Ayer lunes 18 de setiembre, se presentaron en la ANEP varios extrabajadores del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), para recabar el apoyo de esta organización a un proyecto de ley de pensión anticipada que beneficiaría a un grupo de poco más de cien de estos exservidores públicos, quienes fueron liquidados al privatizarse, vía concesión, dicha institución.
La ANEP, en la persona de su Secretario General Adjunto, Edgar Morales Quesada y de su Directivo Nacional, Douglas Carrillo Azofeifa, les dijo que no apoyaría tal iniciativa.
Para la ANEP, que día a día conoce de situaciones de costarricenses con plena capacidad laboral y en completo uso de sus facultades mentales y que por ser personas de 35 años o más no encuentran trabajo; el proyecto que pretenden los citados exfuncionarios del INCOP sería otorgar un privilegio injusto y odioso; especial para personas que pese a que sabían que tenían un empleo seguro, dispusieron transarlo por unos cuantos dólares, siendo cómplices de la entrega de un bien público al usufructo privado.
Si se pretende ahora una pensión “especial” para los extrabajadores del INCOP, con la regla de 45 años de edad y 25 de trabajar, entonces que se generalice completamente, para abarcar a todos aquellos y todas aquellas compatriotas que hoy no encuentran empleo por razones de edad.
Quienes apoyaron la privatización de INCOP deben responder por el caos social que se está creando. Particularmente, ANEP pide cuentas a los dirigentes sindicales que pactaron la privatización del INCOP y que estuvieron garantizándole a los hoy extrabajadores de esta entidad que sí tendrían garantizada una pensión con 45 años de edad.
La señora Ana Montero y el señor Gregorio Bolaños son dos de los responsables directos del drama social que vive ese grupo de costarricenses a quienes pronto se les ha de acabar la plata que les dieron por privatizar el INCOP y que, desgraciadamente, enfrentarán serios problemas para encontrar un nuevo empleo estable.
Respetuosamente exhortamos a la Asamblea Legislativa a no avalar un proyecto como el pretendido; sino más bien, a exigirle al Poder Ejecutivo, a la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), así como al periódico La Nación, brindarle a ese centenar de extrabajadores de esa entidad, opciones de inserción productiva que se ofrecen en el “libre” mercado que tales entidades defienden, las cuales, particularmente, propiciaron la concesión de INCOP.
San José, 19 de setiembre de 2006.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto
