La ANEP reconoce que tal decisión ejecutiva es producto de la acertada intervención de varios señores diputados; especialmente de los señores legisladores don Humberto Arce Salas (Bloque Patriótico Parlamentario) y don José Miguel Corrales Bolaños (Partido Liberación Nacional) a quienes felicita expresamente. Esta felicitación la hacemos extensiva a otros honorables legisladores que han respaldado esta valiente acción en defensa del patrimonio fiscal del país.
La ANEP considera que debe demandarse severas responsabilidades políticas y hasta penales para la hoy Exministra de la Presidencia, Licda. Rina Contreras López (actual asesora presidencial), así como para el saliente jerarca de la cartera de Hacienda, don Jorge Wálter Bolaños Rojas.
La emisión del decreto cuestionado y hoy temporalmente suspendido, por parte de ambos funcionarios, tendría una influencia directa en el proceso judicial que el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), tiene en contra de las empresas obligadas a pagar el tributo indicado con base en el valor de venta al detalle, tal y como lo dice la ley, y no como éstas han pretendido, que es con fundamento en el precio de la producción.
La errónea decisión provocaría una pérdida al fisco de unos 20 mil millones de colones, en momentos en los cuales las finanzas públicas atraviesan momentos críticos, según el discurso oficial en el seno de la Comisión Legislativa Mixta Especial para el Pacto Fiscal, de la cual la ANEP forma parte.
San José, 13 de junio del 2003.
