En febrero pasado tuvo lugar en el Estado Vaticano el seminario “El derecho humano al agua”. En su clausura el papa Francisco fue contundente: “…el derecho al agua es determinante para la sobrevivencia de las personas y decide el futuro de la humanidad”; pidiendo él garantizar ese derecho de forma efectiva en los ordenamientos jurídicos de los Estados y se reconoció dolorido cuando observa cómo en algunos países no se da prioridad a esta materia.
Dijo el papa Francisco: “Es doloroso cuando en la legislación de un país o de un grupo de países no se considera al agua como un derecho humano. Más doloroso aun cuando se quita lo que estaba escrito y se niega este derecho humano”.
¿Por qué, entonces, golpear el papel histórico que ha venido desempeñando en nuestro país, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) en materia de provisión de agua potable al pueblo costarricense? ¿Por qué negar, ahora, el estratégico rol que, complementariamente y en este delicado asunto de salud pública, han venido jugando las Asadas?
Es con base en esta extraordinaria reflexión papal sobre la relevancia del agua en los actuales momentos tan dramáticos que vive la humanidad, que conceptuamos nosotros como irresponsable y sospechosa, una iniciativa de ley de privatización del servicio de agua potable en nuestro país, vía el sistema cooperativo, misma que está tramitándose en estos momentos en la Asamblea Legislativa.
El Expediente Legislativo No.19.441, para la eventual aprobación de la “Ley de Autorización a las Cooperativas para Administrar Sistemas de Acueductos y Alcantarillados”, es una intentona privatizadora del hasta hoy día servicio público suministrador de agua potable y de alcantarillado sanitario; servicio público ya sea en manos de AyA, de las Asadas, de municipalidades y de algunas empresas públicas regionales.
Todas éstas deben invertir los recursos que cobran por tarifas en el mejoramiento de tales servicios públicos, no repartirlos, como dividendos, entre los usuarios. El citado proyecto quiebra este principio de promoción del bien común que inspira su prestación, por el de apropiación privada de los recursos de cobro de tarifas, por más manto cooperativo que se dé a tales servicios.
Prestigiosas casas de estudios superiores del sistema educativo público de nuestro país han expresado su posición en tal sentido, específicamente, la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR).
La UCR, pese a reconocer que “…las cooperativas son asociaciones voluntarias de personas, no de capitales, y aunque han contribuido en el desarrollo económico y social del país, no dejan de ser entidades de carácter privado, y como tales se ven obligadas por ley a hacer una distribución de utilidades o excedentes entre sus afiliados, de forma periódica”.
¡Exactamente! Si en una comunidad de 1.000 personas, solamente 100 deciden cooperativizar su servicio de suministro de agua potable, las otras 900 deberán pagar por el mismo de forma tal que tal servicio no solamente sea sostenible financieramente hablando, sino que dé dividendos (rentas) para que las 100 personas socias cooperativas se los repartan entre sí. ¡Aquí empieza el negocio!
“¡Hecha la ley, hecha trampa!”. Este proyecto para privatizar el agua cooperativizándola, hará que surjan, por una parte, inescrupulosos negociantes de la vida con fuerte capital en el bolsillo, que ven en la mercantilización del agua una nueva fuente de lucro privado seguro, arrinconando a comunidades vulnerables para que cooperativicen la Asada local y le permitan ser “socio cooperativo”.
Por otro lado, habrá más de un vivillo de esos que forman cooperativas solamente para votar en su sistema eleccionario interno, las denominadas “coopevoto”, que también irán a la caza de incautos para venderles este tipo de ideas privatizadoras de la provisión de los estratégicos servicios de agua y alcantarillado.
“Hoy leemos que existen ‘coopevotos’, o, sea, cooperativas fantasma y todo tipo de figuras que permiten fraudes electorales y parece que de otro tipo. Nos preocupa que esto se puede extender para hacer negocios con el agua de consumo humano que escasea y está en disputa entre los distintos usos con los cuales hoy lucran las mismas cooperativas. El cooperativismo no está en su mejor momento para pretender hacer negocios con el agua pues los diputados han hablado de generar empleo a partir de brindar el servicio que implica mayores costos en tarifas para las comunidades más pobres. Esto es un contrasentido”. La opinión que acabamos de consignar es del ciudadano don Mauricio Álvarez Mora, presidente de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon). Como vemos, el movimiento ecologista nacional también está en contra del proyecto para privatizar el agua cooperativizándola. Creemos que toda la sociedad cívica y el pueblo trabajador debemos rechazar el indicado proyecto de ley; llamado muy especial para la comunidad laboral de AyA y sus organizaciones.
