Asunto:
Posición de la ANEP, ante la propuesta de Reestructuración de la Dirección de Obras del A y A.
Honorables Directivas:
Honorables Directivos:
Reciban, en primera instancia, un cordial saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
Esta respetuosa misiva es con la finalidad de manifestarle a esa honorable Junta Directiva, algunas consideraciones respecto a la propuesta de reestructuración de la Dirección de Obras Rurales, presentada por la Sugerencia General y que, entendemos, ha sido ya del conocimiento de sus distinguidas personas.
Sobre el particular, nuestra organización sindical solicitó ser atendida en audiencia por parte de ese cuerpo colegiado, cuando en su oportunidad dicha propuesta no había sido del conocimiento de las trabajadoras y de los trabajadores de la mencionada dirección; proceso de consulta y discusión sumamente necesario, no sólo para garantizar la legitimidad, sino la identificación del personal para con la interesante propuesta.
A pesar de que no se concedió la audiencia pedida, agradecemos la gentileza de enviarnos el respectivo documento y, especialmente, resaltamos la circunstancia de que el mismo fuera sometido a conocimiento del personal involucrado.
Así las cosas nuestra organización sindical se permite, respetuosamente, exponer las siguientes observaciones de fondo y de forma sobre la propuesta.
Primero: Toda iniciativa de reestructuración institucional busca, en esencia, redefinir acciones y políticas para responder eficaz y eficientemente a actuales y futuros desafíos, lo que se conoce en el argot de los administradores como un remozamiento en el modelo de gestión institucional; aspecto de fondo en el que coincide tanto la administración institucional del A y A, los trabajadores y en particular, las organizaciones sindicales.
Segundo: Toda propuesta en este sentido, sea de reestructuración, regionalización o de desconcentración, deberá de sustentarse en un riguroso diagnóstico; mismo que determinará, en esencia, la propuesta necesaria que responda efectivamente al objetivo. (En nuestro criterio la regionalización y la desconcentración son las líneas de trabajo que debería aplicar la institución, pues ha sido la tendencia en los últimos años); Valga indicar que esta es la fase más importante del proceso, pues si esta es deficiente o inexistente, ningún proceso de regionalización, desconcentración o reestructuración alcanzará los objetivos propuestos.
No obstante, como ANEP, no conocemos si realmente existe el requerido diagnóstico que fundamente la propuesta, ya que de no haberlo, obviamente, haría inviable tanto política como jurídicamente la iniciativa de reestructuración.
Tercero: Hasta donde entendemos, la propuesta de la Subgerencia General se fundamenta en el Informe de Auditoría del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, AUE 038-2000, mismo que hace referencia a la revisión y análisis de la ejecución presupuestaria de 1998; informe que no justifica la iniciativa de la reestructuración, ya que no es un diagnóstico y que, en todo caso, como un simple informe esta desactualizado.
Cuarto: La propuesta de reestructuración presentada a la honorable Junta Directiva no se conceptualiza, según nuestro criterio, en la globalidad de las políticas institucionales como parte del todo. No obstante, sí implica la supresión y/o unificación y creación de nuevas áreas; y obviamente una nuevo reordenamiento en tanto en las finanzas como en el recurso humano.
Quinto: Toda propuesta de reestructuración debe de apegarse, estrictamente, a los lineamientos generales, emitidos por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), mismo que al final del proceso llevado por la institución, deberá avalarlo o rechazarlo.
Sexto: Es importante señalar que desde el punto de vista jurídico la propuesta de reestructuración debe, obligatoriamente, apegarse a la Ley 7668, con lo cual se garantiza la participación de las trabajadoras y de los trabajadores, así como de las organizaciones sindicales. Al respecto es importante señalar que una reestructuración contempla, implícitamente traslado de personal, asignación de nuevas funciones, despidos de mutuo acuerdo y en última instancia despidos forzados; razón por la cual se debe de garantizar la participación de las organizaciones sindicales que, además de representar legítimamente la tutela de los derechos laborales de la población laboral involucrada, nos corresponde con la propuesta y la acción, asegurar el fortalecimiento institucional, mediante la implementación de las políticas, emanadas de las autoridades institucionales.
Sétimo: Es de vital importancia señalar los principios que rigen, en esencia, a la institución. De manera concreta nos referimos a la inversión social que mediante el modelo mixto A y A y Asociaciones de Desarrollo de Acueductos Rurales y Alcantarillado (ASADAS), se viene impulsando; considerando que sus buenas intenciones podrían desnaturalizarse si no hay una claridad estratégica de lo que significa el servicio de acueductos y alcantarillados; pues no debería descartarse que aquí haya un riesgo de privatización promovido por la misma institución.
De tal manera que si bien podríamos afirmar que las onerosas inversiones realizadas por esta estratégica institución a través de la Dirección de Obras Rurales, no son recuperadas en términos económicos, ello no constituye justificación alguna, para la implementación de la reestructuración; ya que las ganancias obtenidas lo son la inversión social.
Octavo: Admitimos que es de suma preocupación las directrices de limitaciones en el orden económico que ha venido experimentando la institución, con lo cual se ha estado afectando el trabajo operativo cotidiano de manera general, pero muy sentido en la Dirección de Obras Rurales, lo que pudiera entenderse como forma de estrangulamiento de dicha dirección para que de forma solapada se implemente la reestructuración.
Finalmente,reiteramos nuestra complacencia por el loable interés de la Subgerencia General en su afán de fortalecer la Dirección de Obras Rurales; no obstante, nuestro cuestionamiento se da en el fondo por la argumentación y la forma en que se viene desarrollando el proceso, mismo que puede generar un riesgo de polarización de las posiciones con consecuencias impredecibles. Como es lógico suponer, la forma en que se ha manejado esta situación hace que el personal de dicha dirección experimente un clima laboral de exaltación, ante la zozobra y la incertidumbre a la que se somete al recurso humano, cuando se está en un proceso de reestructuración seriamente cuestionado.
Así las cosas, es prudente y necesario dar el tiempo requerido que permita consensuar una propuesta, de tal manera que se evite un mandato imperial desde la honorable Junta Directiva, que si bien le corresponde debatir, y aprobar o improbar las iniciativas que sustentan las políticas institucionales, en nuestro caso particular la propuesta no goza de un riguroso diagnóstico que le dé sustento. De igual manera, no se apega a lo que estipula el MIDEPLAN, con lo cual se asumen errores de procedimiento que a nuestro modesto criterio, deben ser subsanados y que incluso podrían terminar siendo debatidos en sede constitucional.
En espera de que nuestras observaciones y aportes contribuyan en este importante proceso, nos despedimos cordialmente.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Gerardo Cascante Amador
Directivo Nacional
Responsable ANEP-A y A
Joaquín Rojas Chacón
Delegado ANEP-ICAA
—-
c.: Lic. Carlos Manuel Rodríguez Echandi, Ministro, Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE).
c.: Ing. Everardo Rodríguez Bastos, Presidente Ejecutivo, A y A.
c.: MBA. Heibel Rodríguez Araya, Gerente General, A y A.
c.: Junta Directiva ANEP.
c.: Trabajadoras y Trabajadores A y A.
