Juan Marín está pretendiendo que esto se vote la semana entrante, básicamente utilizando el proyecto de iniciativa popular, metiéndole un texto sustitutivo que supuestamente es un texto consensuado con la Cámara Nacional de Agricultura, y en esas condiciones ya uno como diputado tiene poco margen de acción porque el proyecto tiene que votarse sí o sí antes de las 11 de la noche de la semana entrante…”. (Alfredo Volio Pérez es un exministro de Agricultura y Ganadería y es empresario piñero, aclaramos nosotros).
Las frases entrecomilladas corresponden a la transcripción de la voz en audio en un mensaje de WhatsApp del 27 de octubre de 2017 del diputado Otto Guevara Guth (muy cuestionado en el escándalo del “cementazo”), quien muestra gran interés en la aprobación del proyecto “Ley para la gestión integrada del recurso hídrico”, Expediente Legislativo No. 20.212, listo para ser votado en cualquier momento en la Asamblea Legislativa.
Este plan tan claramente explicado por Otto Guevara tiene mucho de estarse orquestando, y así se vio plasmado el día lunes 30 de octubre pasado cuando la mayoría de diputados votaron dispensar de todo trámite el proyecto 17.742 para meterle como texto sustitutivo el texto que han cocinado bajo el expediente 20.212. Así como Otto Guevara, los diputados a favor de estas matráfulas hacen lo que le dicten sus grandes amigos empresarios, lo cual basta y sobra para que se enciendan las alarmas en los sectores sindicales, sociales, populares y cívico-patrióticos. Particularmente, tratándose del agua, esta alerta debe considerarse como urgente y grave.
Según lo indicado en ese audio y lo visto este lunes, el texto que se votará cuando el plenario se convierta en comisión es el que complacerá los intereses de la Cámara Nacional de Agricultura, gracias a la displicencia del diputado liberacionista Juan Marín Quirós, montado en el proyecto de iniciativa popular No 17.742 y que lo ha mancillado hasta decir basta, con la complicidad increíble de dos diputados del PAC, a saber don Steven Núñez Rímola y doña Marcela Guerrero Campos quienes, al parecer, negocian sus votos a cambio del apoyo del PLN a su proyecto de pesca de camarón de arrastre; sumándose el apoyo del diputado Abelino Esquivel Quesada.
Es por todo este manoseo y prioridad a grandes intereses, del que usted y yo estamos ajenos, que se está acusando que dicho proyecto tiene las siguientes graves consecuencias:
Se afecta el dominio de la nación sobre las áreas de protección hídrica que garantiza la actual Ley de Aguas, lo cual constituye un retroceso.
Este proyecto es parte de una ola de recetas que se han intentado aplicar en América Latina por el Banco Mundial y su brazo ejecutor, la red Global Water Partnership (GWP) que vislumbran el agua como una mercancía y no como Derecho Humano Fundamental. Incluso se han visto obligados a matizar su principio de ver el agua como bien económico (‘’No money, no water’’), en sustitución del agua como bien social, cambiando la herencia invaluable del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, que hasta ahora ha sido muy valorada por el agradecido pueblo costarricense.
Las Asadas, los acueductos rurales comunitarios, se verían afectados en su funcionamiento con el pago de cánones que el proyecto de ley no explica cómo serán establecidos; además que es el propio Minae el que establecerá los criterios, los cobrará y los gastará.
Unos 700 mil agricultores serían obligados a formar “sociedades” onerosas como único medio de obtención de agua para sus cultivos.
El AyA perdería la mitad de su función estructural básica la cual es la del servicio de alcantarillado, hoy más imprescindible que nunca para que siga siendo servicio público esencial de prestación directa por parte de la institucionalidad.
Senara, una entidad eminentemente técnica, pierde su control sobre los procesos de aguas subterráneas para pasárselo al Minae, perdiendo así el carácter vinculante de sus criterios, que hoy son apelados ante el Tribunal Contencioso Administrativo (recurso jerárquico impropio); pero con este proyecto de ley quien resolvería las apelaciones sería el propio Ministro de Ambiente de turno. Es decir, “politiquiemos” el agua y sus concesiones cada cuatro años, y eliminemos los frenos y contrapesos que deberían ser garantía en una democracia.
Dejan a la libre la exportación de agua embotellada, aunque se envase en distritos donde los habitantes sufran de escasez, incluso circunstancial, a pesar de que el texto original sí incluía un artículo que limitaba la exportación. Esto da cuentas del manoseo que ha sufrido este texto en quince años que tiene de dar vueltas en las oficinas de Cuesta de Moras.
Se eliminan los Consejos de Cuenca, los cuales eran la única manifestación que albergaba el texto original para la participación ciudadana. Estos consejos desaparecen del nuevo texto a petición explícita de la Cámara Nacional de Agricultura.
Se hace caso omiso a las observaciones que sobre estos y otros temas hizo la Defensoría de los Habitantes.
Este nuevo proyecto de “ley de aguas”, de tanto interés para el diputado Otto Guevara Guth, se originó en el despacho del entonces diputado y hoy candidato presidencial, Antonio Álvarez Desanti, pero heredado a Juan Marín Quirós; y contando con el apoyo de legisladores de la Unidad Social Cristiana, como William Alvarado Bogantes, afín al aspirante presidencial don Rodolfo Piza Rocafort (el PUSC, pareja bipartidista del PLN); y hoy con el sorprendente apoyo de parlamentarios del PAC, a quienes les tenemos gran respeto.
En cuanto a esto último, su candidato presidencial, don Carlos Alvarado Quesada, ha indicado que no se le “embarre” porque es falso que él esté apoyando este proyecto de “ley de aguas” Libertario-PLUSC-Evangélico, aunque desde ya se puede leer que su plan de gobierno lo contempla en su página 112. Sin embargo, es sumamente necesario que don Carlos lo diga más directa y contundentemente y en próximas horas; y, es más, si él no está de acuerdo, nos preguntamos cómo es posible que diputados que le apoyan su candidatura, estén con el concepto de una ley sin participación popular y apegado a las recetas del Banco Mundial.
Luego de la gran estafa política que significó desconocer el espíritu del proyecto de ley de recurso hídrico impulsado bajo el sistema de iniciativa popular, el asunto es más grave todavía pues nadie conoce el texto sustitutivo y definitivo de la Cámara Nacional de Agricultura, que es apadrinado por la coalición contra el agua como bien social aquí denunciada.
Dada la feroz resistencia neoliberal de institucionalizar el agua como Derecho Humanos Fundamental, mantener el concepto de agua como bien social deviene en necesidad estratégica, lo que pudo haber quedado garantizado con la instauración de los consejos de cuenca, que es de lo poco que quedó luego de la manoseada y macheteada política del proyecto original por el cual miles y miles firmamos.
Queremos pensar que en el caso de los diputados del PAC que estarían apoyando el proyecto de ley de aguas Libertario-PLUSC-Evangélico, podrían haber sido embarcados y/o manipulados, en todo o en parte, en su buena fe ante un tema tan complejo para el cual, nosotros mismos, hemos tenido que recibir apoyo asesor básico. Por tanto, respetuosa y vehemente les pedimos, públicamente y por esta vía, que no voten tal proyecto.
