aduaneras se sabe de la existencia de un grupo empresarial que ejerce poderosísima influencia en este ámbito del control de la evasión fiscal, al punto de que resulta “_impronunciable_” el nombre de su dueño por temor, dicen, a perder la vida, si se le entra duro a controlar la red de corrupción que se manifiesta ante la ausencia de controles reales de la carga que llevan los furgones de tal empresario.
Trataremos de documentarnos más al respecto para en una sucesiva entrega contarles más al respecto. Personalmente lo sabemos pues estuvimos físicamente presentes en una reunión en el COMEX, acompañando a compañeros trabajadores traileros y el tema estuvo en comentario.
Nosotros reconocemos que se vienen haciendo esfuerzos serios desde el Ministerio de Hacienda para atacar otros frentes de evasión de impuestos. Sin embargo, falta muchísima más voluntad política al respecto antes de aceptar nuevos impuestos.
No obstante, se pueden considerar aquellos que toquen a los grupos y personas que, progresivamente hablando, no están aportando lo correcto para que la sociedad alcance niveles de equidad y de movilidad como los requeridos en estos momentos para atajar la desigualdad creciente de la que venimos hablando.
En tal sentido, no creemos justo ni conveniente que el impuesto de ventas actualmente vigente, se transforme a impuesto al valor agregado (IVA), subiéndolo de 13 a 14 %. Este impuesto es el más injusto de todos pese a las excepciones que pudieran establecerse en cuanto a su aplicación.
Otra transformación tributaria que es conveniente y necesaria y que sí se puede aceptar, es el establecimiento de la Renta Mundial. Hablamos aquí de que se impone un impuesto a la riqueza que se ganan costarricenses (personas y empresas), fuera del país. Pero aquí está la trampa: tal impuesto se debe cobrar al momento del devengo, es decir, en el instante en que se reciben las rentas gravables y no cuando esas rentas ingresan al país. Los vivillos de siempre, nunca ingresarán sus ganancias en el exterior a territorio nacional, para no pagar la Renta Mundial.
Dentro de los contenidos que tendría el nuevo paquete de impuestos, también vemos como positivo la inclusión del concepto del “impuesto Robin Hood”, también conocido como la Tasa Tobin, por la cual hemos abogado desde este espacio.
Se establecería un impuesto a las transacciones financieras internacionales pero objetamos que, por un lado, únicamente sea para aquellas transacciones de corto plazo; y, por otro, que quede a juicio del Banco Central el momento en que pondría en vigencia tal impuesto, únicamente bajo el criterio de prevenir “_desequilibrios internos_”. Entonces, en la práctica, ni siquiera un “_impuesto Robin Hood_”, a la tica y chiquitico habría. La semana próximo, Dios primero, volveremos sobre el tema.
