El combo fiscal-paquetazo de impuestos, expediente legislativo 20.580, pretende que se apruebe este texto: “Artículo 39.- Auxilio de cesantía. La indemnización por concepto de auxilio de cesantía de todos los funcionarios de las instituciones contempladas en el artículo 26 de la presente ley se regulará según lo establecido en el Código de Trabajo, y no podrá superar los 8 años”.
Y, precisamente, el indicado artículo 26 del combo fiscal establece: “Las disposiciones del presente capítulo y de los siguientes se aplicarán a: 1. La Administración Central, entendida como el Poder Ejecutivo y sus dependencias, así como todos los órganos de desconcentración adscritos a los distintos ministerios, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, así como las dependencias y los órganos auxiliares de estos. 2. La Administración Descentralizada: Autónomas y Semiautónomas, empresas públicas del Estado y Municipalidades”.
Aparte de atropellar y violentar históricos procesos de diálogo y de negociación, incluso protegidos estos constitucionalmente, con los cuales en varios ámbitos de la Administración Pública hay reconocimientos de cesantía de más de 8 años; el ataque del capital neoliberal, vía este proyecto-combo fiscal, a las cesantías mayores a 8 años en el caso del empleo público, tiene consecuencias sociales y políticas aún mayores. ¿Por qué? Porque se atacarán otros sistemas de cesantía superiores a 8 años que no surgieron a partir de procesos de negociación con sindicatos y que, por tal razón, han sido los preferidos del corporativismo político-empresarial antiobrero y antisindical.
Efectivamente, analizando palabra por palabra y frase por frase del pretendido artículo 39 que citamos arriba, se colige que la cesantía superior a 8 años según el sistema solidarista, aplicado al sector público, tendría sus días contados si el combo fiscal-paquetazo de impuestos se descarga sobre las espaldas del pueblo trabajador.
Veamos: Si para el funcionamiento de dicho sistema solidarista a nivel del sector público, se requiere un aporte patronal (con fondos públicos), de un 5.33%, la limitación indicada en ese artículo 30 de que la cesantía “se regulará según lo establecido en el Código de Trabajo, y no podrá superar los 8 años”, nos indica que ya no habría más cesantía sin tope de 8 años en el sistema solidarista aplicado para el caso del empleo público, dado que a los presupuestos institucionales les queda prohibido dar aportes para cesantía que superen los 8 años.
Lo impresionante de todo esto es que, según tenemos entendido, dentro del conjunto de las asociaciones solidaristas, las más representativas y sólidas son aquellas que se anidan en el sector estatal, el del empleo público; por lo cual, el indicado combo fiscal las estaría dejando en severo riesgo de estabilidad financiera pues ya no podrían continuar con el sistema sin tope de cesantía que hasta ahora les ha dado un gran éxito.
Es tal el odio de clase contra el empleo público que anida en ese proyecto de combo fiscal impulsado por el gobierno Piza-Alvarado con el abierto apoyo del Partido Liberación Nacional, que en su cruzada de antisindicalismo enfermizo están socavando las bases solidaristas (al menos, las del sector público), pues tanto las cesantías de más de 8 años estipuladas en convenciones colectivas y otros procesos de negociación bilateral-sindical, así como las que se fundan en el sistema solidarista, quedarían derogadas por el combo fiscal.
La antisindical y, como vemos, ahora también antisolidarista agresión del gobierno Piza-Alvarado, junto con el PLN, contra las cesantías superiores a 8 años y para el caso del empleo público, expresa un profundo sesgo antiobrero de empobrecimiento de las familias trabajadoras asalariadas que laboran para el Estado; sesgo que está en todo el contenido del expediente 20.580-combo fiscal.
Este tema del virulento ataque antisindical y antisolidarista en este caso de las cesantías superiores a 8 años, para el caso del empleo público como ya vimos; es parte de la guerra psicológica y del terrorismo ideológico que en los últimos tiempos se ha desatado contra quienes laboran para el empleo público, por parte de esas matrices mediáticas que difunden odio de clase en sus “informaciones” subjetivizadas.
Llamar “cesantías de lujo” a aquellas que en el empleo público superan los 8 años, solamente porque estas fueron establecidas mediante convenciones colectivas o negociación bilateral directa; y no llamar “cesantías de lujo” a aquellas que también superan los 8 años pero se obtienen según el sistema solidarista, no es más que la violencia verbal y el odio de clase de esos sectores hegemónica y económicamente dominantes que se expresan, todos los días, por la prensa difusora de odio en la sociedad.
Pero el tema no termina aquí. Otro sistema de cesantía superior a 8 años que también está en peligro por el combo fiscal es de la Ley de Protección al Trabajador. De ello hablaremos en próxima entrega.
