El pasado viernes 24 de febrero de 2017 quedará escrito en los libros de la historia patria como el día en que un cuerpo policial de carácter civilista dejó de lado los temores, y comprendió que existe una gran contradicción entre ser funcionario policial, que debe llenarse de valentía para enfrentar la criminalidad, pero que de manera sumisa observa y tolera la violación de sus derechos.
Por ello fuimos testigos de la más grande manifestación pacífica de funcionarios de la Fuerza Pública, misma que fue culta, ordenada, disciplinada. Hemos venido caminando y venciendo el temor que infunden algunas jerarquías. En esta manifestación se enarboló la dignidad que se requiere para la defensa de derechos humanos y laborales.
La manifestación es un derecho humano. Lamentablemente nuestros jerarcas adoptaron posiciones intransigentes, lanzaron cortinas de humo, intentaron amedrentar la voluntad de un sector laborar esencial para el país.
Alarmaron, irresponsablemente, a la ciudadanía, con un supuesto “golpe de Estado”, que para nosotros representa un acto impropio e inconcebible de quienes tienen en sus manos la dirección de más de 13.000 policías y, por ende, la seguridad del país.
Intentaron de esa manera descalificar una manifestación pacifica, justa, que se motiva en el desinterés recurrente de la administración, de ellos mismos (los alarmistas), por las necesidades y derechos de las personas que ejecutan la esencial función de seguridad ciudadana.
Si la función policial es esencial, esa misma categoría debe brindarse a las personas que la realizan. No puede ser que se siga dejando de lado el talento humano, que se irrespete a quienes todos los días salen a la calle sabiendo que en cualquier momento podrían enfrentarse con una situación en la que deban defender su vida, o la de terceras personas.
La magna manifestación de policías, que junto a sus familias en algunos casos, marcharon pacíficamente, en orden y con civismo, se fundamenta en la necesidad de que la administración (MSP) entienda que son personas, no máquinas las que trabajan en los cuerpos policiales.
Que aquella historia de “bienvenido a la Fuerza Pública”; “usted sabe a qué hora ingresa, pero no a qué hora sale”, “olvídese de su familia” es parte del siglo pasado, es prueba superada. Nuestra carta magna establece: “La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado”.
Ciertamente, las personas que ingresamos a la Fuerza Pública, o a cualquier otro cuerpo policial, lo hacemos siguiendo una vocación, nos enorgullecemos de servir a la ciudadanía, favorecer la tranquilidad y la seguridad de las personas, aceptamos laborar en jornada de doce (12) horas como jornada ordinaria, aunque nuestro Código de Trabajo dice otra cosa. Aceptamos seguir laborando muchas veces más allá de las doce horas cuando el deber nos convoca en la atención de una incidencia, o situación especial, como quedó demostrado en la emergencia que se presentó en relación con el huracán Otto. Lo que no aceptamos es que se pretenda desconocer que somos seres humanos con derechos como cualquier otro.
Por ello, lejos de lanzar cortinas de humo, insinuar de manera temeraria que nuestra manifestación podría ser motivada y/o utilizada por grupos vinculados con el narcotráfico, deberían revisar lo que vienen haciendo mal. Es necesario equilibrar las cosas porque nosotros entendemos nuestros deberes, los cumplimos a cabalidad, pero ahora comprendemos que también tenemos derechos, y que debemos defenderlos. Nadie que no sea capaz de defender lo suyo, podrá mostrar voluntad para defender lo ajeno.
Los roles de servicio de los cuerpos policiales que integran la Fuerza Pública, históricamente han sido implementados por los jerarcas de la cartera del Ministerio de Seguridad Publica de manera antojadiza, sin tener criterios técnicos que los respalden, sin tener en cuenta la salud física y mental de los oficiales, ni los perjuicios que dichos roles o jornadas causan en las vidas familiares y personales de los funcionarios.
Es momento de que se impregne calidad humana, es preciso humanizar las relaciones entre mandos y el personal de tropa, ese que es quien se relaciona de manera directa con la ciudadanía. Usted, amigo lector, ciudadana lectora, puede que de repente se tope con un oficial cabizbajo, mal humorado, desanimado; pero lo que usted no sabe es que ese ser humano que porta un uniforme de autoridad, está siendo lesionado en su dignidad humana. Por eso nosotros decimos que con nuestras propuestas buscamos favorecer el bien común; que si le damos mejores condiciones y trato digno a nuestros uniformados, ganamos todos.
Cuando miramos que se pretende acallar las voces que claman por justicia, debemos meditar sobre que algo no se viene haciendo bien. La nota que nos dirigiera el señor Director General de la Fuerza Pública, por medio del Oficio Nº 535-2017-DGFP con esta frase: “Me refiero a la manifestación programada y convocada por su persona para el próximo viernes 24 de febrero, anunciada en diferentes redes sociales y medios de comunicación nacional (…) aquellos funcionarios policiales que durante el acto que usted ha programado, se expresen o actúen más allá de los límites establecidos por la Constitución Política y las Leyes de la República, enfrentarán las denuncias que correspondan tanto en sede administrativa como judicial”, es prueba irrefutable.
Costa Rica, a pesar de las cortinas de humo, a pesar de las amenazas, fue testigo de una manifestación pacifica, culta, ordenada, realizada en tiempo libre, una gran “mancha blanca” que no afectó a terceras personas y que se fundamentó en causas justas. Es tiempo de dignificar a las personas trabajadoras de la Fuerza Pública y de otros cuerpos policiales. El 24 de febrero del 2017 se escribió una página en los libros de la historia democrática de nuestro país.
