La ANEP y su Seccional ANEP-Fuerza Pública, presentarán en los próximos días una medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo, con el objetivo de detener la directriz del Ministerio de Justicia y Paz que pretende la liberación de cerca de mil privados de libertad, situación que ha causado molestia y temor en la población costarricense.
Así lo confirmó, esta mañana, en conferencia de prensa Mainor Anchía Angulo, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública, quien calificó la decisión del Ministerio de Justicia y Paz como indignante, preocupante y apresurada”
“Esto un acto irresponsable y apresurado que no está bien sustentado, el cual se estaría dando, en un momento en que nuestro país, presenta el pico más alto en materia de inseguridad, violencia y criminalidad. Ante esta situación estaremos presentando la medida cautelar”, dijo Anchía.
Según Anchía, las autoridades de Justicia manifiestan que la decisión administrativa de liberar aproximadamente mil personas privadas de libertad, no pone en riesgo a la población costarricense. Sin embargo indica que no establecen de manera clara, que análisis y estrategias preventivas les permite tal argumento.
“¿De qué forma nos garantiza el Ministro de Comunicación, que esta situación no representa un riesgo para la población? ¿Cómo sustenta la administración que el 90% no reinciden?, cuando policialmente se ha señalado que se presentan constantes reincidencias”, expreso el Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública.
Otra de las valoraciones que realiza Anchía con la decisión de la cartera de Justicia y Paz es que se irrespeta y se desvaloriza el trabajo de las policías, a la vez que se cuestiona de cuál sería la finalidad de crear un tribunal de flagrancias, que permite trámite rápido de algunos procesos penales, si luego se deben liberar los indiciados por hacinamiento carcelario.
“Consideramos que resulta irresponsable y riesgoso el intentar reducir el hacinamiento liberando apresuradamente a personas que están privadas de libertad por la comisión de delitos, mayormente contra la propiedad. Podrían indicarnos la Ministra de Justicia y el Poder Ejecutivo a quiénes corresponderá ejercer el control estricto y bajo qué mecanismos, de las personas liberadas”,
En nuestro País, existen garantías procesales, tuteladas en el artículo 1 del Código Penal y en los artículos 6 y 63 del Código Procesal Penal, instrumentos jurídicos que deben ser observados a la hora de realización del proceso penal y que corresponde además a cada defensor, velar porque se cumpla.
Ante esta situación la ANEP y su Seccional ANEP-Fuerza Pública, hacen un llamado, para que se atienda de manera integral e interinstitucional, el problema de hacinamiento carcelario, ya que atenta contra los derechos humanos de los privados de libertad y repercute en los Policías Penitenciarios, pero sin trasladar el problema a la sociedad costarricense.
