Muchas personas y entidades, así como ciudadanía responsable de diverso signo político-ideológico coinciden en que, en términos generales, en el período constitucional que viene 2018-2022, Costa Rica podría llegar a niveles intolerables, peligrosísimos y hasta catastróficos si no resuelve la crisis fiscal y el déficit que tienen las finanzas públicas que hoy ya presentan números muy alarmantes.
Es más, algunos estiman que la persona que llegue a la silla presidencial a partir del 8 de mayo de 2018 podría enfrentar el escenario más tormentoso jamás pensado desde la fundación de la denominada Segunda República, derivada ésta de la guerra civil entre costarricenses que se dio en el año 1948 del pasado siglo XX.
Desde una perspectiva sociopolítica de Sindicalismo Ciudadano que es la que motiva todo nuestro accionar de lucha social en estos días, este tema fiscal-tributario ha sido prioritario en la agenda de trabajo que hemos estado abordando en los últimos años.
Hemos transitado un largo caminar, con responsabilidad y seriedad, al respecto; inaugurándolo con el gran trabajo propositivo y de carácter intersindical denominado “Hacia una reforma fiscal para el desarrollo y la reactivación del empleo”, dado a conocer a finales del año 2012 y cuya concreción fue posible con el auspicio de la Fundación Friedrich Ebert (FES), de la República Federal de Alemania; con la valiosa orientación del entonces académico-economista, especialista en el tema y ahora diputado de la República, don Henry Mora Jiménez.
Posteriormente nos abocamos a combatir la perversa tesis oligárquico-neoliberal de que el déficit fiscal es culpa de los salarios que devengan las personas trabajadoras al servicio del Estado; faena ésta que está próxima a cumplir treinta meses continuos, en medio de la campaña más infame de agresión psicológica y de terrorismo ideológico contra el empleo público de los últimos tiempos.
La aviesa intención de esta campaña, a la luz de los conceptos político-ideológicos, sociológicos y psicosociales del terrorismo mediático, no deja lugar a dudas del interés de clase que la misma ha tenido.
Esta tesis de que el déficit fiscal no es por culpa de los salarios que se devengan en el Estado, ahora triunfante y ampliamente reconocida por tirios y troyanos, la hemos planteado muchas veces y por distintas vías.
Ahora bien, en el marco de la campaña electoral para los comicios generales del 2018, la cual ya está en pleno desarrollo; y, con base en los datos duros del tema tributario fiscal, presentamos seguidamente diez planteamientos-criterios que podrían valorar las personas competidoras presidenciales y diputadiles, en este ámbito sensible del tema fiscal-tributario.
Especialmente, podrían tener algún grado de relevancia según la visión de la hegemonía económico-financiero dominante, para la cual el “apocalipsis” fiscal llegará cuando el déficit supere la barrera de los 6 puntos de Producto Interno Bruto (PIB); cuando el pago de intereses de la deuda pública llega a consumir la mitad (50%) del presupuesto “general” de la República (ahora anda por un tercio); y cuando el monto de esa deuda pública alcance el 60% del PIB para el año 2020 (es decir, a mitad de la gestión del nuevo presidente que se elija en febrero entrante). He aquí esos diez planteamientos-criterios que les compartimos:
UNO: ¿Con cuánto porcentaje de PIB podría vivir nuestra sociedad en materia de déficit fiscal y con cuánto no?
DOS: Una auditoría ciudadana de la deuda pública que nos permita determinar cuánto se debe, a quién se debe; redefinición del pago de intereses, condonaciones y/o restructuraciones de montos y de plazos, etc.
TRES: El sistemático retraso en la ejecución de empréstitos y el gran pago de intereses y de comisiones; formulando una especie de ley de emergencia de plazo límite para la construcción de la infraestructura urgente pendiente en el marco de la generación de empleo, la reactivación económica y la generación de ingresos frescos para el fisco.
CUATRO: La transformación del impuesto sobre las ventas por el lado de la progresividad y de la capacidad de ingreso.
CINCO: La naturaleza de las transformaciones del impuesto sobre la renta, pero para las partes de la gran acumulación y del desenfreno evasor.
SEIS: Nueva metodología de cálculo del déficit considerando el 60% de la estructura financiera del Estado que no controla el parlamento; es decir, considerando la que pasa, únicamente, por la Contraloría General de la República (CGR).
SIETE: Tributo especial y transitorio a las transacciones financiero-bancarias (tasa Tobin); especialmente para gravar la cada vez más creciente cantidad de dinero sucio en la economía cotidiana, lo cual ha llevado a algunos especialistas a afirmar que de cada colón que tenemos en nuestras manos, 25 céntimos provienen del narco, directa o indirectamente.
OCHO: Fortalecimiento estratégico de la gestión tributaria y de la Policía Fiscal para sacar el mejor provecho a las leyes contra el fraude fiscal, el registro de accionistas, el impuesto a las sociedades anónimas.
NUEVE: Las zonas del empleo público que conviene fortalecer hoy muy precarizadas pero que están pensadas para, precisamente, atenuar los impactos multidiversos de la desigualdad.
DIEZ: El tema del empleo público considerado integralmente para la promoción del bien común y de la integración social. La conexión del mismo con los postulados, integralmente asumidos, de Trabajo Decente que promueve la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mismos que para el caso costarricense ya son Política de Estado así adoptada, de manera tripartita, en el seno del Consejo Superior de Trabajo (CST), adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Reiteramos (en adición a lo anterior) que el planteamiento sindical y social “Hacia una reforma fiscal para el desarrollo y la reactivación del empleo”, arriba mencionado, es la piedra fundamental de nuestra lucha por la real justicia tributaria y como propuesta para prevenir una “hecatombe” fiscal; planteamiento que ahora está más vigente que nunca, señores y señoras con aspiraciones presidenciales y diputadiles.
