Del análisis realizado por la Defensoría se determina que, en el quinquenio estudiado, hubo un crecimiento total de 2.793 personas privadas de libertad y que es, a partir del año 2009 cuando la sobrepoblación del sistema penitenciario se eleva en forma considerable, llegando hoy en día a superar el 20%, generando hacinamiento en algunos centros penitenciarios. Asimismo es pertinente indicar que la mayoría de los centros de varones constituyen el espacio institucional de mayores porcentajes de sobrepoblación, llegando a niveles de hacinamiento crítico, lo que ha convertido en la prioridad institucional por encima de las necesidades de otros centros.
En materia de infraestructura debe resaltarse el Centro de Atención Institucional El Buen Pastor, cuya población en el año 2010 era de 600 privadas de libertad y al cual el Ministerio de Justicia no ha logrado darle el mantenimiento requerido y adecuado, al punto que más bien, algunos de sus módulos han debido de clausurarse por el mal estado en el que se encuentran. Pese a que en el 2000 inauguró nuevos módulos para 320 personas, dejaron los viejos espacios con los que se contaba por esa falta de mantenimiento y, esos espacios del primer centro, se encuentran en la actualidad deteriorados al punto de que prácticamente deben ser derribados, ocasionando el hacinamiento al que hoy día se enfrenta. Para la Defensoría es relevante resaltar que si bien la población femenina no representa la mayor cantidad de personas recluidas en el país, su aumento también ha impactado el centro y por lo tanto al sistema, siendo que al día de hoy la capacidad de ingreso supera en un 14% la capacidad real y que ha ocasionado que algunas mujeres tengan que dormir en el suelo.
En cuanto a la construcción de nuevos espacios para la ubicación de personas privadas de libertad, en los últimos cinco años, se abrieron un total 1.193, llamando la atención que en el periodo 2007-2008, la Dirección General de Adaptación Social no realizó obras de infraestructura que permitiera aumentar la capacidad de alojamiento de esta población, aún teniendo la información de la implementación de los Juzgados de Flagrancia y los recursos presupuestarios para hacerlo.
En la última información disponible para la Defensoría sobre remodelaciones a efectuar durante el año 2010-2011 en el Centro La Reforma, que data su construcción desde 1971, se observa que no se contempla mejoras a efectuar en los ámbitos B, C y F, mismos que en la actualidad se encuentran con deficiencias claras de infraestructura, propiamente en instalaciones eléctricas, servicios sanitarios, paredes y techos.
Gestión administrativa
En materia de ejecución presupuestaria, la Defensoría realizó un estudio del presupuesto del Patronato Nacional de Construcciones evidenciando un problema de gestión administrativa, dificultades en el planteamiento institucional y su seguimiento, pues de la información estudiada para el año 2006 se presentó un 27.65% de sub-ejecución (¢701.812.229); para el año 2007 un 71.03% de sub-ejecución (¢1.130.608.689); para el año 2008 se presentó un 87.32% de sub-ejecución (¢3.552.680.255) y para el año 2009 se presentó un 92.36% de sub-ejecución (¢4.271.396.86). Todo ello vino sin duda alguna a acelerar el hacinamiento en los centros penitenciarios del país. La Defensoría solicita a las autoridades del Ministerio de Justicia realizar las investigaciones y establecer las responsabilidades y sanciones correspondientes si así procediera, del personal que podría haber incurrido en falta de control y la omisión de ejecución del presupuesto.
Es importante destacar que para el año 2010 se presentó un aumento considerable en la ejecución presupuestaria, ya que a noviembre de ese año se tenía una sub-ejecución de un 10.06% (¢497.731.681), lo anterior a consecuencia de cambios administrativos realizados durante el mes de mayo de 2010 a lo interno de la Dirección General de Adaptación Social, lo que llevó a la construcción de nuevos módulos en Limón, San Carlos, San Rafael de Puntarenas, Liberia y Pérez Zeledón, aumentando en 640 espacios nuevos a inicios del 2011; no obstante, estos espacios nuevos no solucionará el problema de sobrepoblación existente.
En cuanto a las plazas en el sistema penitenciario se disponen de 1.290 entre los 15 centros penitenciarios, a las cuales le corresponde la atención de 10.541 personas privadas de libertad. Si se analiza solo el crecimiento de la población en los últimos cinco años 2.793, es mayor que el número de funcionarios del sistema, creándose de esa manera, una clara desventaja para el personal ante la falta de proporcionalidad, de ahí que es urgente que las autoridades de Hacienda establezcan un procedimiento para dotar en forma paulatina del recurso humano necesario.
Respecto a las plazas de la policía penitenciaria, se tiene que durante los últimos cinco años se crearon 507 plazas nuevas, para un total en la actualidad de 3.138 plazas distribuidas en todos los centros institucionales, sin embargo, es necesario tomar en consideración que la totalidad del personal que ocupa las plazas no se encuentra laborando en forma simultánea, lo que dificulta la capacidad de respuesta de ka policía penitenciaria.
En respuesta a la Defensoría, el Ministro de Justicia y Paz, solicitó al Oficial Mayor, Director Ejecutivo y Director General de Adaptación Social, un levantamiento de la información de plazas técnicas, profesionales y de policía que sean necesarias para atender el grave incremento de la población privada de libertad, “ejecutándose de esta manera la recomendación de la señora Defensora de los Habitantes”.
Condiciones laborales
En las visitas periódicas que la Defensoría de los Habitantes ha realizado a los centros institucionales, se ha observado que las y los funcionarios técnicos y administrativos no cuentan en algunos casos con las condiciones laborales mínimas para cumplir con las exigencias que demanda el trabajo en dichos centros. Esta situación laboral en el sistema penitenciario se arrastra desde hace muchos años, sin que haya existido interés en buscarle una solución definitiva. Esta situación ha motivado que el personal de los centros institucionales haya tenido que laborar con equipo de trabajo personal y se ha observado casos en que el funcionario ha tenido que llevar sus propios escritorios o sillas al lugar de trabajo.
El faltante de recurso humano técnico ha sido una constante y junto al crecimiento de la población privada de libertad y las obras de construcción que se encuentran en proceso, se visualiza un agravamiento de la situación, ya que no ha existido un equilibrio entre el crecimiento de la población privada de libertad y el recurso humano en los centros penitenciarios.
Sin embargo, para la Defensoría de los Habitantes es importante destacar los esfuerzos recientes que ha realizado el Ministerio de Justicia y Paz para dotar al personal de los centros penitenciarios de equipos de computadoras y otros, para facilitar mejores condiciones laborales. Estos recursos son fundamentales para los procesos técnicos que desarrollan los centros penales, ya que permite dar agilidad al trabajo que realiza el personal y ayuda a mejorar los tiempos de respuesta a las autoridades judiciales y administrativas, entre otras ventajas.
Ausencia de regionalización para mujeres
La Defensoría de los Habitantes ha dado seguimiento a las condiciones en la atención de personas privadas de libertad, distinguiendo el impacto diferenciado que sobre las mujeres tiene la reclusión, no sólo en relación con el tipo de delitos que las hacen llegar al sistema de justicia sino la desarticulación familiar que se provoca con su internamiento en un centro cerrado. Uno de los ejes de discriminación que sufren las mujeres en el sistema penitenciario es la ausencia de una regionalización de los centros de atención institucional para mujeres, donde las mujeres han contado –de forma exclusiva- durante muchos años con un único centro de reclusión ubicado en San José. La Defensoría ha continuado sistemáticamente reiterando al Ministerio de Justicia la necesidad de planificar proyectos regionales que les permitan a las mujeres estar recluidas sin desvincularse radicalmente de su lugar de origen, así como sostener visitas con sus hijos e hijas, madres y compañeros. El Ministerio de Justicia ha divagado en los últimos años entre planes y proyectos, que algunas veces parecían avanzar en ese tema, pero al final no se han manifestado en ningún avance para los derechos de las mujeres privadas de libertad.
Programa Penal Juvenil
En atención al Centro de Formación Juvenil Zurquí, es urgente que las autoridades diseñen una estrategia para que dicho centro se concentre en la atención de las personas menores de edad. Actualmente se ha ubicado en ese sector población privada de libertad adulta joven, lo que ha traído como consecuencia la generación de disturbios a nivel intracarcelario. En ese sentido, es necesario, que las autoridades de Adaptación Social implementen una remodelación y ampliación del Centro Institucional Adulto Joven, con la finalidad de ubicar ahí a la totalidad de esa población.
Servicios Médicos
Los servicios de salud que se brindan en los centros del programa institucional han estado marcados de una serie de problemas que se arrastran desde hace muchos años y que afectan en forma directa a la población privada de libertad y a los y las funcionarias. El sistema actual de atención médica le genera al personal y a la población privada de libertad una serie de inconvenientes debido a que no siempre se cuenta con vehículos y agentes de seguridad disponibles para realizar los traslados a los hospitales y clínicas de referencia; además, las citas son establecidas por parte de los funcionarios de la Caja sin contemplar la dinámica de los centros penitenciarios, lo que tiene como efecto las pérdidas de citas médicas.
Cabe resaltar que con este modelo de servicio médico, la población penitenciaria no cuenta con el servicio las veinticuatro horas, lo cual genera preocupación a lo interno de los centros, ya sea porque se le irrespeta el derecho a la salud a una persona, o bien porque se pone en riesgo la seguridad del centro o de los custodios cuando se tiene que realizar una salida médica en altas horas de la noche; amén, de que la decisión para efectuar un traslado a un centro médico después del horario de oficina, la realizan los agentes de seguridad penitenciaria. Por otra parte, la Defensoría de los Habitantes ha recibido la disconformidad del personal de hospitales y clínicas por tener que atender a esta población, la mayoría de las veces fundamentan su alegato en situaciones de seguridad.
Adicionalmente el sistema penitenciario viene arrastrando un problema que en los últimos dos años se ha incrementado, constituido por las constantes incapacidades de los médicos del sistema penitenciario, con el agravante de que el Ministerio de Justicia y Paz no cuenta con el presupuesto para poder sustituir a estos profesionales.
A inicios del año 2010 las autoridades de la Dirección General de Adaptación Social tomaron medidas administrativas con la finalidad de fortalecer y lograr una mayor eficiencia en la prestación del servicio de salud penitenciaria, dentro de las cuales se reorganizó el servicio reubicando a algunos médicos, procurando la disminución de incapacidades; no obstante, estas medidas no lograron contrarrestar dicha problemática, por lo que el problema subsiste aún. Es importante que las autoridades del Ministerio de Justicia y Paz y la CCSS, analicen en forma urgente el funcionamiento de la Clínica de La Reforma y el sistema de atención médica que se implementa en los centros institucionales. Igualmente se les recomienda a ambas instituciones que en un plazo de dos meses, definan las responsabilidades relativa a cada institución acerca de la atención en salud de la población privada de libertad y en la que se exhorta a la Ministra de Salud en su condición de entidad rectora del sector salud, a mediar en esa definición de competencias entre el Ministerio de Justicia y la CCSS. Es importante aclarar que el Estado aporta un monto un poco mayor a los ¢2 mil millones a la CCSS por la atención de esta población. La señora Ministra remite respuesta a la Defensoría, al informar sobre una gestión que elevó ante el Director del departamento garantía de acceso a los servicios de salud del Ministerio, donde le pide estudiar este informe para que se atienda la instrucción girada por la Defensoría a ese ministerio como ente rector.
De igual manera, la Presidenta Ejecutiva de la CCSS, remite el informe a la Gerencia Médica de la CCSS para que analice a profundidad el estudio de la Defensoría y tomar en cuenta las recomendaciones de mejora, solicitando que se realicen las valoraciones y coordinaciones que se estimen pertinentes.
El Ministro de Justicia y Paz también respondió a la Defensoría con una gestión elevada ante el Viceministro de esa cartera para que atienda la recomendación de esta institución en lo que se refiere a la salud de la población privada de libertad.
En el centro Buen Pastor las debilidades del sistema de salud se exacerban por la excesiva rotación del personal médico que permanece en cortos períodos, y que hacen que desde hace varios meses no se cuente con una jefatura en el área médica, así como no contar con el personal suficiente que cubra en casos de incapacidades. Asimismo se destaca la ausencia de un médico especialista en ginecología, servicio que actualmente se ofrece por referencia a la Clínica Marcial Fallas, y cuyo traslado se enfrenta a problemas de transporte y vigilancia.
En general, el sistema penitenciario costarricense se encuentra en una aguda crisis a causa entre otros factores al vertiginoso aumento de la población penitenciaria en los últimos dos años, lo cual es visible en la existencia de sobrepoblación crítica y sus consecuencias en las personas privadas de libertad, a la falta de personal técnico, administrativo y de seguridad de los centros penitenciarios, y en el mismo aparato institucional. Pero además, por la incapacidad de gestión administrativa que generó, por varios años, una sub ejecución presupuestaria.
Para la Defensoría el país no debe incurrir en la deshumanización de los centros penitenciarios, ya que las personas privadas de libertad se encuentran bajo el principio de sujeción por parte del Estado, siendo que los centros institucionales son parte de nuestra sociedad. La Defensoría ha insistido en la necesidad por parte del Estado costarricense de una política criminológica integral, para evitar situaciones como las que se encuentra actualmente el sistema penitenciario.
