Rectoría de la UCR llama a marcha (Ver documento en ARCHIVOS ADJUNTOS en la columna derecha)
Lea también: Rectoría – Ingreso de OIJ a UCR atenta contra autonomía universitaria
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Agresión se encuadra en el crecimiento del clima nacional de autoritarismo y de intolerancia promovido por los hermanos Arias Sánchez.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), ha analizado con sumo cuidado las más diversas informaciones derivadas de los dolorosos acontecimientos de violencia policial y de lógica reacción civil, ocurridos en la ciudad universitaria “Rodrigo Facio Brenes”, de la más prestigiosa casa de estudios superiores del país, la Universidad de Costa Rica (UCR).
Si bien comprendemos a cabalidad la ingrata y peligrosa tarea encomendada a personas trabajadoras de un cuerpo represivo creado por la misma sociedad, como lo es el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), y también como lo es la propia Fuerza Pública; bajo ninguna circunstancia podemos dejar de hacer pública nuestra condena por un acto que hiere la conciencia lúcida de la Patria, como lo ha venido representando por siete décadas, la Universidad de Costa Rica (UCR).
El señor Director del OIJ, don Jorge Rojas; así como la ya saliente Ministra de Seguridad Pública y de Gobernación y Policía, la señora Jannina Del Vecchio, deben asumir sus responsabilidades políticas, hasta el nivel de renuncias si fuese del caso.
Al menos, se debe admitir que se cometió un error, que hubo excesos de acción policial y reacciones desproporcionadas ante un presunto delito que, si bien delito al fin, su baja dimensión generó una confrontación totalmente innecesaria, que causó fuertes heridas físicas y psicológicas a destacados jóvenes estudiantes, honestos funcionarios y notables profesores universitarios. Igualmente, el manejo desproporcionado e inapropiado de la situación hasta lesionó a varios de los mismos policías intervinientes en el condenable acontecimiento.
Existen procedimientos conjuntos entre los órganos de seguridad del Estado y los órganos de seguridad internos de las universidades públicas, que ya han sido aplicados en casos de delitos comunes cuando éstos se llevan adelante dentro del campus universitario, o cuando delincuentes comunes se amparan, indebidamente, en las instalaciones universitarias.
Hubo precipitación, bajo control de impulsos, asomo de prepotencia y flagrante descoordinación interpolicial que, pese a la virulencia del enfrentamiento y de la agresión, no provocó una persona muerta, aunque pareciera que estaban las condiciones para el surgimiento de tal desgracia. Esta experiencia pulverizó cualquier protocolo diseñado al respecto para coordinaciones en estas situaciones de crisis, con ocasiones de delitos penales que involucran la autonomía universitaria constitucional.
La Universidad de Costa Rica (UCR) merece, mínimamente, una disculpa oficial emitida por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), así como de parte de la Ministra del Vecchio debe producirse una acción semejante.
San José, a las veinte horas del martes 13 de abril de 2010.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP
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OIJ violó autonomía y provocó graves incidentes en la Universidad de Costa Rica
Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) violaron la autonomía universitaria de la Universidad de Costa Rica al medio día de ayer, enfrentaron a golpes a los estudiantes, docentes y funcionarios que trataron de evitar el ingreso de la policía al campus, el saldo fueron 6 universitarios detenidos y varios heridos.
Los estudiantes se enfrentaron a los agentes del OIJ en un confuso incidente cuando los carros policiales ingresaron violentamente al campus universitario por las zonas verdes, lo que causó confusión y enojo entre los presentes.En solo unos minutos, una veintena de agentes del OIJ fueron reforzados por la policía y arremetieron a golpes contra quienes trataban de evitar el avance de las fuerzas policiales en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, creando caos y confusión.
Según las versiones del OIJ, los agentes perseguían a un policía de tránsito de la universidad que cobró un dinero para no hacer una multa, un agente encubierto le entregó billetes marcados y necesitaban atraparlo con la prueba pero el hombre entró a la universidad y los superiores dieron la orden de seguirlo y apresarlo dentro del campus.
Los oficiales de seguridad de la UCR, por su parte, dijeron que igualmente ellos fueron golpeados por los oficiales del OIJ mientras intentaban poner orden en el confuso incidente de ayer.
Entre los golpeados se encuentran miembros del Consejo Universitario, docentes de diferentes facultades, miembros de la seguridad, funcionarios y estudiantes, el que llevó la peor paliza fue el presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho, Willy Ruiz, a quien la policía le quebró cuatro dientes.
Tras la salida de la policía, los universitarios encabezados por la rectora Yamileth González y miembros del Consejo Universitario salieron a las calles a protestar y mantuvieron un bloqueo frente a la Facultad de Derecho por más de cuatro horas.
Las imágenes captadas en el lugar del enfrentamiento por Las Noticias, mostraron la violencia con que actúo la policía contra los universitarios a quienes golpeó y detuvo, siendo que los que estaban fuera de lugar eran ellos mismos.
Varios estudiantes reportaron que a eso de las 2 de la tarde, unos 30 policías se mantenían en las afueras de la universidad y amenazaron a los universitarios diciéndoles que cuando se retiraran del campus, si se resistían o enfrentaban las acciones de la policía serían agredidos.
Acciones legales
La rectora Yamileth González, mientras permanecía en el bloqueo que levantaron los estudiantes frente a la Facultad de Derecho y que duró más de 4 horas, dijo que se preparan las acciones legales para que esta nueva violación a la autonomía de la Universidad de Costa Rica no quede impune y se establezcan las responsabilidades por una acción arbitraria y desproporcionada como la que protagonizaron los agentes del OIJ, al mediodía de ayer, lunes.
Por su parte, los estudiantes anunciaron que saldrán de nuevo a protestar y que habrá bloqueos en las calles aledañas a la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio.
Fuente: informa-tico. com
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Un importante artículo sobre este mismo tema
Una acción bochornosa
Lic. Marcos Chinchilla Montes
Profesor universitario
No me queda la menor duda que la delgada línea que separa la estupidez de la improvisación la constituye la acción policial que realizaron el día de hoy las autoridades del OIJ y la fuerza pública en la Universidad de Costa Rica, avalada desgraciadamente por Jorge Rojas, director (sic) del OIJ y el fiscal general (sic) Francisco Dall Anesse.
Contra toda lógica, una cadena de funcionarios incompetentes no solo violentaron la autonomía universitaria, sino que se dedicaron a agredir físicamente a estudiantes, profesores, funcionarios y sindicalistas, armando un zafarrancho que ya tiene repercusiones legislativas y que se extiende vergonzosamente entre la opinión internacional y los organismos de Derechos Humanos. Esta acción bochornosa es una muestra más de la lamentable improvisación de nuestras fuerzas de seguridad, mismas que para detener a un presunto funcionario corrupto, tienen que usar a más de 60 agentes y entrar golpeando, amenazando, exponiendo una prepotencia vulgar y chabacana y un desconocimiento absoluto de los valores que la población universitaria ha cosechado en estos 70 años de educación superior. Si para detener a una persona se requiere ese nivel de violencia e improvisación judicial, ya podemos dar por perdida la lucha contra el crimen organizado y las bandas de narcotraficantes mexicanos, las que dicho sea de paso, vienen cayendo no por la inteligencia policial sino por el accidente de un helicóptero narco.
Para las y los universitarios, nuestra autonomía es sagrada, y la defendemos en ámbitos diversos: gobierno, presupuesto, legislación interna, pensamiento, formación, investigación, acción social, e incluso, seguridad interna. Esto no quiere decir que no se pueda y deba colaborar y coordinar con las autoridades judiciales como se ha hecho en otros momentos, pero tener que enfrentar el ingreso de decenas de matones que no tienen el menor pudor para maltratar, golpear, amenazar, sacar armas, quebrar brazos, arrancar dientes y detener personas por defender principios claramente establecidos en nuestro estatuto orgánico, es algo que nos indigna y denunciamos con contundencia.
Estos actos de violencia institucional que son el pan de cada día en Honduras luego del golpe militar contra Zelaya, nos llenan de vergüenza y rabia; lamentablemente, nos hacen perder confianza en las autoridades judiciales, lo que se suma a otras manifestaciones de comunidades que los rechazan, situación que se torna preocupante, pero que es un claro indicador de una práctica institucional que pierde legitimidad en nuestro país y que nos lleva al caos.
Las autoridades judiciales y policiales que avalan estas prácticas al mejor estilo de las dictaduras del cono sur de los años 70 deben renunciar o ser removidas, ya perdieron nuestra credibilidad, le hacen un daño a nuestro Estado de Derecho; los oficiales del OIJ y de la misma policía que protagonizaron estos actos de barbarie no deben estar más en estos cuerpos policiales, con seguridad encontrarán empleo en los cuerpo militares hondureños. Nos preocupa de sobremanera que el Ministerio de Seguridad no entienda el significado de la autonomía universitaria, precisamente porque la señora ministra pretendió llegar al cargo de rectoría a finales de los años 80, y porque además de docente, fue Vicerrectora de Docencia.
Las universidades públicas costarricenses han sido, son y seguirán siendo respetuosas del ordenamiento jurídico costarricense, pero eso no nos inhibe de denunciar esta clase de afrentas, y menos a desistir de movilizarnos como lo hicimos el día de hoy centenares de ciudadanos, no solo para defender a nuestros compañeros injustamente detenidos y golpeados, sino para exigir respeto por la autonomía universitaria. ¿O es que también quieren convertir a las universidades en el campo de batalla donde impunemente la policía asesina ciudadanos indefensos por la espalda, o los detiene por manifestarse en contra de la privatización?
Las organizaciones sociales, estudiantes, universidades, comunidades, sindicatos, colegios profesionales y ciudadanía en general, debemos pronunciarnos de forma contundente contra estas nefastas prácticas que llevan al país al despeñadero.
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¡ Gaudeamus igitur !
Walter Antillon
La desafortunada incursión de la policía en el campus “Rodrigo Facio” sirvió al menos para traer a la atención de todos el tema de la autonomía universitaria, en un momento en que el País necesita ideas claras para separar el grano de la paja, en este ‘cambalache’ en que nos tienen viviendo.
Cierto que la universidad no es ‘un Estado dentro del Estado’ ni tampoco puede sostenerse que ‘autonomía universitaria equivale a soberanía territorial’, como algunos han dicho. Pero así y todo no resulta menos evidente que, a la luz del derecho, ni los agentes de la OIJ ni los de la policía administrativa podían lícitamente irrumpir en el campus de la manera que lo hicieron. Y ¿por qué lo digo?
Por razones que siendo exquisitamente jurídicas van más allá de la desnuda letra de la ley:
porque aquí se trata de la cultura jurídica, que está por encima de la ley jurídica;
porque el derecho no es ley, sino cultura de la Constitución y la ley; y por último,
porque cultura es vida y no letra.
Claro que contra lo que acabo de afirmar milita una concepción positivista deshidratada y formal, según la cual la autonomía universitaria termina con el último signo de puntuación del artículo 84 de la Carta constitucional.
Pero yo era un escolar con pleno uso de razón cuando, en 1941, se fundó la Universidad de Costa Rica; y desde entonces no recuerdo ni una sola vez que la policía se haya metido en las instalaciones universitarias sin el permiso o la invitación de las autoridades académicas. Esta prolongada situación de respeto y entendimiento ¿fue puramente fortuita, casual, o descansa en sólidos fundamentos? Algo así como “la cultura de Occidente”, de la que somos herederos ¿no nos sugiere nada?
Pues se trata de que la autonomía universitaria es un pilar de esa cultura: estaba presente en el derecho estatutario de las ciudades-Estado del Norte de Italia a partir de la Dieta de Roncaglia de 1158, donde es reconocida expresamente por el Emperador Federico Barbarroja a favor de la Universidad de Bologna; y estuvo presente en las peripecias que marcaron el nacimiento y la vida de las Universidades de Oxford y Cambridge durante ese mismo siglo; estaba presente en la Reforma de Córdoba, Argentina de 1918, que encarnó las aspiraciones de los docentes latinoamericanos; y está presente hoy en la “Carta Magna de las Universidades Europeas” masivamente firmada por sus rectores en Bologna, Italia, en 1988.
De manera que, cuando nuestros constituyentes de 1949 aprobaron el texto del artículo 84 no estaban inventando nada, sino que simplemente accedían a aquella potente manifestación de la cultura autonómica transformada en costumbre constitucional. Pero el artículo de marras no agotó la envergadura, el alcance de la vieja tradición: sólo la proveyò de un núcleo básico, junto al cual se reafirmaron (praeter constitutionem) otros aspectos propios de la memoria cultural universitaria. Y al respecto es muy significativa la conocida y reiterada jurisprudencia de la Sala Constitucional (principalmente: voto 1313-93).
Es de ese modo como se inicia el proceso de consolidación de una costumbre constitucional que es fuente no escrita del ordenamiento jurídico y que, en la hora presente, una algarada policial ha querido borrar de golpe. Es decir, a través de decenios se fue consolidando un mecanismo en cuya virtud los titulares de un poder policial con vigencia a lo largo y ancho del territorio costarricense han venido aceptando, respecto del campus universitario, una hipótesis de no ejercicio de la totalidad del referido poder. Son testigos de ello los casi setenta años de respeto, de no incursión, de coordinación entre las respectivas autoridades; y lo es también la institucionalización de fuerzas de policía nombradas y controladas por la Universidad ¿qué sentido y qué valor tendrían tales fuerzas si no existiera aquella costumbre constitucional?
Repito: la veda del libre ingreso de la policía en territorio académico; y la necesidad de coordinar con las autoridades de la Universidad los tiempos y los modos de ese ingreso constituyen claras e inequívocas manifestaciones de una costumbre constitucional perfectamente configurada; y en este caso, tal como lo requiere una doctrina jurídica hoy indiscutible (ver nota), la costumbre constitucional que regula el ingreso de los cuerpos estatales de policía al campus universitario tiene una específica, fundamental y primaria vigencia que se demuestra tanto por su efectividad (¡siete decenios operando!) como por su objetividad (presencia regular de reglas, signos y personal policial propìos de la Universidad; dilatado historial de coordinación y entendimiento entre autoridades estatales y académicas).
En consecuencia, me parece que los agentes de la OIJ y de la Guardia Civil que ingresaron a la Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica ignorando las normas de coordinación existentes, y atropellando al personal de seguridad y a los estudiantes y funcionarios que trataron de impedirlo, han incurrido en actos violatorios de normas no escritas que, según doctrina de los artículos 6 y 7 de la Ley General de la Administración Pública, son equiparables a las normas escritas de la Constitución.
Entonces, es mi parecer que de momento, mientras los tribunales competentes no determinen otras medidas, los responsables de aquellos cuerpos policiales deben una disculpa pública a las autoridades universitarias, a las personas lesionadas o maltratadas durante aquellas acciones y a la comunidad costarricense toda, que es titular originaria de un derecho humano fundamental a la autonomía universitaria. Porque la autonomía universitaria no es un mero interés de minorìas privilegiadas, sino que es uno de esos altísimos valores de humanidad que la civilización occidental ha hecho suyos; y que por ello deben ser tenazmente defendidos por los ciudadanos conscientes, en un mundo que todavía resiste ante los embates de la arbitrariedad y de la prepotencia.
¿Es difícil rectificar las opiniones vertidas, reconocer los propios errores? Lo es, ciertamente, para muchas personas. Pero estoy seguro de que eso: rectificar, reconocer el error constituye, por el contrario, una de las mejores cualidades del hombre (hombre).
(Nota bibliográfica)
La doctrina jurídica moderna, mayoritariamente italiana, ha reconocido desde hace más de un siglo la existencia de normas no escritas (consuetudinarias) de rango constitucional, debido en gran parte al prolongado magisterio de SANTI ROMANO (Principios de Derecho Constitucional General; Giuffrè, Milán, 1947; pág. 90 y sigtes.). El número de los autores que han escrito sobre el tema es prácticamente inabarcable; de modo que basta aquí con señalar los siguientes, representativos de diversas tendencias pero conformes en relación con el tema de nuestro interés: PAOLO BISCARETTI DI RUFFÌA: Derecho Constitucional; Tecnos, Madrid, 1973; pág. 158 y sigtes.; PAOLO BARILE: Instituciones de Derecho Público; Cedam, Padua, 1982; pág. 49 y sigtes.; GIUSEPPE UGO RESCIGNO: Curso de Derecho Público; Zanichelli, Bologna, 1984; pág. 288 y sigtes. En Costa Rica se ha referido ampliamente al tema RUBEN HERNÁNDEZ. El Derecho de la Constitución; Juricentro, San José, 1993; Volumen I, pág. 458 y sigtes.