La Contraloría General de la República (CGR) denegó la solicitud formulada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), a fin de contratar de manera directa los servicios de la empresa estadounidense McKinsey & Company por una suma cercana a los ¢1.500 millones (¢1.476.580.170.00) para que ejecutara un “proceso de modernización” de la estructura organizacional del BCCR en un plazo de 20 semanas.
Tal negativa del ente contralor le fue comunicada Rafael Ramírez Acosta, Director del Departamento de Proveeduría del Banco Central de Costa Rica (BCCR), mediante oficio DCA-0028, fechado 12 de enero de 2017 y firmado por los funcionarios de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría; Allan Ugalde Rojas, Gerente de División; Elard Gonzalo Ortega Pérez, Gerente Asociado y Zusette Abarca Mussio, Fiscalizadora Asociada.
Según los razonamientos del BCCR, la contratación de esta consultoría por casi ¢1.500 millones se debe al proceso de adhesión del país a la OCDE, dado que “…los requerimientos que se vayan a establecer requieren de organizaciones ágiles, modernas, integradas y eficientes que permitan cumplir con los estándares internacionales de los países que conforman la organización”.
El BCCR indicó peticionar la contratación directa de la firma McKinsey & Company dado que “…la aplicación de un procedimiento ordinario de licitación pública internacional se realizaría en un plazo estimado de 10 meses, lo cual es incompatible con los intereses del Banco, …”. Los documentos que fundamentan la denuncia de la ANEP están disponibles en el sitio web de la organización: www.anep.cr
McKinsey & Company, Inc. es una consultora estratégica global que se focaliza en resolver problemas concernientes a la administración estratégica. McKinsey trabaja prestando sus servicios a las mayores empresas de negocios del mundo, gobiernos e instituciones y tiene su sede en New York, Estados Unidos.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) hace un llamado vehemente al Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, para que ordene detener dicha erogación, pues la misma contradice, políticamente hablando, la prédica reiterada de parte del Gobierno acerca del déficit fiscal.
“Los argumentos del BCCR para esta gigantesca erogación financiera y que tienen que ver con el ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), abre enormes interrogantes acerca de la realidad del costo para Costa Rica de tal adhesión y lo que la misma ha de implicar para las finanzas públicas una vez que estemos asociados a la misma plenamente, por motivo del pago anual de membrecía”, indicó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.
Para Vargas, gastarse casi ¢1.500 millones en una consultoría de este calibre, es una ofensa para el cuerpo de altos profesionales y técnicos del BCCR, en el cual el país ha invertido mucho dinero en su formación, estando plenamente capacitados para asumir ese “proceso de modernización” de cara al ingreso del país a la OCDE.
Por otra parte, el BCCR vuelve a la picota del cuestionamiento público luego de que semanas atrás se diera a conocer la polémica decisión de fuertes incrementos salariales de los altos puestos en la institución, mismos que bien podría encargarse de la famosa “modernización” sin que se tuviera que entregar dineros públicos a firmas consultoras extranjeras como Mc.Kinsey & Company.
“Debe ordenarse una investigación del porqué de esta decisión del Banco Central y del porqué se intentó hacer una contratación directa, presuntamente con una intencionalidad direccionada a favorecer a determinada firma empresarial al punto de que la Contraloría les paró en seco y les ordenó hacer el proceso licitatorio de la contratación administrativa”, expresó Vargas.
Además, agregó “en qué se beneficia el pueblo trabajador de tal “consultoría”; o, en qué se benefician las personas desempleadas. ¿Cómo mejoraría la economía de los hogares agobiados por el alto endeudamiento, por el salario congelado y/o por el salario mínimo violentado cada día?”
Esto deja en evidencia que hay “dos” gobiernos: el que sí controla directamente el mandatario (ministros de Estado); y el de las instituciones autónomas que caminan como “moro sin señor” haciendo lo que les da la gana y dejando en entredicho la dignidad del cargo presidencial.
“Ahí está el caso de la Caja donde omiten la petición del Presidente de no aplicar la rebaja salarial del 1 % para IVM, el caso del salario multimillonario de la nueva gerente del INS y el caso de los salariazos recetados en la cúpula jerárquica del Banco Central”, enfatizó Vargas.
Sin embargo, el Presidente Solís sí puede actuar pidiendo renuncias y/o destituyendo a presidencias ejecutivas o a integrantes gubernamentales de las correspondientes juntas directivas.
Negación de La Contraloría General de La República Al BCCR by EugenioGuerrero on Scribd
Acta de La Sesión Ordinaria de La Junta Directiva Del Banco Central 5720-2016 by EugenioGuerrero on Scribd
