Expresamos por esta vía nuestra más enérgica condena y el más fuerte repudio, por la desafortunada y sospechosa decisión del Gobierno de la República, a través de la emisión de un decreto ejecutivo, que restringe el acceso de la ciudadanía a la información sobre los procesos que se manejan en el Tribunal Ambiental del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE); minando el derecho a la información y a la publicidad que debe regir todo acto en la función pública.
Fuentes expertas consultadas por la ANEP, indican que esta medida favorecería los grandes intereses económicos que se han venido posicionando para controlar, de manera privada, todo lo relacionado con la ecología y el ambiente costarricense.
Como consecuencia de tan vergonzosa decisión, la lucha por la preservación de la extraordinaria riqueza natural que el país posee, entra en una fase de mayor vulnerabilidad, al restringirse la acción fiscalizadora de la ciudadanía que se ocupa de este delicado asunto, especialmente las organizaciones ambientales y ecologistas
Exhortamos a la Defensoría de los Habitantes de la República para que proceda a interponer la correspondiente acción de inconstitucionalidad; pues este decreto, aparte de un profundo contenido antidemocrático, pulveriza principios de transparencia en cuanto a la ética pública que, paradójicamente, el presente gobierno aseguró defender cuando asumió en mayo de 2006. Sin duda alguna, aquí hay un nuevo paso de la “dictadura en democracia”.
San José, 25 de febrero de 2008.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto
