Termina así el viacrucis de más de siete años de un funcionario universitario, de un servidor público con más de veinte años de laborar para esa casa de estudios superiores y ya pronto a jubilarse en aquel momento; cuya “_falta_” fue cumplir con su deber, con su obligación de denunciar graves irregularidades de las que tuvo conocimiento cometidas por las autoridades universitarias.
Como represalia y para tratar de silenciarlo se inició, entonces, un acoso laboral que lo llevó a ser acusado falsamente de la supuesta desaparición de una tarjeta plástica de acceso al parqueo del campus universitario (no de la Universidad Nacional sino de la Universidad de Costa Rica, aunque cueste creerlo); cuyo costo de reposición, en todo caso, hubiera sido de tres mil colones y de cuya eventual pérdida la UNA no tenía ninguna responsabilidad.
Con este subterfugio, con esta mentira y bajo amenaza de despido, fue este oficial de seguridad suspendido de su trabajo por nueve meses mientras esperaba la audiencia oral y privada del proceso disciplinario abierto en su contra; audiencia que concluyó favorablemente para el servidor (gracias al apoyo sindical-jurídico de la ANEP), estableciéndose una absoluta exoneración de la farsa levantada en su contra. Sin embargo, el servidor fue sometido a nueve meses de una cruel tortura que le produjo un profundo deterioro de su salud psicológica y física, incluyendo un infarto, así como el sufrimiento y angustia de su familia.
Pero este caso no es para nada la excepción en la Universidad Nacional. De hecho el acoso laboral, o “_mobbing_” (como se le conoce por su nombre en inglés), es una plaga que infecta profundamente toda la administración pública, extendiendo sus tentáculos de ruina y desgracia también en el ámbito de la empresa privada. Un mal con destructivas consecuencias para el trabajador y para la trabajadora, incluyendo el suicidio; y con un enorme perjuicio económico para las instituciones públicas, empresas privadas, y para la sociedad nacional, en general.
Una enfermedad que en Costa Rica se agrava por la falta de una ley específica que la combata; como ya, por dicha, se logró para el caso del hostigamiento sexual. Lamentablemente, el país sigue sin contar con una ley que castigue y prevenga el mobbing, de ahí que para ANEP sean tan importantes distintas iniciativas de ley que se encuentran en la corriente legislativa. Tal es el caso, por ejemplo, del expediente legislativo número 18.184, “_Ley contra el acoso laboral en el empleo y el hostigamiento en el campo educativo_”, proyecto elaborado por la Asociación Contra el Acoso Laboral y Daño Moral en Costa Rica (ACALEM), e impulsado diligentemente por la honorable señora diputada Marielos Alfaro Murillo, del Partido Movimiento Libertario.
Precisamente por la falta de una ley contra el acoso laboral, por una parte; y, por otra, de la total ausencia de voluntad de las autoridades de la UNA de combatir este mal (por el contrario, siendo estas autoridades partícipes del acoso sufrido), una vez que se logró la absoluta exoneración del oficial de seguridad, no quedó otro camino que demandar a la misma Universidad Nacional por acoso laboral; demanda que con todo éxito presentó y condujo la abogada Lillia Fonseca Alvarado, culminando con la sentencia de la Sala Segunda arriba citada.
Pero lejos de terminar los casos de acoso laboral en la UNA, los mismos aumentan. Actualmente en ANEP estamos acompañando, a manera de ejemplo, el caso de una valiente funcionaria acosada por haber denunciado gravísimas irregularidades; tales como la admisión anómala a la Universidad Nacional de hijos de altísimas autoridades universitarias usando títulos de bachillerato de secundaria falsos o acogiéndose fraudulentamente a la figura de “_estudiante extraordinario_”, con el fin de obviar o saltarse los requisitos de ingreso existentes. Una serie de irregulares confirmadas por la misma Contraloría Universitaria en un informe que, al día de hoy, años después, las autoridades de la Universidad Nacional continúan “_guardando_” como “_confidencial_”, so pretexto de que hay procesos disciplinarios en curso. Caso notable de esta valiente funcionaria que esperamos que muy pronto llegue a juicio en los tribunales laborales del país.
También acompañamos (otra ilustración), el caso de un funcionario universitario a quién se le abrió un proceso disciplinario ya hace más de cuatro años, aunque y nuevamente sea difícil creerlo. Una duración que ya de por sí es simplemente inadmisible. Un caso que ya ha sido conocido, desestimado y archivado por las instancias disciplinarias competentes, pero que, sin embargo y como parte del acoso laboral que sufre ese trabajador universitario, el mismo ha sido “_reabierto_” de manera ilegal y actualmente la acusación en su contra sigue siendo “_instruida_”, a pesar que los responsables legales de esta persecución saben perfectamente que, de todas maneras, este proceso prescribió y caducó ya hace años. Cabe agregar, para ilustración de la persona lectora interesada que, después de cuatro años y medio, la parte acusadora no ha podido presentar contra este trabajador ninguna prueba o testigo de la supuesta falta. Pero el acoso laboral subyace en el proceso disciplinario mismo, en la misma amenaza de un despido inminente que este trabajador ha tenido que soportar continuamente por más de cuatro años.
Como lo señala acertadamente un miembro de la Junta Directiva del Comité Seccional ANEP-UNA, “_abrir por abrir un expediente disciplinario, o forzar la ilegal ‘reapertura’ de un proceso disciplinario, o forzar ‘de oficio’ cambios en la acusación, so pretexto que la apertura no significa condenar a un funcionario sino ‘para que se llegue a la verdad real de los hechos’, es una forma de acoso laboral, dado que el funcionario se desestabiliza emocional y laboralmente, con consecuencias institucionales económicas y morales_”.
Una situación de acoso laboral que en la Universidad Nacional se ve agravada por el uso arbitrario de la medida de suspender a un funcionario, separación forzosa que se hace del trabajador o trabajadora a la que recurren las autoridades universitarias para “_deshacerse_” de un funcionario que “_estorba_”: primero se acusa al trabajador “_que molesta_” de cualquier cosa y de inmediato se le separa de su trabajo “_mientras dure el proceso disciplinario_”.
En ANEP llevamos el registro de múltiples casos donde las autoridades universitarias “_suspenden_” a un trabajador por meses y años. Una forma de acoso laboral que es posible porque nos son estas autoridades universitarias quienes pagan de su bolsillo el inmenso costo económico de esas suspensiones. Estamos aquí ante un mal uso, un gasto absolutamente indebido de dineros públicos. Un perverso uso del presupuesto universitario que debería ser investigado y cuantificado por los entes contralores.
El mobbing o acoso laboral es, pues, una perversa y trágica realidad laboral en Costa Rica. Lo que sucede en la Universidad Nacional es, desgraciadamente, una clara ilustración de una siniestra y retorcida realidad laboral costarricense. Así como se logró en la lucha contra el hostigamiento sexual, es un paso necesario en la lucha contra este mal el que se legisle para combatir y prever el acoso laboral, así como apoyar y ayudar a las víctimas. El caso de la UNA es un ejemplo. Tenemos más en nuestra agenda pero luego hablaremos de ellos.
