Dichas denuncias fueron ampliamente analizadas por tal entidad, la cual ha emitido el Informe No. DAEC-292-2005, sobre el Expediente No. 18250-25-2005, de fecha 9 de setiembre de 2005 indicando, entre otros aspectos no menos importantes, que las tarifas de RITEVE están mal fijadas en perjuicio del usuario. Entre los aspectos que destaca el Informe están:
1. La mencionada empresa, desde el año 2004, está obteniendo una utilidad mayor del 13% que es lo acordado en el contrato.
“…al menos para el 2004 la utilidad percibida por la empresa es muy superior al porcentaje convenido en la metodología de cálculo tarifario o sea que la fijación no se ajustó, por defecto de la metodología, a lo que en principio se pactó y de esa forma el usuario aparentemente podría estar pagando precios excesivos y la empresa estaría por ello ganando más de lo debido.” (Pág.21)
2. Existen diferencias entre lo que la empresa reporta por planillas en sus Estados Financieros y lo que esta reporta a la CCSS y al INS, por lo que no sabemos donde está la verdad.
“Los costos reales aparentemente no han sido debidamente comprobados, esto se evidencia en el anexo 8, página 5 del estudio de consultoría, donde se hallaron serias inconsistencias entre el gasto por planilla reportado por la empresa en sus estados financieros contra lo reportado a la CCSS y lo reportado al INS.”(Pág. 21)
3. El margen de utilidad para el 2005 de la empresa RITEVE es exagerado y esto sin considerar las ganancias por las reinspecciones.
“Con respecto a las proyecciones de utilidades para el año 2005…, con la tarifa sin ajustar la utilidad sobre facturación antes de impuesto sería de 28.853%, porcentaje que-contra lo establecido en la metodología aprobada que estableció un margen del 13%- reporta una utilidad extra o adicional de un 15.53% lo que ya de por sí indica que no era necesario un ajuste tarifario. Esta situación se agrava con la aplicación del ajuste tarifario, ya que la utilidad se eleva a un 36.64% o sea un 23.64% por encima de lo pactado. (Pág. 21).
“Consecuentemente, la tarifa a cobrar por el servicio resulta desproporcionada y onerosa para los usuarios, lo que puede deberse al hecho de haber aceptado como base de cálculo una estructura rígida y no acorde con la realidad de la actividad,…” . (Pág. 22). Todo ello en claro detrimento de los intereses de los usuarios pues se estarían generando rentas extraordinarios no justificadas.”
4. Existen serias deficiencias en la fiscalización del contrato de RITEVE por parte del Consejo de Transporte Público y el MOPT. Ello hace necesario la realización de una Auditoría Técnica Integral ordenada por la Contraloría en todas las estaciones de RITEVE e insiste en la necesidad de que exista representación de los usuarios.
5. De acuerdo con la Defensoría y según investigación que realiza la Contraloría, la empresa RITEVE SYC S.A no está autorizada para operar el Contrato de la Revisión Técnica.
“El único contrato para la revisión técnica vehicular que ha sido refrendado por la Contraloría fue el firmado por la empresa RITEVE SYC y el CTP. Esta es la única empresa autorizada para prestar el servicio.”(Pág. 45)
Aunado a estos hechos, la Defensoría encuentra numerosas deficiencias que pueden llevar a la resolución del Contrato con RITEVE, por lo que urgimos la intervención del Gobierno de la República a favor de los usuarios de RITEVE.
En el plano más inmediato, los integrantes del Consejo de Transporte Público (CTP) deben rendir cuentas de las razones sobre su inoperancia, que podría ser catalogada de sospechosa, en materia de fiscalización de este contrato. Paralelamente, el MOVIMIENTO CÍVICO NACIONAL procederá a estudiar la eventual interposición de demandas penales contra los miembros del CPT porque podría darse la figura jurídica de facilitación de enriquecimiento ilícito con la prestación de un servicio público.
El MOVIMIENTO CÍVICO NACIONAL hace un llamado a la ciudadanía para que nos aprestemos a una nueva jornada de lucha en las semanas por venir para exigir la más drástica intervención oficial, al más alto nivel ejecutivo de la República y del Poder Legislativo, dado que está ocurriendo una desvergonzada agresión económica a miles y miles de ciudadanos, casi todos de los sectores medios y populares, agobiados por una carrera inflacionaria sin control.
Prácticamente están dadas las condiciones jurídicas, éticas y morales, para proceder a la anulación del contrato de RITEVE. La ciudadanía afectada y engañada tiene la palabra y es nuestra opinión que, en lo inmediato, debemos proceder a organizar una gran acción social de desobediencia cívica, consistente en dejar de llevar los vehículos a RITEVE, no solamente por la ilegalidad en que está, sino por la abusiva tarifa que le ha impuesto a los usuarios.
Movimiento Cívico Nacional
San José, 14 de setiembre de 2005.
