Análisis sindical sobre préstamo del BID

La Seccional de ANEP del Sistema Penitenciario Nacional, Por Justicia y Paz, ha realizado un profundo análisis acerca de las causas que han contribuido en la profundización de la actual CRISIS DEL SISTEMA PENITENCIARIO.

Este análisis viene dándose de manera sistemática y cada vez más profunda desde el año 2006, en donde se produce un incidente de fuga, secuestro y muerte de un funcionario, que de nuevo enciende las señales de alerta de que la situación penitenciaria había que asumirla ya no como un asunto propio de la Dirección General de Adaptación Social, sino que como un problema país, pues su descalabro incidiría de manera dramática sobre la vida de nuestra ciudadanía.

Nuestra organización considera que habiendo constatado a través de varios procesos de investigación propios de nuestra organización sindical y de la Dirección General de Adaptación Social (Investigación del DIE en Reforma, Defensoría, Gestión de ambiente Laboral, entre otras) y consulta a diversos sectores y personas de la sociedad, la existencia de serias situaciones y condiciones que conspiraban para un desempeño efectivo del quehacer penitenciario, consideramos, de esta manera, que los problemas apuntan, en general, a tres dimensiones de la gestión pública penitenciaria, a saber:

1- Político- ideológico: nuestro país ha focalizado el problema de la seguridad ciudadana en la criminalidad de la calle y ha decido que la respuesta para su control es el encarcelamiento y la aplicación de la mano dura.

Como medidas de solución al problema de la criminalidad se han aumentado las penas de prisión, es decir la persona debe pasar más tiempo tras las rejas, se han tipificado nuevas conductas como delitos con penas de prisión, se ha limitado de manera dramática las posibilidades de gestión de la ejecución administrativa de las penas, se ha aumentando los periodos de prisión preventiva; entre otras acciones tendientes a excluir a las personas y respondiendo, de esta forma no a una visión y análisis desde una filosofía criminológico humanista del fenómeno, como lo es el fallo dramático de la institucionalidad del país y el cambio de paradigma de Estado Social de derecho, en donde lo que interesa actualmente, es el mercado y sus leyes y no la persona, por lo que la mano dura al que delinque y la cero tolerancia cobran vigencia porque solamente existe como única explicación, por demás reduccionista, en que es esa persona (la que delinque) la única responsable de la acción cometida.

Desde el Sistema Penitenciario teníamos, por ejemplo, como lo exige la ley que brindarle la información necesaria a las estructuras técnicas, administrativas y políticas internas y a los Poderes del Estado y sus Instituciones sobre lo que estaba sucediendo en el Sistema, brindar las recomendaciones para que a partir de esa información se fueran tomando las decisiones propias de un país de derecho, no obstante el cambio de paradigma social inicia, como lo señala la Contraloría General de la República, entre otras motivaciones el que no se nombre en los puestos de poder de decisión en nuestra institución a personas que gocen con la experiencia y formación necesaria para poder gestionar a la Dirección General de Adaptación Social, desde una visión criminológica humanista de respeto a lineamientos normativos de derechos humanos.

2- Planificación: nuestra institución cuenta con problemas graves en la planificación institucional, no cumple con los lineamientos técnicos y metodológicos, emanados de MIDEPLAN para la programación institucional estratégica y el seguimiento y evaluación. Las áreas administrativa, técnica y de seguridad no se encuentran integradas, por lo que por ejemplo, en Reforma al igual que en lo señalado en nuestro procesos de investigación y análisis a nivel institucional, encontramos un total divorcio y desconocimiento de los tiempos, procedimientos, evaluaciones, etc. que la administración pública exige para poder efectivamente contar con una perspectiva estratégica de la planificación institucional.

Nuestra Institución como institución regida por derechos humanos, tiene como principio el trato individualizado de las personas que son sujetas a su intervención. Se han definido tres momentos o procesos: ingreso, acompañamiento y egreso, lo que viene a garantizar no solo que a esa persona se le brindará la atención de acuerdo con sus necesidades sino que se tratará de minimizar los factores de riesgo (vida, salud, etc.). Por lo que ante la realidad de pérdida de control del Sistema, no se encuentra esta ni de las otras dos, incluidas en la planificación institucional.

Nos encontramos con una ausencia de estrategias de desarrollo institucionales que se deben establecer según lo dispuesto, por ejemplo, en el Plan de Desarrollo Nacional y en la normativa internacional de derechos humanos: Trabajo, educación, salud, familia, seguridad, recreación, claramente planificadas a corto, mediano y largo plazo.

Siendo ésta una de las razones que explican que en este momento no conocemos sobre las necesidades en estas materias de la población penitenciaria o del personal penitenciario que puedan esclarecer por donde se tienen que encaminar los recursos existentes y lo que nos vaya a ingresar.

Ante la ineficiencia administrativa-planificadora con visión estratégica, hayamos la inexistencia de espacios para la atención de la población, para la capacitación, para el análisis y la discusión de la casuística, como ejemplo.

La capacitación y formación del personal fue dramáticamente abandonada por lo que encontramos personal desactualizado, dirigiendo centros y estructuras organizativas de la estructura institucional sin la actualización de conocimientos o sin la menor idea del para qué y por qué de su trabajo.

La estructura técnica ha sido prácticamente invisibilizada por la administrativa y de seguridad, encontrándonos hoy que ésta ha sido y continúa siéndolo incapaz de estructurar un estrategia de organización técnica que responda a las necesidades actuales y exija el resguardo de su personal, y por el contrario facilita la sustracción de personal técnico calificado de su estructura organizativa, como lo fue el DIE, estructura vital para la sistematización y producción de conocimientos, que por cierto, al ser una estructura legalmente establecida, por su significancia política, técnica y administrativa, desde hace cuatro años no se ha incluido en los planes operativos institucionales.

En cuanto a Seguridad, nos encontramos con el desconocimiento de la función específica que tiene este cuerpo en un sistema penitenciario, por lo que se crean grupos especializados, carentes de respaldo legal, que es evidente su inoperancia e ineficacia, pues consideramos que la razón de existir de la misma ha sido abandonada. En este tema, si se asumiera como objetivo de desarrollo y no como organismo de control meramente policial, estaríamos solicitando urgentemente el soporte del ILANUD y sus contactos con especialistas en la materia, en donde se indica que nuestra seguridad debe de ser dinámica y no estática como se ha tratado de establecer institucionalmente.

La creación de estructuras paralelas o que asumen funciones de otras instancias y los nombramientos y movimientos de personal de diversas instancias, ha sido la tónica de la presente administración, sin que se logre encontrar plan justificador para tales acciones, que provocan incertidumbre y confusión en los sectores humanos que formamos la comunidad penitenciaria.

3- La Gestión de gobierno y la gobernabilidad de la gestión, unida a la visión estratégica del presupuesto, ha sido y seguirá siendo uno de los mayores escollos que se nos han presentado. La ausencia de claridad programática del gobierno, en nuestro caso de nuestra participación en el Sector Seguridad, donde no se logra visibilizar su actuación, el fallido Plan de Seguridad Ciudadana, la incapacidad de incidir en la elaboración de una política penitenciaria, la creación de la Ley de ejecución administrativa de la pena y de tomar la iniciativa como Subsistema para organizar y consolidar al Sistema de Justicia, demuestran que nuestros actuales jerarcas son incapaces de gestar el sistema Penitenciario.

La Comisión Interventora

Estos hallazgos nos permiten identificar la urgencia de intervenir, de manera organizada a nuestra institución, pues en estos momentos no es garantía de eficiencia, eficacia, y razonabilidad de la gestión pública institucional.

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