Hemos de decir que nuestra organización sindical, que siempre se opuso a la privatización de la actividad portuaria en INCOP, una y otra vez advirtió que la entrega de esta gestión a manos privadas, no solo generaría desempleo y pobreza en la provincia de Puntarenas, al haber sido durante muchos años el INCOP la principal fuente de trabajo para las y los porteños, sino que las y los consumidores costarricenses se verían afectados al aumentar las tarifas, toda vez que los contratos suscritos por el Gobierno de la República con la empresa concesionaria, son claros al indicar que una de las formas en que la empresa recuperará “inversión” será a través del aumento de las tarifas, lo que al final de cuentas incrementará el precio final de los productos que ingresan por ese puerto y sus derivados.
La privatización que impulsaban algunas organizaciones sindicales y las autoridades institucionales que aún se mantienen dirigiendo el INCOP, fue justificada en la necesidad de hacer más eficaz y eficiente la atención de buques y la operación de los servicios portuarios, objetivos que es evidente que no se han cumplido.
El reportaje de la periodista Vanessa Loaiza, quien estuvo muy atenta durante todo el proceso de privatización a principios de los años 2000, pretende achacar como una de las causas de la congestión para la descarga de la mercancía en Puerto Caldera al atraso en la construcción de la nueva Terminal Granelera, motivado según ella, por las gestiones legales que realizara la ANEP, al recurrir a la Sala Constitucional invocando que la concesión para la construcción de esa nueva terminal, se adjudicó sin que existiera un estudio de impacto ambiental que determinara el daño ecológico que sufriría el estuario de Mata de Limón (sitio donde se ubica el Puerto de Caldera), un lugar de gran riqueza biológica, en el que viven desde tiempos inmemoriales todo tipo de especies animales y vegetales que conforman ecosistemas muy complejos.
¿No será más bien la irresponsabilidad de las autoridades del gobierno, que usualmente buscan impulsar estos procesos concesionarios irrespetando los requisitos y procedimientos legales que se establecen para proyectos de este tipo, los que generaron ese atraso?
A pesar de eso, hay realidades que no se pueden ocultar o manipular. El reportaje es claro cuando nos da la razón en cuanto a uno de nuestros argumentos técnicos para oponernos a la privatización. En su momento indicamos que el INCOP como institución pública, no perseguía un afán de lucro con su gestión de administración de Puerto Caldera y que, prácticamente operaba un servicio al costo, pero que una empresa privada, por su propia naturaleza, si buscaría obtener ganancias con dicha gestión, lo cual definitivamente tendría un impacto en la estructura tarifaria de los servicios, que afectaría el precio de los productos que ingresaban por Puerto Caldera, perjudicando a las y los consumidores.
Asimismo, en su momento advertimos de las graves consecuencias que podría generar el desempleo involuntario en el que quedaron la gran mayoría de personas que laboraban en el INCOP. Por demás está decir que a cinco años de la entrega de Puerto Caldera a manos privadas, los resultados de su privatización se encuentran a simple vista: altos porcentajes de desempleo, drogadicción, prostitución, más pobreza, condiciones laborales más precarias para quienes tienen el “privilegio” de contar con un empleo, más de cincuenta muertes de ex trabajadores de INCOP por diferentes causas, desde el suicidio hasta por sobredosis, es el saldo que ha dejado la privatización de la operación y administración de la actividad portuaria en el pacífico.
El INCOP pasó de ser una institución pública encargada de operar y administrar los servicios portuarios, que ofrecía empleo estable a más de mil personas, a una entidad que gestiona la construcción de parques, como si la población pudiera tener ratos de esparcimiento con el estomago vacío.
La tan ansiada modernización y eficiencia de la gestión portuaria no pasó de ser un pretexto para que la riqueza que se distribuía entre muchas familias puntarenenses a través de estabilidad en el empleo, salarios justos y condiciones de trabajo dignas, se quede ahora en muy poquísimas manos.
Lástima que la objetividad del periodismo no ha estado presente ni en el momento mismo de las intenciones de privatización de la actividad portuaria, ni en el desarrollo del proceso, ni en la valoración de los resultados. Pese a lo anterior, hay una verdad de perogrullo que no se puede ocultar: ¡LA PRIVATIZACION BENEFICIA A UNOS POCOS Y EMPOBRECE A MUCHOS!
Douglas Carrillo Azofeifa
Ex trabajador INCOP / Dirigente Seccional ANEP-INCOP
Susan Quirós Díaz
Unidad Jurídica de ANEP
