En primer lugar recordemos que la “crisis internacional” nace de la empresa privada en los Estados Unidos. Empresas inmobiliarias, bancos privados, empresas automotrices, transnacionales de bienes y servicios, son los responsables de la crisis internacional que nos hereda los Estados Unidos de América, y a la cual debemos hacerle frente como país.
Los cambios de los últimos 25 años en las estructuras económicas, “caracterizados por la autonomización del sector financiero, la mayor especulación en las bolsas y la globalización, le confieren a la actual recesión particularidades que la diferencian de otras anteriores.”, nos dice Juan Manuel Villasuso en uno de sus artículos, y agrega que para enfrentar “la crisis”, “la reacción del Gobierno ha sido tardía e insuficiente. El Plan Escudo no constituye una respuesta adecuada a la gravedad del problema: objetivos poco claros, ausencia de un cronograma de ejecución, cuantificación poco precisa de recursos y reducida importancia a la generación de empleo.”
Ante la crisis, “herencia” de los Estados Unidos de América, y la ineficiente, tardía e inoperante acción del gobierno de los Arias, entra en acción la propuesta del sindicato de los empresarios, la UCCAEP, con el proyecto de Ley que pretende hacer realidad un deseo interno y oscuro de tirar a la basura los derechos laborales de los y de las trabajadoras costarricenses. Este nuevo proyecto es la continuación del proyecto de Ley 15161 que pretendía reformar el Código de Trabajo para des-regular y flexibilizar la ley laboral en función de la productividad empresarial. Ese “proyecto” no les funcionó, entonces ahora pretenden “aprovecharse” de la “crisis internacional” para hacer realidad su “deseo interno”.
¿Por qué afecta los derechos laborales?
La jornada laboral de 8 horas establecida en el Código de Trabajo no es un obsequio de ningún gobierno y, mucho menos del sector empresarial costarricense. La jornada de 8 horas obedece a una lucha de la clase trabajadora mundial que les costó la vida a muchos trabajadores.
La jornada de 8 horas de trabajo está íntimamente ligada a otros derechos adquiridos por la clase trabajadora costarricense. Modificar la jornada laboral como lo pretende el sindicato empresarial, la UCCAEP, significa afectar directamente no solo el tiempo destinado a la relación familiar, la atención de hijos e hijas, el estudio y el esparcimiento, sino que atenta directamente sobre el pago de horas extra, aguinaldo, vacaciones, seguridad social como la pensión entre otros.
Si una persona trabaja 8 diarias o 6 horas nocturnas, según la jornada laboral que se tenga, tiene derecho a reclamar el pago de horas extra si labora después de esas horas establecidas en el Código de Trabajo. Con la flexibilización de la jornada de trabajo, como lo pretende la UCCAEP, esa persona trabaja pierde las horas extra, y por tanto le afecta el aguinaldo, la cotización del seguro social y la pensión.
Recordemos lo que se estipula en nuestra Constitución Política, en su artículo 58, nos dice que “La jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho a la semana. La jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana. El trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un cincuenta por ciento más de los sueldos o salarios estipulados.”
Lo que ahora pretende el proyecto de la UCCAEP es establecer, mediante un nuevo proyecto, las llamadas jornada anualizadas y acumuladas. La jornada acumulada concentra las horas de trabajo en cuatro días y las horas de descanso en tres días, por eso se le llaman “Jornada 4 × 3”. Por su parte la jornada anualizada define un máximo de horas ordinarias de trabajo que se calculan por año en donde en tiempos de baja producción, los patronos podrán reducir la jornada hasta en 6 horas y en tiempos de alta producción los patronos podrán ampliar la jornada hasta en 10 horas diarias.
El problema con esto es que los y las trabajadoras estarán a expensas de los “tiempos” del patrono, de lo que él defina como máxima o mínima producción. El tiempo que no laboren no reciben paga. Entonces cabe preguntarse, ¿afecta esto no solo el salario que recibe, el tiempo de “disponibilidad” que debe tener la persona trabajadora para “cuando le requieran”, sino también el pago de horas extra, aguinaldo, vacaciones, pensión, seguridad social, etc.?, la respuesta es un rotundo SI, si afecta todo.
La propuesta de la UCCAEP para “enfrentar” la crisis tiene “variaciones”, cierto, pero en lo fundamental busca los mismos resultados.
Tanto el_ “Plan Escudo”_ de los Arias, que protege a quien más tiene en detrimento de quien menos tiene, como el proyecto de la UCCAEP, que comparte los mismos intereses, no son respuesta a la “crisis internacional” provocada por sus “colegas” de los Estados Unidos de América.
Verdadero diálogo nacional
Los sectores sociales y empresariales responsables han presentado una alternativa a los proyectos anteriormente mencionados, “Diez medidas para enfrentar la crisis con inclusión social y productiva”. Estas propuestas en su mayoría, la comparten, al menos así lo expresaron el viernes 24 de abril, todos los precandidatos y precandidatas de todos los partidos políticos en disputa por la silla presidencial. De la misma forma compartieron la iniciativa de que el gobierno de los Arias se sentara a dialogar sobre estas propuestas con los sectores sociales y empresariales que las propusieron.
Un primer paso fue dado, el gobierno de los Arias llamó a una primera conversación y se determinó el estudio de las propuestas y en un plazo de dos semanas volver a reunirse para escuchar la posición gubernamental sobre estas e iniciar, posiblemente, el camino de su implementación.
Es un primer paso es cierto, pero se abre esa posibilidad de dialogar. Hoy la UCCAEP pretende_ “cerrar”_ esa puerta de diálogo ejerciendo presión a la Asamblea Legislativa para que aprueben, a la mayor brevedad posible, “su” proyecto.
Nada más alejado del espíritu de concertación y búsqueda nacional de soluciones a los problemas económicos que enfrentamos y que son también políticos. La imposición es su lema.
¿Cuáles son las diez propuestas?
Brevemente, uno a uno de los puntos que contiene el documento_“Diez medidas para enfrentar la crisis con inclusión social y productiva”, que abren la posibilidad de un diálogo nacional abierto y transparente.
Si la UCCAEP estuviera dispuesta a dialogar, ya hubiera aceptado las diversas propuestas para hacerlo, pero parece que ese no es su deseo y pretende la aprobación de un proyecto a todas luces violatorio de los derechos humanos laborales y que, inevitablemente profundizará los niveles de pobreza, desempleo y marginación de sectores sociales con capacidad de trabajar y producir.
El sindicato de los empresarios, UCCAEP, tiene la palabra. Continúa con su monólogo o se sienta a dialogar con el país.
