De manera enérgica protestamos por la absoluta inoperancia, el más grande irrespeto y la enorme agresión económica en que incurren las máximas autoridades políticas del país, ante lo que significa el incesante vaivén nacional en el precio de los combustibles, mayoritariamente inclinado a la alza, ya que las bajas son situaciones totalmente excepcionales.
Tanto el actual Poder Ejecutivo como la propia Asamblea Legislativa son los absolutos y únicos responsables de que una mala política fiscal, escudada en el sistema de precios vigente de los combustibles en el país, repercuta en los bolsillos de la golpeada clase media y baja del país, usuaria obligada de la energía para la movilización directa o indirecta, en los diferentes tipos de vehículos automotores.
La abusiva situación en el manejo interno de los precios de los combustibles, se conjuga, perversamente, con el deplorable estado de las carreteras nacionales pese a contarse con los recursos necesarios para que así no fuese; aumentando así el drama económico y social que a diario sufren los miles y miles de conductores y propietarios de vehículos; un aspecto grave en el actual Gobierno pero que continúa la tendencia de los anteriores al respecto.
Las oscilaciones internacionales del precio del petróleo, son excusa manipuladora para resolver al interior del país un problema fiscal pendiente y, en tal sentido, una decisión política de enorme impacto positivo en la población, como sería la disminución del impuesto único de los combustibles, no tiene aval político de los dos poderes de la República mencionados.
En esta ocasión, ante el anuncio de nuevas alzas en el precio de los combustibles, especialmente en los tipos de gasolina super y regular, conviene resaltar la existencia de un proyecto de ley en tal sentido, que tiene el número de expediente legislativo 15.857; proyecto que de aprobarse vendría a representar un serio alivio en el gasto diario de combustible.
La aprobación de dicha iniciativa representaría, sin duda alguna, una sensible disminución en el costo de la vida que tanto agobia a las grandes mayorías de la población del país.
Valga la ocasión para exigir dos puntos:
a) Al Poder Ejecutivo: el envío inmediato de tal proyecto con ocasión del reinicio de las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, el próximo 6 de febrero; y,
b) a los diputados y a las diputadas disponer lo pertinente para su inmediata aprobación. Tan sólo con esta oportuna acción, podrían reivindicar su más que deteriorada imagen ante un pueblo hastiado de tanto engaño y de tanta alza.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto
San José, 3 de enero de 2006.
S.G. 05-07-0315-06
