ANEP llama a todo el personal de la Policía Penitenciaria y, en general, del Sistema Penitenciario Nacional, a solidarizarse con los compañeros agentes de seguridad “ejecutados” civil y laboralmente
Manifiesto de la ANEP para todo el personal de la Dirección General de Adaptación Social y del Ministerio de Justicia y Gracia
1- Tenemos un profundo respeto por la memoria del compañero policía penitenciario Marco Tulio Prado León, fallecido como consecuencia de la fuga de La Reforma, ocurrida el 9 de octubre de 2006. La solidaridad de la ANEP fue evidente para todos, tomando una iniciativa que buscó honrar para siempre su memoria, lo que ni siquiera se le ocurrió a los altos jerarcas de la institución. La familia del citado compañero tiene derecho a demandar justicia por su vil asesinato y nosotros, como ANEP, también la demandamos. El o los culpables intelectuales y materiales de este crimen deben recibir todo el peso de la ley.
2- La presunción de inocencia y el debido proceso son derechos constitucionales que cubren a todas las personas trabajadoras del Sector Público. Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Los compañeros policías penitenciarios de La Reforma, involucrados en esa fuga, también tienen derecho a dichos derechos constitucionales. En función de ello, es que la ANEP, asumió la defensa de la mayoría de ellos, por su expresa voluntad y dado que forman parte de la familia anepista de Adaptación Social. Sin embargo, aquí empezaron los problemas. La Licda. Laura Chinchilla Miranda, Ministra de Justicia y Gracia adelantó criterio y dictó sentencia muy anticipadamente.
3- Los compañeros representados por ANEP contaron con una defensa jurídica profesional de alta calidad y a tiempo completo. La estrategia de la Unidad de Asesoría Jurídica tendiente a demostrar que la esencia del problema de la fuga es producto de un deterioro sistemático de las condiciones de la seguridad penitenciaria, llevó a un callejón sin salida a la parte patronal. Prácticamente iba a ser imposible para ésta determinar responsables directos, con conductas dolosas, como para sancionar con despidos. La representación patronal suspendió el proceso cuando éste ya estaba transcurriendo, alegando que por órdenes de la Ministra Chinchilla, debían “replantearlo”. Por varias semanas el proceso se detuvo. A su reinicio era obvio que las instrucciones políticas estaban más que claras: debe haber culpables a como haya lugar.
4- La sorpresiva aparición de la Ministra Chinchilla, en magna conferencia de prensa, anunciando los despidos, las suspensiones y las “absoluciones”, tuvo todas las características de una operación política de relaciones públicas para “limpiar” su imagen, ante la gravedad de los acontecimientos de la citada fuga. Lanzó cargos muy graves, afirmaciones temerarias y sin sustento alguno. Veamos algunas:
“El ingreso de las armas no está demostrado, son los testimonios los que dejan entrever esa posibilidad. Estamos seguros de que medió un pago, pero no sabemos cuánto, es casi imposible de determinar”. (Diario Extra, 28 de noviembre de 2007).
Aunque el Ministerio de Justicia no pudo reunir pruebas para demostrar ante un tribunal que los presidiarios pagaron dinero a los funcionarios, Chinchilla manifestó creer que “se sospecha de un pago importante”. (La Nación, 28 de noviembre de 2007).
Según la Ministra, ninguno de los despedidos “cuenta ni con la más mínima de las cualidades para cumplir con el cargo que tenían”. (La Nación, 28 de noviembre de 2007).
Amenazas de muerte. La Ministra de Justicia calificó las investigaciones como “difíciles, complejas” y reveló que varios de los funcionarios que realizaron las pesquisas fueron amenazados de muerte. Laura Chinchilla no reveló si los funcionarios que llevaron a cabo las investigaciones reciban actualmente algún tipo de protección (La Nación, 28 de noviembre de 2007).
5- Como vemos, la Ministra Chinchilla se basa en suposiciones, en conclusiones antojadizas, en subjetividades y acusaciones sin fundamento, temerarias, como lo de las “amenazas”. Típica política del miedo entronizada en la presente administración gubernamental, en la cual se busca “satanizar” como “violentos” a sus contrapartes.
6- Con tales declaraciones, se mancharon honras ajenas como la de compañeros policías penitenciarios de 25, 26 y 27 años de servicio y de impecable trayectoria de servicio público. Ahora han quedado ante la opinión pública como “corruptos”, han sido despedidos sin derechos laborales, con su nombre manchado y sin posibilidades de un nuevo empleo porque han quedado como “corruptos” y casi “asesinos”; y porque ya están en esas edades donde el mercado laboral no acepta a las personas mayores de 30-35 años. Las temerarias afirmaciones de la citada jerarca han llevado dolor a las estimables familias de estos compañeros honestos, víctimas de directrices políticas en cuanto a sus sanciones; y, de un proceso que, evidentemente, está manchado en cuanto a su transparencia. Hasta a los políticos corruptos del sistema político bipartidista al que pertenece la Ministra Chinchilla, se les va a hacer un juicio justo. Pero en este caso, ella sentenció y condenó a la muerte civil a compañeros a quienes nunca se les pudo demostrar que introdujeron armas y/o que recibieron dinero por ello.
7- La ANEP logró demostrar, con prueba abundante y contundente, que el día de la fuga se conjugaron una serie de factores que venían creando las condiciones para semejante acontecimiento, pese a que, en las mismas actas del Consejo de Seguridad de La Reforma aparecen advertencias clarísimas del deterioro de las condiciones de seguridad del penal; severas carencias de todo tipo y algunas tan “ridículas” como que había una orden administrativa de no reponer candados porque los anteriores se “habían perdido”.
8- La argumentación de la ANEP permitió dejar al desnudo las graves omisiones y negligencias de autoridades político- administrativas, internas y externas de La Reforma, que pasaron por alto las advertencias previas del deterioro sistemático de esas condiciones de seguridad en un penal tan estratégico. Es más, ya desde el 28 de octubre de 2006, la ANEP había indicado en su pronunciamiento “La verdad sobre la fuga en el Centro Penitenciario La Reforma”, la naturaleza de los problemas acumulados (Usted puede consultarlo si tiene acceso a internet, en nuestro sitio web www.anep.or.cr). “No vamos a permitir que se diga que el culpable es un Estado que no ha invertido en seguridad”, dijo la Ministra Chinchilla a “Al Día” (edición del 28 de noviembre de 2007). Claro que ha habido inversión pero, ¿la suficiente?, ¿la estratégica?, ¿para únicamente encerrar ó para rehabilitar y reinsertar?… ¿Y la logística de la seguridad?; ¿y la Salud Ocupacional?…, etc., etc. Queda claro que lo que la principal preocupación de la citada jerarca es su imagen política pues ella es el “Estado” en el Sistema Penitenciario Nacional en este momento.
9- “Al perro flaco es al que se le pegan las pulgas”, dice el sabio refrán popular. “Los de arriba” se lavaron las manos, se libraron de rendir cuentas, no fueron llamados a dar explicaciones, ni fueron incluidos en el proceso cuando las argumentaciones de ANEP dejaban en evidencia esas negligencias y ese desdén ante los llamados correctivos de las condiciones de seguridad que reflejan las actas del Consejo de Seguridad de La Reforma, en los días previos a esa fuga.
10- La ANEP llevará esta lucha hasta sus últimas consecuencias y en diferentes ámbitos. Para la ANEP es un problema de principios. Llama poderosamente la atención que, por ejemplo, los siete despedidos son afiliados a la ANEP y la mayoría de los sancionados, son afiliados a la ANEP. Esto nos da pie para deducir alguna perversa intencionalidad oculta en alguna mente institucional verticalista y antidemocrática, probablemente recién llegada a las jerarquías, para la cual la presencia de la ANEP en el Sistema Penitenciario Nacional es un “problema”. ¿Se quería demostrar algo con esta “curiosa” coincidencia?… ¿Mandar un mensaje “subliminal?…
11- Finalmente, apelamos a la solidaridad de la familia laboral penitenciaria para con estos injustos despidos de evidente matiz político. Especialmente hacemos un llamado a los compañeros y a las compañeras que integran la Policía Penitenciaria para que, el lunes 17 de diciembre, acudamos a un acto de solidaridad, con la presencia de la prensa nacional, en el cual insistiremos en las arbitrariedades, abusos, intransparencias y falta de sustentación, especialmente en cuanto a los despidos, sobre todo, de compañeros policías penitenciarios con un cuarto de siglo y más al sistema de Adaptación Social.
12- La ANEP, entendiendo la naturaleza neurálgica que tiene para la seguridad del país, la paz y la tranquilidad en el seno del Sistema Penitenciario Nacional, seguirá comprometida con este principio de nuestra acción sindical responsable y seria como le consta a la propia Ministra Chinchilla. Sin embargo, nosotros nos debemos a la familia laboral penitenciaria que es nuestro principal desvelo y así actuaremos en consecuencia, como consta en la ya larga trayectoria de la ANEP en Adaptación Social.
13- Esta es una primera manifestación oficial de la ANEP sobre el caso de los injustificados despidos por la fuga de La Reforma. Habrá otras pues queremos que la familia laboral penitenciaria tenga un amplio panorama de este triste acontecimiento.
San José, 3 de diciembre de 2007.
