Con la acción presentada Sintrajap solicitó, como medida cautelar, el no refrendo del documento por parte de la Contraloría General de la República (CGR), al tiempo que la agrupación exige la anulación del acto adjudicatorio.
La demanda fue presentada al Tribunal Contencioso Administrativo y la misma también va en contra de la CGR, la Procuraduría General de la República (PGR), la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), el Consejo Nacional de Concesiones (CNC), la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y la empresa APM Terminals.
Roger Regidor, abogado de Sintrajap manifestó que para el mega muelle pretendido no se efectuaron los estudios de impacto ambiental requeridos para tal obra, sino que se tomaron en cuenta análisis efectuados de previo.
La preocupación en este sentido es de la posible desaparición de un acuífero en Moín, el cual suministra de agua al 20% de la población del cantón central y que es una zona dentro de la categoría Ramsar.
Regidor mencionó que entre los aspectos contemplados en la demanda se encuentran que el proyecto crea un monopolio privado, establecimiento de altas tarifas, modificaciones en las fechas de recepción de documentos de los interesados a participar en el cartel de licitación y la aprobación de 15 puntos que presuntamente beneficiaron a la empresa.
ES INNECESARIO
Este es la segunda demanda presentada ante esa instancia. Anteriormente lo había hecho la Cámara Nacional de Bananeros.
Ronaldo Blear, secretario general de Sintrajap adujo que “este proyecto es innecesario. Van a tener que responder porque se pospuso en 13 ocasiones el cartel y en una de las ocasiones, la fecha se había pasado en cuatro días y aún así se volvió a caer”.
“Este es un proyecto que en definitiva se va a caer. Encontramos muchas irregularidades e inconsistencias que son abusivas y que violentan la ley, por eso pedimos que se haga justicia”, reafirmó Blear.
Blear además recalcó que dentro de las peticiones efectuadas al juez es que este haga una visita a la zona a fin de conocer, de primera mano, las implicaciones que tendrá el proyecto.
Consultado al respecto, el presidente ejecutivo de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), Allan Hidalgo comentó que no conoce el fondo de la demanda presentada, pero aseveró que todo lo actuado por el gobierno está acorde a la ley.
“Si ellos consideran que el cartel fue un traje a la medida y que hay un tráfico de influencia debieron acudir al Ministerio Público para poner la demanda correspondiente, pero no acudieron ante esa instancia pues no tienen las pruebas para sustentar eso”, afirmó Hidalgo.
Reconoció que los estudios de impacto ambiental a los que hacen referencia los sindicatos existen y que se emplearon por ser un proyecto de Estado y recalcó que fueron los mismos empleados para la elaboración del Plan Maestro.
“El sindicato lo que está haciendo es asustando con la vaina vacía, pues para el proyecto se contaron con todos los estudios, los cuales fueron corroborados por la CGR”, aseveró Hidalgo.
Fuente: Diario Extra
