La ANEP y su Seccional Pima-Cenada denunciaron ante la Procuraduría de la Ética al Gerente General de la institución, Carlos Feoli Escalante por la posible comisión de varios delitos entre ellos malversación, falsedad ideológica y enriquecimiento ilícito.
A esta denuncia, presentada el 4 de mayo; también se une la infracción a la normativa laboral por trabajar cuando estaba incapacitado.
De acuerdo con la denuncia presentada por Albino Vargas Barrantes, secretario General de la ANEP, el 13 de octubre del 2015, Feoli tenía programada una cirugía ambulatoria en el Hospital Calderón Guardia, producto de la intervención fue incapacitado por 15 días naturales.
Sin embargo, para atender la cita médica, Feoli solicitó y utilizó el vehículo y chofer institucional, así lo consta en la “Boleta de autorización de uso de vehículo oficial” número 16.303, con las placas 112-000027 para atender “diligencias propias de su cargo”.
“La boleta de autorización para uso del vehículo oficial fue solicitada y autorizada por el mismo señor Feoli. Además, mediante una publicación en Facebook el funcionario admite que fue operado ambulatoriamente y a pesar de la incapacidad otorgada por los médicos, que son los especialistas en salud, el señor Feoli reconoce que violó el derecho irrenunciable a la incapacidad”, indica la denuncia.
Albino Vargas, secretario General de la ANEP indicó que el gerente afirmó que violó el derecho a la incapacidad “cuidándose de no firmar nada”, lo cual pone de manifiesto de que estaba realizando una actividad ilegal y usó artimañas para salvarse de responsabilidades.
Para el sindicato, de esa acción se derivan posibles delitos: el delito de falsedad introducida en la “Boleta de autorización del vehículo oficial” ya que no utilizó el carro para funciones propias del cargo, delito por la utilización del vehículo y el chofer para actividades personales y provecho propio; y violentar el derecho y la obligación del trabajador a la incapacidad, es una falta grave, causal de despido sin responsabilidad patronal.
La ANEP solicitó a la Procuraduría de la Ética abrir la investigación correspondiente y de determinarse si las presuntas infracciones causadas y acusadas fueron cometidas iniciar con las acciones penales correspondientes. Asimismo, iniciar los procedimientos administrativos para despedir sin responsabilidad patronal al funcionario por laborar estando incapacitado.
