Creemos que es correcta la pretensión de evitar que en tal legislación quede una especie de período de gracia, de amnistía de seis meses y que el impuesto debe regir de inmediato; pero, no creemos que por esta circunstancia todo el trámite de esta necesaria legislación pueda demorarse demasiado ó, incluso, en el peor de los casos, perderse.
Por tanto, apelamos a todas las representaciones parlamentarias para que piensen en la gente del trabajo, en las mayorías populares que, por un lado, no tienen ni tendrán sociedades anónimas, ni activas ni pasivas; y, por otro, que resultan ser las víctimas más directas de esa inseguridad ciudadana creciente.
Si bien tenemos plena conciencia de que la inseguridad ciudadana está estratégicamente ligada a procesos de exclusión social, de ausencia de oportunidades, de crecimiento de la desigualdad y de concentración abusiva de la riqueza; los recursos que generaría la nueva ley de impuesto a sociedades son imprescindibles para dar mejores condiciones de trabajo a esos miles de abnegados y abnegadas costarricenses que desde la Fuerza Pública se desvelan en brindar protección a la ciudadanía; personas trabajadoras que han venido ejerciendo su quehacer en condiciones cada vez más deterioradas.
San José, 16 de agosto de 2011.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
