Una solicitud de derecho de respuesta
Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP
Como nos suele suceder, cuando requerimos un derecho de respuesta a raíz de un ataque de La Nación en contra de la organización sindical que orgullosamente representamos, nos pasan dos situaciones: no nos lo publican; o si tenemos la suerte de que lo hagan, mutilan el texto para que no salga integralmente como lo mandamos. Pero ni modo. Nos la vamos a jugar de nuevo sin mayor esperanza. Afortunadamente, las vías alternas existen para refutar los ya clásicos infundios de don Julio Rodríguez en contra de los sindicatos.
Empecemos. Dentro de los activos propiedad de la ANEP, el más valioso es una propiedad multimillonaria en la parte más hermosa de la famosísima playa de Manuel Antonio, en Quepos (cantón de Aguirre), conocida como una de las más lindas del mundo.
Nos falló, efectivamente, la inicial idea de un proyecto hotelero, inspirado en los valores de la Economía Social y que se promovió para beneficio de nuestra membresía y de la clase trabajadora, en general. Aprendimos mucho. Actuando con transparencia, para saber exactamente qué nos pasó, se hizo la auditoría a cargo de la prestigiosa firma Rojas Ceciliano y Asociados.
El fiscal de la ANEP, cuyo nombre no citamos, traicionó a la Asamblea General Extraordinaria de la organización que conocería de tal informe de auditoría y el mismo llegó a conocimiento de La Nación primero que a cada asambleísta que se hizo presente el pasado sábado 19 de enero en el evento indicado.
Valga indicar que las presencias en tal evento eran, en su mayoría, sumamente calificadas, pues estamos hablando de dirigentes intermedios de la agrupación; gente que, a su vez, representan a mucha gente afiliada a la ANEP.
El fiscal no llegó a la asamblea. No justificó su ausencia. Tiró la piedra y escondió la mano. Él no pidió la auditoría. Fue un acuerdo de una anterior asamblea general extraordinaria, convocada, específicamente, para analizar el proyecto.
Pretendió dañar la honra, la imagen, la credibilidad y el prestigio de la organización. Pretendió, vanamente, dañar la reputación moral de profesionales distinguidos en la vida de la organización. Intentó, también, jugar con nuestra propia honra. Él deberá responder ante los tribunales de justicia por su intento difamatorio. Si el fiscal no llegó a la Asamblea es porque sus declaraciones a La Nación, que le sirven de base a don Julio para atacar a la organización y a su actual dirigencia, están llenas de mala fe, inexactitudes y juicios de valor sumarios.
En esa información, el señor periodista don Alberto Barrantes C., en el apartado denominado por él “Fallas puntuales”, puso la siguiente frase, sumamente temeraria: “Finanzas. El proyecto no cuenta con facturas que respalden las erogaciones”. En la indicada asamblea a la firma auditoria, específicamente, se le emplazó sobre tan tajante y falsa afirmación, siendo desmentida categóricamente por el profesional presente de Rojas Ceciliano y Asociados. La firma auditora indicó, totalmente, lo contrario. Sí había comprobantes. Esta información periodística puede ser debatida en otras sedes y se está valorando, según lo determinó la asamblea.
Hay otras situaciones sobre el manejo de este proyecto que se ventilarán en sedes judiciales, vía penal y/o vía civil. Así lo acordó la asamblea previo dictamen legal, que se generará a partir del análisis del indicado informe auditor. Todas las recomendaciones de la firma auditora son de acatamiento obligatorio para la actual Junta Directiva Nacional (JDN) de la agrupación.
El proceso auditor determinó que no hubo ninguna actuación dolosa como malversaciones de fondos de ninguna naturaleza. Si alguien quiso encontrar actos corruptos, fracasó estrepitosamente. El contrato de auditoría indicó, expresamente, que si algo así era detectado durante el desarrollo del estudio, ANEP sería alertada, inmediatamente, para las interposiciones de las denuncias que correspondieran. Nada de ello hubo. La auditoría se hizo de principio a fin, de manera continua y no hubo denuncias que interponer en su transcurso.
Los y las miles de anepistas, así como la gran cantidad de organizaciones amigas de la ANEP, deben saber que la solidez financiera de la agrupación la permite salir avante de esta situación.
Además, las posibilidades de impulsar, con el aprendizaje obtenido, experiencias de desarrollo social de las potencialidades de tal propiedad, son impresionantes.
Finalmente, no vamos a comentar nada sobre las clásicas diatribas de don Julio en contra del sindicalismo. Nosotros entendemos la naturaleza de su rol amanuense. Sí nos sentimos muy tranquilos de que pagamos puntualmente todas las obligaciones de la ANEP como entidad de derecho privado que es. No hacemos vericuetos para eludir, por ejemplo, nuestras responsabilidades tributarias ni con la seguridad social. No estamos demandados por ello. ANEP está al día sus obligaciones crediticias y no usamos “información privilegiada” para intentar mejorar la situación financiera organizacional.
Como indicamos al principio, sin la menor certeza de que esto será publicado, muy atentamente nos suscribimos, Albino Vargas Barrantes, Secretario General, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), cédula No. 1-457-390.
