En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) hemos presentado una nueva denuncia ante el Ministerio Público, en contra del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), específicamente por hechos presentados en la Dirección Regional de Alajuela, donde se habrían presentado presuntos nombramientos irregulares y tráfico de influencias.
La denuncia de nuestra organización recae, sobre la Coordinadora Regional de Alajuela del PANI. Esto, debido a los presuntos delitos de nombramientos irregulares, incumplimiento de deberes, fraude contra la administración pública, tráfico de influencias, corrupción, prevaricato y otros actos que presuntamente contravienen los principios de probidad, legalidad y ética en el ejercicio del servicio público.
Desde nuestro análisis, la Coordinadora Regional de Alajuela del PANI, pasó por alto el reglamento interno de la institución, al nombrar a una funcionaria de apellido Rojas en el cargo de Técnico de Apoyo B para esa dirección, esto a pesar, de que su hermana, ocupa el puesto de Promotora Social en la misma regional.
Según el Reglamento de Reclutamiento y Selección del PANI, en su artículo 9 sobre Nombramientos de Parientes, establece que: “No podrán nombrarse, en propiedad o interinamente, a personas que sean parientes de consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, de las personas funcionarias que pertenezcan a la dependencia que requiere llenar la plaza, o cuando exista un grado de subordinación, con personas funcionarias de otra instancia, que pueda conllevar a que se presente un conflicto de interés”.
Para nuestra organización es evidente Es evidente que la Coordinadora Regional, de forma antojadiza y con dolo, tomó decisiones que constituyen un incumplimiento de sus deberes, aprovechando indebidamente el cargo público para su beneficio personal o el de un tercero, utilizando las funciones propias del cargo, el poder, la investidura o la influencia derivada del mismo, así como los recursos destinados a su ejercicio o las facilidades asociadas, para fines de su interés particular.
Asimismo, existe un claro incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la prevención y manejo adecuado de los conflictos de intereses, al colocarse en una situación de conflicto que pudo haber evitado. Ya que no informó oportunamente sobre los intereses privados comprometedores ni observó el Deber de Abstención, a pesar de que en las funciones que actualmente realiza una de las funcionarias que debe supervisar y fiscalizar el movimiento de caja chica, las compras, la realización de arqueos, entre otras actividades, directamente relacionadas con su hermana, lo que genera un claro conflicto de intereses, falta de objetividad y un riesgo inminente para la administración pública.
Adicionalmente, solicitamos que se lleve a cabo una investigación judicial respecto a la presunta omisión de la Presidenta Ejecutiva del PANI, Kennly Garza Sánchez, quien, a pesar de haber recibido la denuncia formal de esta asociación el 1 de agosto de 2024, no ha tomado las acciones pertinentes para abordar las presuntas irregularidades cometidas por la Coordinadora Regional de Alajuela. Esta omisión refleja una falta de respuesta ante las denuncias presentadas, lo que agrava la situación y hace necesario que se determine si dicha inacción puede implicar una violación a los deberes que le corresponden como alta funcionaria del PANI.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, sede Alajuela, confirmó a la ANEP, que esta denuncia se tramita bajo el expediente número 25-000006-1876-PE.
Hace dos semanas la ANEP, también presentó ante la Fiscalía General, la Contraloría General de la República (CGR) y el Concejo de Gobierno, una denuncia en relación con el contrato de fideicomiso entre el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), cuyo fin era la ejecución de obras públicas destinadas a la niñez y adolescencia.
