Reserva financiera de 200 mil millones de colones no se respalda en un acuerdo de Junta Directiva específico.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), envió una denuncia a la Contraloría General de la República (CGR), solicitando se investigue la propuesta anunciada por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), sobre la disposición de 200 mil millones de colones para la atención de listas de espera.
Para nuestra organización sindical existen una serie de elementos que ponen en duda la forma en que este dinero se reserva y se pone a disposición para que entidades privadas resuelvan las listas de espera.
La denuncia también fue enviada a la Procuraduría de la Ética, la Defensoría de los Habitantes y la Fiscalía General de la República por la vía electrónica.
Para la ANEP, Marta Esquivel Rodríguez, Presidenta Ejecutiva de la CCSS, y Gabriela Artavia Monge, Gerente Financiera y Coordinadora del Comité de Inversiones del Seguro de Salud se atribuyen competencias que no les corresponde, por lo cual se debe valorar e investigar los siguiente elementos:
1. Se creó una reserva financiera de 200 mil millones de colones que no se respalda en un acuerdo de Junta Directiva específico.
2. La citada reserva no se fundamenta en análisis técnicos y financieros robustos que permitan comprometer esa dimensión de recursos, inclusive indican que pedirán la
programación a la Gerencia Médica, como un acto posterior. Se resume que se compromete esa dimensión de recursos con fundamento en una solicitud de una página.
3. Es contradictorio que la Gerencia Financiera firmara en menos de 10 días criterios totalmente opuestos: en uno señala la insipiencia de las propuestas que estarían fundamentando una reserva; y, por otra parte, se aprueba en menos de 3 días una inversión de tal magnitud. Podría existir un incumplimiento de la Política de Inversiones del Seguro de Salud y una extralimitación de las competencias del Comité de Inversiones, en definir reservas sin aval de Junta Directiva y direccionadas a un proyecto que no tiene solidez técnica.
4. Si bien podrían ser recursos a la vista que no se han colocado por diversas situaciones, el amarrarlos a una estrategia operativa que debe ejecutarse “en apariencia” en el periodo 2024, representa que dichos recursos no podrán tener la posibilidad de colocarse a mejores rendimientos, y con ello estarán amarrados a la corriente ordinaria.
5. Hay que valorar si la decisión impulsada por la presidencia ejecutiva y la gerencia financiera de la CCSS vulnera otros proyectos y reservas que estaban previamente definidas para atender compromisos de inversión en infraestructura y tecnologías. Esto, sin duda, sería concordante con la estrategia de detener el portafolio de inversiones y volver a inventar criterios de priorización para hospitales que ya habían culminado esa etapa.
6. Finalmente, pareciera que la búsqueda de esa reserva se orienta en que respalde una compra de servicios por terceros que no están incluidas en el presupuesto 2024, lo cual sería contrario al ordenamiento jurídico y técnico de garantizar el debido contenido previo a dictar actos de inicio de contratación administrativa.
Por estas razones, la ANEP solicita a las entidades pertinentes investigar la forma en qué se toman estas decisiones.
