Las autorizadas encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC); el reporte del 2010 emitido por la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL), de las Naciones Unidas (ONU); el más reciente informe del Estado de la Nación; y para que no nos falte, el informe último del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), no dejan lugar a dudas al respecto: Costa Rica no solamente no reduce la pobreza, sino que ésta crece; aumenta el número de familias en situación de vulnerabilidad de pobreza; y, crece, sin freno, la desigualdad. Estamos involucionando en materia de integración e inclusión social.
Si consideramos que casi la mitad de la población económicamente activa del país en estos momentos, genera sus ingresos producto de su trabajo en el mercado informal y el cuentapropismo; si consideramos que una de cada tres personas trabajadoras asalariadas en empleo formal en el sector Privado, gana por debajo del mínimo de ley o en la línea de éste; si consideramos que el actual nivel de esos salarios mínimos es insuficiente y empobrecedor; si consideramos, también, que la gran mayoría del personal al servicio del sector Público ha vivido una política salarial restrictiva durante los últimos gobiernos; y si consideramos que la política pública ha dejado a su suerte, estratégicamente hablando, a las micro, pequeñas y medianas empresas, siendo que éstas constituyen casi el 90 % del parque productivo nacional; entonces aquí hay que ser contundentes e indicar que la pretensión de subir el impuesto de ventas, del 13 al 15 %, representa una agresión económica descomunal, aceleradora de ese pernicioso proceso de crecimiento de la desigualdad y, por tanto, de obligado rechazo ad portas ante las necesidades y realidades económicas actuales de la familias de la clase trabajadora. La “gente de abajo” ya ha sido suficientemente castigada con el profundamente regresivo sistema tributario costarricense.
Es por el lado de la acumulación de riqueza que deberían considerarse ciertos cambios tributarios, como por ejemplo, sobre las ganancias de capital, sobre generación de intereses a partir de montos relevantes, sobre los ingresos de costarricenses en el extranjero. Nosotros somos del criterio de que el país ocupa una profunda transformación tributaria estructural y ésta debe ser la orientación principal de cualquier reforma tributaria: hacia la progresividad en los impuestos, únicamente.
Es más que urgente una especie de declaratoria de emergencia nacional en este asunto de la recaudación tributaria. La Contraloría General de la República ha formulado, de manera reiterada, señalamientos estratégicos para el fortalecimiento de la gestión de cobro de impuestos y para atenuar la escandalosa evasión en todas sus formas, tanto la tolerada y admitida por razones de corrupción; como aquella que se da por las debilidades de gestión. Por ejemplo, se ha llegado a niveles de tanta irresponsabilidad en esta materia, que la Policía Fiscal del país, ni siquiera llega a las ochenta personas.
Importantísimo es que se genere un proceso de consulta con el especializado personal tributario y aduanero, abrumadoramente honesto, el cual tiene extraordinaria experiencia acumulada como para generar propuestas correctivas, de fondo, en el combate a todas las formas de evasión, teniendo claro cómo idear el desenmascaramiento de la amplia gama de triquiñuelas que se implementan para eludir la responsabilidad tributaria que obliga la convivencia democrática en paz social. En el Ministerio de Hacienda existe una dirigencia sindical de alto profesionalismo, aquilatada honradez y alta conciencia social, deseosa de dar su aporte en tal sentido.
Rechazamos caer en el histerismo neoliberal sobre la reducción fundamentalista del déficit fiscal. Una sociedad puede manejar ciertos niveles de déficit combinando una serie de variables de política fiscal y económica con sesgo redistributivo y con real justicia tributaria. Igualmente, hay que empezar a denunciar los chantajes a que países como los nuestros son sometidos por las calificadoras de riesgo-país convencionales, las cuales quedaron muy desacreditadas ante las realidades dejadas por la crisis financiera e inmobiliaria internacional de 2008 y 2009. Debemos empezar a considerar las posibilidades que nos ofrece el IRPA: Índice de Riesgo País Alternativo, dado a conocer este año, con el que nos iría mejor ante los desafíos de la inversión extranjera.
Queremos alertar contra los falsos defensores del pueblo trabajador que en el parlamento y fuera de él, trabajan a favor del gran capital y que en el caso de transformaciones impositivas por el lado de las grandes rentas, asumirán falsas posiciones a favor de “los y las de abajo”. Ya los hemos de ver pegando el grito al cielo, manipulando ante la opinión pública las necesidades y congojas económicas de las clases populares, para de tal forma encubrir su real defensa de los intereses de los grandes grupos económicos que, de una manera u otra, están representando en el parlamento. Estas personas fariseas deben ser denunciadas fuertemente a la hora en que salgan contra la necesidad de justicia tributaria por el lado del gran capital y de las grandes rentas. Es_ “la gente de arriba”_ la que ahora debe asumir responsabilidades tributarias plenas.
