Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), rechazamos y condenamos los recortes presupuestarios que ya se gestan por parte del Gobierno de la República y la Asamblea Legislativa para el Presupuesto General de la República 2023, al considerarlos irresponsables, irracionales e irreflexivos y con gran impacto social.
A la vez, brindamos fuerte respaldo político-sindical a esos diputados y a esas diputadas que ya están planteando la necesidad de deshacer varios recortes presupuestarios, drásticamente extremistas, impuestos por el Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, con ocasión de la tramitación legislativa de lo que denominan Presupuesto General de la República para el 2023.
Esta política de tierra arrasada en una serie de servicios públicos del Gobierno Central que está siendo impuesta con una lógica fiscal extremista, ya de por sí estaban debilitados en los últimos años y por la misma causa: ese recortismo presupuestario irreflexivo, irresponsable e irracional.
Con gran vehemencia demandamos la restitución de los millones de colones recortados al presupuesto de Dinadeco (35 mil millones); los recortes de mil millones al Ministerio de Cultura (especialmente, los dineros destinados para la acción social del parque La Libertad); los recortes millonarios para los parques nacionales y las áreas de conservación y para el Fonafifo (financiamiento forestal).
De la misma magnitud, son los recortes presupuestarios para el Ministerio de Educación Pública (MEP): irreflexivos, irresponsables e irracionales; como también así debe calificarse lo que representa el cercenamiento financiero de mil millones de colones para el Ministerio de Seguridad Pública.
Deshacer esos recortes presupuestarios y otros igual de relevantes, como el efectuado para la atención de las personas de tercera edad, es una acción de carácter estratégico para sostener la deteriorada estabilidad democrática del país; gravemente afectada por el crecimiento de la desigualdad, el congelamiento y la precarización salarial, la acelerada concentración de la riqueza y su corolario de dolor: la exclusión económica con grave afectación de la producción para el mercado interno.
Se está jugando con fuego al forzar la convivencia social en el marco de ese tipo de recortismo presupuestario irreflexivo, irresponsable e irracional; cuando:
• La evasión tributaria y la elusión fiscales, aunada al dispendioso régimen de exenciones y exoneraciones, rondan los 14 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB).
• El pago diario de intereses de la deuda pública del Gobierno Central, asquerosamente obsceno, por el orden de casi 7 mil millones de colones cada 24 horas, no sufre siquiera centavos de recorte.
• La tenencia de dólares en depósitos del público en moneda extranjera, al 30 de abril pasado y según informe del Banco Central de Costa Rica (BCCR) estaba cerca a los 39 mil millones de dólares.
• Se propone la venta de activos públicos de empresas estatales exitosas lo que, sin duda, reforzará la situación polarizante que, en el ámbito de la concentración de la riqueza, está en fuerte desarrollo en el país.
Las consecuencias multifactorialmente negativas de este recortismo presupuestario irreflexivo, irresponsable e irracional, alimentan el desarrollo de múltiples formas de resistencia cívica y social que hay que alimentar, potenciar, respaldar; es decir, no se está dejando otro camino más que el de la movilización popular.
Celebramos, en consecuencia, que todavía haya sensatez y prudencia en el seno del parlamento costarricense con el planteamiento de que hay que deshacer los recortes presupuestarios irreflexivos, irresponsables e irracionales ya planteados.
San José, lunes 10 de octubre de 2022.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP.
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto.
