De la gran cantidad de problemas que están afectando nuestra convivencia como sociedad costarricense, hay uno que está emergiendo con gigante urgencia de ser atendido antes de que una catástrofe humanitaria nos estalle en nuestras propias caras: la necesaria legislación que requiere la población para proteger las fuentes acuíferas y para que se nos asegure, tanto a la generación actual como a las que nos siguen, buen y seguro acceso al recurso hídrico limpio, sin contaminación.
Todos los especialistas en geopolítica mundial coinciden: las guerras por el control de las fuentes de agua serán más importantes que las actuales en desarrollo por el control de las fuentes de petróleo. Es más, si ya no están aquí, las guerras por el agua están a la vuelta de la esquina.
¡Nos están arrancando la vida! Para que sigamos viviendo, requerimos tener agua pura para tomar, necesitamos que se apruebe la “Ley de Gestión Integral del Recurso Hídrico”, propuesta de legislación por el mecanismo de participación ciudadana conocido como “iniciativa popular” (para la cual miles y miles firmamos como quien esto escribe); así como se requiere que en Costa Rica se declare el agua como un Derecho Humano, lo cual ocupa de reforma a la actual Constitución Política de nuestro país.
En el caso del proyecto “Ley de Gestión Integral del Recurso Hídrico”, la Asamblea Legislativa está cometiendo una grotesca burla al mecanismo constitucional de iniciativa popular, incrementando así el rechazo ciudadano a la cuestión parlamentaria; pues si ya está bien acendrada la percepción popular de que los intereses egoístas del poder económico se imponen, por lo general, a los del bien común cuando se trata de aprobar leyes a favor de la gente; en este caso de la citada legislación, la desfachatez y el descaro es incuestionable. Una poderosa minoría económica tomó la decisión de arrancarnos la vida y negarnos el acceso a agua pura, limpia, segura.
Es una ineludible obligación ético-moral del actual señor Ministro de Ambiente y Energía, don Edgar Gutiérrez Espeleta, ponerle nombre y apellidos a cada uno de esos intereses económicos que él tiene identificados como los que nos quieren arrancar la vida, bloqueando la aprobación del proyecto “Ley de Gestión Integral del Recurso Hídrico”; mismo que lleva ya 6 años en la corriente parlamentaria. ¿Quiénes son, sr. Ministro Gutiérrez Espeleta? ¿Cuáles cámaras empresariales?, ¿cuáles organizaciones agropecuarias?, ¿cuáles desarrollos hoteleros?, ¿cuáles fabricantes de cerveza y de embotellamiento de agua para beber?, ¿cuáles inversionistas turísticos?, ¿cuáles desarrolladores de condominios? Con todo respeto, se hace usted cómplice si no le dice a la opinión pública quiénes están bloqueando la aprobación parlamentaria del proyecto “Ley de Gestión Integral del Recurso Hídrico”.
Prácticamente ya no hay semana en que no salga a la opinión pública al justo reclamo de una comunidad, urbana o rural, que no está recibiendo un suministro adecuado de agua potable; o, que la esté recibiendo de manera contaminada. Algo grave está pasando y ya tenemos en nuestro propio suelo, una especie de guerra por el agua. Lo “curioso” es que el servicio de agua potable está presentando este tipo de problemas en localidades de los sectores populares, pues no hemos visto una protesta de barrios de personas adineradas, o de grandes hoteles, o de usuarios de canchas de golf.
Con todo respeto bien harían los señores diputados y las señoras diputadas actuales, más allá de sus procedencias partidistas pero que ostentan valores fundamentales supremos a la vida humana, como lo es el derecho humano fundamental de acceso y protección del agua, en usar todo el poder que les da el reglamento legislativo para obligar a la votación de la iniciativa popular (recuerden, ¡iniciativa popular’), “Ley de Gestión Integral del Recurso Hídrico”; tanto como para que empiecen a caminar las reformas constitucionales que nos garantizan el agua como un Derecho Humano fundamental.
A este último respecto, resulta inconcebible que un país como México, en el cual la pobreza y la desigualdad crecen dolorosa e indeteniblemente, tenga (aunque sea en el papel), en el artículo 4 de su Constitución Política este precepto: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”
En el caso de nuestro país, que el agua se nos reconozca como derecho humano fundamental depende de que se modifique el actual artículo 50 de la Constitución Política que pasaría a leerse así: “Artículo 50. El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El acceso al agua potable es un derecho humano. El Estado garantizará, defenderá y preservará esos derechos. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes”.
Lleva razón el señor diputado jefe de la fracción parlamentaria del Partido Frente Amplio (FA), don Edgardo Araya Sibaja, cuando afirma que estamos demasiado ocupados discutiendo sobre el tema fiscal, cuando éste ha de perder todo sentido si nos quitan el agua que es como arrancarnos la vida. Efectivamente, el tema del agua, su defensa, la lucha contra esos intereses económicos de los que habla el mencionado ministro del Minae, contra los mercaderes de la vida que quieren privatizarla, requieren de una real y verdadera unidad nacional.
Y, además, el agua como servicio público incluido en el TISA (Acuerdo Multilateral de Comercio de Servicios, por sus siglas en inglés), deben ocupar gran parte de la agenda actual de lucha de los sectores sociales y sindicales y cívico-políticos de corte patriótico. La defensa del agua ofrece una extraordinaria oportunidad de confluencia unitaria en defensa de los intereses del pueblo trabajador, pues primero tenemos que tomar agua (que es tener vida) para después ponernos a discutir sobre ideologías.
Esto lo entendieron a la perfección los señores diputados y las señoras diputadas del período constitucional 2010-2014 que presentaron la reforma constitucional del artículo 50 para que el agua se nos dé como derecho humano. Estaban representando, al presentar esta iniciativa de ley, expediente legislativo No. 17.793, las más diversas colectividades político-partidistas pese a sus pensamientos ideológicos distintos.
Recordemos sus nombres porque es sumamente justo hacerlo en estas circunstancias duras con esto de que la guerra del agua ya está en Costa Rica: Mireya Zamora Alvarado, Víctor Danilo Cubero Corrales, Carlos Luis Avendaño Calvo, Rita Chaves Casanova, Víctor Emilio Granados Calvo, Justo Orozco Álvarez, Damaris Quintana Porras, Adonay Enríquez Guevara, Patricia Pérez Hegg, Ernesto Chavarría Ruiz, Edgardo Araya Pineda, Manuel Hernández Rivera, Gloria Bejarano Almada, Luis Fishman Zonzinski, Martín Monestel Contreras, José Joaquín Porras Contreras, Luis Gerardo Villanueva Monge, Rodolfo Sotomayor Aguilar, José María Villalta Florez-Estrada, Carlos Humberto Góngora Fuentes, José Roberto Rodríguez Quesada.
La defensa del agua, que es la defensa de la vida misma, nos convoca a luchar.
