San José, 5 de octubre del 2009.
S.G. 09-11-0159-09
¡URGENTE!
Licenciada
Jenny Phillips Aguilar
Ministra
Ministerio de Hacienda
Su despacho
Estimada señora Ministra:
Con el mayor respeto, le expresamos el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte.
Agradecemos la concesión de la presente audiencia y de manera oficial por esta vía, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), acude ante su digna autoridad y por medio de ella, al propio Gobierno de la República, para referirnos al tema de las dificultades que según se ha estado informando por varios medios de comunicación colectiva, tendrían vuestras autoridades para honrar el sagrado derecho laboral del pago del aguinaldo a una cifra de trabajadores y de trabajadoras del sector Público, superior a las cien mil personas. Usted misma, señora Ministra Phillips, ha estado advirtiendo sobre el particular.
Bien sabe su digna autoridad y el Gobierno todo que estamos hablando de un asunto altamente sensible y profundamente explosivo, de manera tal que, sin lugar a dudas, se ocupan decisiones claras y contundentes que den plena seguridad y absoluta garantía de que tal pago no está en peligro y que se concretará sin ni un solo problema.
Por tanto y en función de la base jurídica que nos asiste para no solamente abogar en la materia con relación a nuestro deber legal de defender los intereses económicos y sociales de las personas trabajadoras asalariadas del sector Público afiliadas a la ANEP; sino que, por la legitimidad que nos asiste dada nuestra naturaleza de organización sindical que vela por los intereses, en general, de la clase trabajadora del sector en mención y, en general; planteamos lo siguiente:
Primero: Urge la emisión explícita de un claro compromiso del Gobierno de que la plata para los aguinaldos, destinados a unos casi 110 mil empleados públicos, estará disponible pese a que el presupuesto extraordinaria en trámite en el parlamento, no se apruebe del todo, ó se apruebe “automáticamente”, antes del último día legislativo del presente mes de octubre, cuando corresponderá darle primer debate.
Segundo: Solicitamos un informe acerca de las opiniones que emitió la más reciente misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), con relación al tema del estado actual de las finanzas públicas y particularmente de la reducción de los ingresos fiscales durante el 2009; específicamente, si el FMI sugiere una reforma tributaria de unos 2 ó 3 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) con el propósito de no afectar los programas sociales y que el financiamiento del déficit fiscal sea con recursos propios del Gobierno y no mediante endeudamiento público.
Tercero: Igualmente, cuál es el balance y cuáles son las líneas de política pública de más urgente diseño para enfrentar los delicados señalamientos de la Contraloría General de la República sobre el déficit fiscal de 515 mil millones de colones, en el sentido de que semejante riesgo es susceptible de reproducción en el 2010.
Cuarto: Solicitamos un informe, profundamente transparente y completamente objetivo, de parte de la Dirección General de Aduanas (dependencia del Ministerio de Hacienda), acerca del impacto fiscal de las distintas reducciones arancelarias ya manifestadas por la entrada en vigencia-aplicación del TLC con los Estados Unidos.
Quinto: Solicitamos una indicación clara de cuáles deben ser los aspectos centrales de una reforma tributaria que pondría a tributar a personas de elevados ingresos, que ayuden a aliviar la carga impositiva que pesa sobre los sectores medios y pobres del país. Como se conoce, aún existen profesionales liberales que logran evadir impuestos. Adicionalmente, si se tiene en mente una tramitación rápida para gravar más a actividades como los casinos y lugares de juego. Indudablemente, la eliminación del secreto bancario para fines tributarios debe ser un contenido fundamental, así que resulta conveniente conocer qué se piensa a este respecto.
Sexto: Solicitamos un informe que pormenorice acerca de cuáles programas sociales están en la lista de reducciones cercanas por la falta de fondos que alega tener el Ministerio de Hacienda.
Sétimo: Deseamos conocer la información más reciente acumulada por el Ministerio de Hacienda, sobre aquellas entidades de la más diversa naturaleza que presentan “problemas” de ejecución presupuestaria en el presente año y cuáles son las cifras respectivas en cada caso.
Octavo: Finalmente, deseamos conocer cuáles son las fuentes de endeudamiento que presupuestariamente están tramitándose en sede legislativa, para darle contenido al pago de los aguinaldos, con base en la pretensión de reforma jurídica para que, transitoriamente, se pueda financiar gasto corriente con empréstitos.
Noveno: Es criterio de esta organización que se impone, un escenario de “emergencia” fiscal, que considere lo siguiente:
– El diseño de un plan de contingencia fiscal por la crisis para gravar las grandes fortunas acumuladas y, específicamente, los capitales financieros; buscando que, al menos, se alcance por un período de tiempo determinado, contribuir a tapar el hueco fiscal señalado por la Contraloría General de la República. En la Administración Pacheco de la Espriella se trabajó un plan de contingencia fiscal, mediante acuerdo en el seno del parlamento, con participación de sectores sociales, productivos y políticos. Tenemos aquí una buena experiencia para aprovechar.
– El desarrollo de un plan cuidadoso de revisión cualitativa y cuantitativa del cobro de tributos, entrándole todavía más duro a la evasión y a la elusión fiscales, así como el robo de impuestos cobrados, con nuevas medidas de fortalecimiento estratégico en los más diversos órdenes de la gestión tributaria captadora de recursos. Esto no ameritaría pago millonario alguno para ninguna consultoría “sofisticada”, pues bastaría con una estrategia de inclusión activa del extraordinario cúmulo de experiencia del selecto personal profesional con cuyos valiosos servicios cuenta la institución en estos momentos.
– La proposición a la Asamblea Legislativa, sin mayor dilación, de la necesaria reforma tributaria estructural que se requiere, con indicación expresa del destino de los nuevos fondos a recaudar; pues acudir al endeudamiento para financiar gasto corriente solamente habrá de perjudicar, con fuerte impacto, a la clase trabajadora asalariada, vía inflación, castigando más severamente a quienes nada deben por las injusticias derivadas de la ausencia de un sistema tributario altamente regresivo. Sin duda alguna, la eliminación del secreto bancario con propósitos tributarios debe ser pilar fundamental de esta reforma.
Por otra parte le contamos que la semana recién pasada, atendiendo invitación, la ANEP participó en el “Taller de Justicia Tributaria”, organizado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), con el patrocinio de la organización internacional no gubernamental Christian Aid, celebrado en San Salvador, El Salvador.
Impresiona saber que en el exterior, Costa Rica aparece, según estudios internacionales, que en el período comprendido entre los años 2005 y 2007, se nos registra una “pérdida tributaria” de ¡785 millones de dólares!, producto de la combinación de una serie de factores que podríamos catalogar como la ausencia de una verdadera justicia tributaria en nuestro país.
Le aclaramos que no descartamos remitir a su digna autoridad, otras impresiones y/o propuestas sobre este grave problema (el deterioro de las finanzas públicas), con sus implicaciones sociales. Nos parece que es un asunto de dimensiones nacionales que, de un modo u otro, gústenos o no, debe involucrar a los agentes sociales y políticos comprometidos con la inclusión social, la solidaridad y la justicia tributaria en su real dimensión.
Finalmente y aprovechando esta excelente oportunidad de reunión con su autoridad, deseamos exhortarle a que el Gobierno de la República se disponga a desistir de apelar el fallo administrativo que le ordenó devolver los dineros indebidamente cobrados por concepto de impuesto de renta al Salario Escolar. Es más que imperioso actuar para restaurar la lesión económica sufrida por parte de quienes tributaron al respecto, sin respaldo legal alguno, luego de aprobada la legislación que liberó a tal retribución salarial de la obligatoriedad de sufrir carga impositiva después del límite exonerado.
Sin más por el momento, le expresamos nuestra mayor gratitud por su gentileza en atendernos; y, de manera anticipada, le agradecemos el suministro de la información aquí respetuosamente solicitada.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP
cc.: Dr. Oscar Arias Sánchez, Presidente de la República.
cc.: Lic. Rodrigo Arias Sánchez, Ministro de la Presidencia.
cc.: Lic. Álvaro González Alfaro, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
cc.: Lic. Eugenio Solano Calderón, Viceministro del Área Laboral, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
cc.: Honorables fracciones parlamentarias, Asamblea Legislativa.
cc.: Excelentísimos señores obispos, Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR).
cc.: Honorable obispo, Melvin Jiménez, Iglesia Luterana Costarricense.
cc.: Honorable Defensoría de los Habitantes de la República.
cc.: Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP).
cc.: Grupo socioproductivo “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”.
cc.: Movimiento Sindical Costarricense.
cc.: Plataforma Sindical Común Centroamericana (PSCC).
cc.: Plataforma Sindical Común Centroamericana-Capítulo Costa Rica (PSCC-CR).
cc.: Encuentro Sindical Nuestra América.
cc.: Federación Sindical Mundial (FSM).
cc.: Confederación Sindical de Trabajadores y de Trabajadoras de las Américas (CSA).
cc.: Internacional de Servicios Públicos (ISP).
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Seccionales de la ANEP.
cc.: Medios de Comunicación Colectiva.
cc.: Archivo.
