Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.
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También hay certeza de que en este problema, se están cometiendo cualquier cantidad de abusos por parte de las gigantescas corporaciones que controlan el mercado mundial del petróleo, al punto de justificar las protestas que se están llevando a cabo a varios países desarrollados, principalmente de la Unión Europea (UE). Adicionalmente, la criminal invasión a Irak, ordenada y ejecutada por el genocida y ya casi expresidente estadounidense Bush, tiene mucho que ver con lo que está pasando con los altos precios del petróleo en el mercado mundial.
Pese a todos estos factores, en nuestro país serían de menor impacto esas alzas descomunales del precio internacional del petróleo, si los combustibles no tuvieran la altísima carga tributaria que pesa sobre ellos.
Los impuestos a los combustibles, los de más fácil recaudación por parte de los gobiernos, inflan considerablemente el precio final que el consumidor debe pagar en la bomba todos los días. Ha llegado la hora de abrir una profunda discusión nacional sobre el tema; y, paralelamente, poner en mesa una serie de alternativas para aminorar esa carga tributaria sobre los combustibles; de tal suerte que las paulatinas reducciones que se dieran, sean sustituidas por otros impuestos pero de carácter directo, es decir, para que paguen los que más tienen y que más acumulan por estos días.
Además, es imprescindible generar un sistema por medio del cual se empiece a relacionar las posibilidades de ingreso de las personas a la hora de hacer las compras de combustibles. No es la misma situación para el pequeño propietario de un camioncito de carga que lo ocupa para ganarse la vida, que un prominente empresario de altos quilates quien anda en lujosos vehículos de 20, 30 y hasta más millones de colones.
En el mismo sentido, los carritos de la clase media y baja, por lo general vehículos usados, indican que sus propietarios son personas asalariadas, trabajadores por cuenta propia, micro y pequeños empresarios que dinamizan fuertemente la economía; razón por la cual el castigo tributario por consumir combustibles debería considerarles su situación de ingreso.
Está más que demostrado que, contrariamente a lo que ciertos medios de prensa quieren meternos en la cabeza, el principal problema nacional no es el de la seguridad ciudadana (ya de por sí grave y cuyo impacto en la sociedad es imposible de negar). La principal dificultad que está pervirtiendo nuestra convivencia civilizada es la acelerada carrera que lleva el proceso de concentración de la riqueza, el crecimiento de la desigualdad y el cierre de oportunidades para una inmensa cantidad de compatriotas.
Es necesario, en consecuencia, modificaciones profundas en la estructura tributaria para llevar un poco de alivio a la mayoría de la población que se asfixia por el altísimo costo de la vida; costo de la vida que tiene en las alzas de los precios de los combustibles un disparador que, desgraciadamente, deteriora la calidad de vida de las familias de menores ingresos, consumidos la mayor cantidad de éstos en comprar alimentos.
Se ocupa, insistimos, una revisión estructural de los diversos impuestos que pesan sobre el precio de los combustibles, que son impuestos indirectos (pagados por todos sin excepción y sin discriminar capacidad de ingreso); a fin de reducir esa carga y sustituirla por impuestos directos que perfectamente pueden pagar los sectores económicos y financieros que atesoran gigantescas riquezas, prácticamente exentas de impuestos, según esa capacidad tan grande de acumulación de capital tan demostrada en estos días.
Proponemos la conformación de una mesa nacional para abordar este tema, constituida por representaciones de los sectores productivos, laborales, sociales, así como de las autoridades gubernamentales, para diseñar una estrategia nacional frente al alto precio internacional del petróleo y para la reducción sustancial de la alta carga tributaria sobre los combustibles en suelo nacional; diseñando y proponiendo, a la vez, las alternativas de sustitución de los ingresos fiscales vía combustibles.
