La Seccional de ANEP-Fuerza Pública envió una carta al Presidente de la República, Carlos Alvarado solicitando mejores condiciones laborales y mayor protección jurídica para los oficiales de la Fuerza Pública. El documento fue enviado en respuesta al mensaje brindado por el mandatario mediante frecuencia policial.
Audio Mainor Anchía
Compartimos la carta enviada al Presidente de la República
San José, 29de junio del 2018
CO-UDO-FP-06-354-2018
Sr. Carlos Alvarado Quesada
Presidente de la República
Gobierno de Costa Rica
Honorable señor;
Primeramente, reciba un atento y respetuoso saludo; seguidamente, el infrascrito Mainor Anchía Angulo, portador de la cédula de identidad número 6-0236-0798 en mi condición de Directivo Nacional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados “ANEP”, y, además, como Presidente de la Seccional ANEP Fuerza Pública, me apersono ante su distinguida autoridad administrativa, de conformidad con el artículo Nº 27 de la Constitución Política, así como el canon Nº 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, para lo siguiente:
En días recientes fuimos testigos de un acto que nos parece se podría considerar histórico, al menos el suscrito no tiene en su memoria, recuerdo alguno de un Presidente de la República, que se haya dirigido a la población Policial, mediante la frecuencia nacional, así mismo, por medio de las redes sociales. En su mensaje, su distinguida persona externó, entre otras cosas, un agradecimiento para el trabajo que desempeñan nuestros cuerpos policiales, al mismo tiempo, manifestó: “queremos llevar dignidad a ese trabajo, que ustedes hacen y respeto (…) y sepan de mi parte, que cuentan con el respaldo del gobierno de la República y de todos los costarricenses”.
En tal sentido, nuestra organización sindical, y la Seccional ANEP Fuerza Pública, desde hace algunos años, hemos venido haciendo énfasis en la necesidad de dignificar el trabajo de nuestros policías. Sin embargo, a la fecha seguimos con serios problemas de infraestructura, edificaciones que se alquilan a un alto costo, sin contar con las características de una delegación policial, delegaciones que permanecen en condiciones “precarias”, poniendo en riesgo la seguridad y la salud de nuestros policías. Por otro lado, se mantiene un altísimo nivel de desarraigo familiar, lo cual potencia la desintegración familiar, en los hogares de nuestros policías.
También, y no menos importante, se hace necesario dotar de mayor protección jurídica el trabajo de nuestros buenos policías, para lo cual se hace necesario impulsar algunas reformas legales, que sería oportuno, surjan desde el Poder Ejecutivo, o en su efecto, de la cartera de Seguridad Pública. Para tales efectos, ofrecemos nuestra modesta experiencia en el conocimiento de la materia policial, así como en lo que, desde nuestra organización, hemos venido estudiando y planteando, desde hace varios años.
Señor Presiente, la Ley General de Policía número 7.410, establece en el numeral 44 inciso g): “Otorgar el apoyo legal oportuno y razonable, en las causas judiciales incoadas contra los funcionarios policiales, y darles el seguimiento a las resultas del proceso”. La interpretación nuestra del artículo citado, es que el Ministerio de Seguridad Pública, mediante su Departamento Legal, debería brindar apoyo letrado a nuestros funcionarios, en las causas judiciales incoadas, en razón de sus funciones. En tal sentido, nos parece oportuno plantear lo siguiente: Es necesario definir los tipos de procesos en que se pueda brindar ese apoyo en causas judiciales, por ejemplo: la mayoría de los casos incoados contra nuestros policías, obedecen a un presunto abuso de autoridad, el cual deviene de la actuación policial, del contacto que muchas veces resulta inevitable con el infractor de las normas de convivencia social.
En caso de que sea correcta nuestra interpretación, además, por ser la función Policial, una materia que se vincula directamente con el ámbito Penal, nos parece debería invertir la Administración en capacitar a los abogados y abogadas de la Dirección de Apoyo Legal Policial, en materia Penal. Lo anterior, por cuanto, en su mayoría, nuestros abnegados funcionarios, de la supra citada dirección, carecen de dicha especialización. Es así señor Presidente, como se le podría comenzar a dar un mayor y más efectivo respaldo a nuestros policías. Sin omitir, que nosotros les brindamos asesoría y respaldo letrado, por medio de nuestra Unidad Jurídica, en materia laboral, administrativa y contenciosa.
En otro orden de ideas, pero no menos importante, es menester solicitar se nos aclare la aplicación de la Directriz Presidencial 003-H, publicada en la Gaceta del 06 de junio del año en curso, en relación con nuevos alquileres, así como otras medidas que podrían afectar Derechos Humanos laborales de nuestros policías, así como del personal administrativo, que labora en las delegaciones policiales. En tal sentido, preocupa a esta representación sindical, que se detenga la implementación de la Segunda Etapa del Manual de Clases Policiales, lo cual podría acarrear desmotivación, así como generar demandas judiciales por concepto de diferencias salariales.
Si bien existen otros temas importantes, por lo pronto, hacemos mención de los aquí supra citados, quedando en espera de su atención y atentos a lo que se requiera de nuestra parte.
Sin más, me suscribo respetuosamente. Señalo como medio para escuchar notificaciones el correo electrónico, mainoranchia@anep.or.cr
Cordialmente;
Lic. Mainor Anchía Angulo
Directivo Nacional ANEP
Representante Sindical
