En nuestra visión de la Costa Rica actual, detectamos la persistencia de tres grandes problemas que están repercutiendo, desde hace bastante tiempo ya, en nuestra calidad de vida e, incluso, en la misma institucionalidad democrática del país:
1) La violencia en todas sus manifestaciones (intrafamiliar, doméstica delincuencial, económica, física, etc.); 2) la corrupción en sus diversas manifestaciones y modalidades, pública y privada, con ropaje legal o sin él; y 3) la penetración del narcotráfico y del crimen organizado en el tejido social, tanto por la parte de arriba como la de abajo de la estructura social. El orden anterior es arbitrario pues la importancia es la misma en los tres casos.
A pesar de la gravedad de estos problemas que, dolorosamente, nos están venciendo, creemos que hay uno todavía más rudo y que, de un modo u otro, alimenta y nutre para su reproducción cotidiana a los tres ya mencionados: es el crecimiento de la desigualdad en nuestra sociedad.
Nuevamente, se nos señala con el dedo por parte de entidades internacionales que hacen notar que Costa Rica es, en estos momentos, la sociedad latinoamericana en la cual crece más la desigualdad, especialmente la referida a la brecha entre el ingreso que reciben los hogares más ricos con relación al ingreso que reciben los hogares más pobres.
Evidentemente, este es una de las dos caras fundamentales de la “moneda de la desigualdad”. La otra, es la concentración de la riqueza que, con más fuerza señala, la perversidad de un sistema económico todavía hegemónico que propicia la exclusión, no la inclusión social. Pero este es otro tema.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), llama la atención sobre el crecimiento de la desigualdad de ingreso en los hogares ticos entre los años 2002 y 2014. Igualmente, lo hace la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su informe “Panorama Social de América latina”, del 2015.
Según el informe de febrero de 2016 de la OCDE sobre el caso costarricense, el país ajusta casi 20 años de crecimiento sostenido de la desigualdad, mientras que otras naciones latinoamericanas han logrado reducciones significativas de la desigualdad y de la pobreza.
A juicio de la CEPAL, esos países hermanos latinoamericanos que han reducido en niveles importantes tanto la desigualdad como la pobreza, es porque han adoptado decisiones fuertes y eficaces de política pública en materia de mejora sustancial en los niveles de salarios mínimos, en la reducción fuerte de la informalidad al crearse más empleos estables y ampliación de la cobertura contributiva de la seguridad social.
Así lo explica el Programa Estado de la Nación (PEN) que lanza, año con año, un informe diagnóstico de cómo estamos como país en diversos órdenes.
En tal sentido conviene detenerse un poco en el papel de la política salarial como factor que puede potenciar un ataque sostenido al crecimiento de la desigualdad.
Por un lado, debe procederse a una revisión estratégica del actual nivel de los salarios mínimos en nuestro país, al relacionarlo con el altísimo costo de la vida. Efectivamente, ya no solamente somos el país latinoamericano donde crece más la desigualdad, sino uno de los más caros (sino el más) para vivir. En este sentido, el de la revisión estratégica del real poder de compra del salario mínimo en un país tan caro como el nuestro es un tema pendiente pero ya hay propuesta para abrir la discusión.
Por el otro lado, el del sector público, la desigualdad de ingresos entre los hogares de las familias asalariadas, nos muestra dos ámbitos. Por un lado, grandes zonas laborales del Gobierno Central con precariedad salarial crónica y en proceso de empobrecimiento; al contrario de lo que pasa en los estamentos de la alta cúpula político-tecnocrática gerencial del Estado en ciertas instituciones públicas fuera del Gobierno Central.
¡Qué interesante pudiera ser contrastar, por un lado, los contenidos del proyecto de ley tendiente a elevar, paulatinamente, el salario mínimo en el sector privado, propuesta del Partido Frente Amplio); y, por otro, los contenidos de una reciente iniciativa de ley para regular los abusivos salarios en la alta cúpula político-tecnocrática y gerencial del Estado! En este caso, el proyecto del actual diputado del partido Unidad, don Gerardo Vargas Rojas.
Lamentablemente, la campaña electoral nacional ya en desarrollo, tanto la presidencial como la diputadil, no incluirá el tema del crecimiento de la desigualdad en nuestro país con la contundencia que requiere atajarlo. Las honrosas excepciones que podrían plantearlo tendrán enormes dificultades de acceso a los más amplios conglomerados ciudadanos.
Es real que la contención en el crecimiento de la desigualdad y la reversión estratégica de la misma pasa, necesariamente, por cuestionamientos severos al modelo actual imperante en el país en lo que atañe a la distribución de los beneficios del crecimiento económico.
Las buenas intenciones de política pública en materia de atacar la desigualdad en los sectores más vulnerables, iniciativas que las ha habido en el paso y que están impulsándose en la actual administración, son ocasionales, son de corto plazo, cambian de una administración a otra y, ahora, están en riesgo por el problema fiscal y su corolario de liquidez en las arcas centrales del Estado.
