ALAI AMLATINA, 19/08/2009.- Los ejemplos más graves están en el golpe de Estado en Honduras, los atentados terroristas en Bolivia, la nueva “pacificación de la Araucanía” emprendida en Chile, la Masacre de Bagua en Perú y el acuerdo de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos para la entrega de siete bases militares norteamericanas en ese país.
Es este conflictivo contexto que se realiza la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala a fines de mayo en Puno, Perú, que tuvo una concurrencia masiva que superó todas las expectativas, con más de seis mil participantes de todo el continente, autofinanciados por sus organizaciones.
La gran voluntad de debate y construcción de propuestas en la IV Cumbre, desde la cultura propia de nuestros pueblos indígenas, dio como resultado importantes acuerdos, entre los que destaca la insurgencia cultural, la visibilización de nuestra civilización en la época de crisis del pensamiento occidental, no más como folclor, sino como actores activos que resistimos desde hace más de quinientos años y hoy ofrecemos nuestras alternativas a todas las sociedades.
La carta remitida a la IV Cumbre Continental por el Presidente de la República Plurinacional de Bolivia Evo Morales Ayma se da en este contexto. Cuando él dice que hemos pasado de la resistencia a la rebelión y de la rebelión a la revolución, no está haciendo un llamado a la violencia, sino evidenciando nuestra visibilización como pueblos indígenas, nuestro proceso de articulación y consolidación de derechos y de propuestas, que van siendo reconocidos y recogidas, respectivamente, por los tratados internacionales, las leyes nacionales y las diversas instancias en el mundo.
Las cuatro Declaraciones emitidas en Puno –de los pueblos, de las mujeres, de los jóvenes, y de los niños y adolescentes- resumen alternativas concretas para enfrentar la crisis global: ambiental, financiera, de paradigmas. Incluso para prevenir y evitar epidemias como la de la llamada “gripe porcina”, que pretendió ser utilizada por el gobierno peruano para impedir la realización de la IV Cumbre Continental de los Pueblos Indígenas.
Así, lo que quedó claro en Puno es que la lucha de los pueblos indígenas trasciende los planos locales y las reivindicaciones específicas de defensa de nuestros territorios y recursos naturales. Es una lucha por lograr una real presencia de los Estados y que éstos sean realmente representativos, que escuchen a todos y no de las empresas transnacionales. Los sucesos de Bagua, en la Amazonía peruana, son una muestra palpable de esta demanda.
Algunos gobiernos se resisten a entenderlo, negándose a resolver los problemas de fondo y provocando con ello conflictos que enfrentan de manera violenta, vía la represión y la penalización de las protestas. La consecuencia es un marcado odio hacia los pueblos indígenas, a través de la criminalización y el racismo.
La CAOI presentó por ello en marzo pasado una demanda contra el gobierno peruano ante el Comité para la Erradicación de todas las Formas de Discriminación Racial de Naciones Unidas. Y a inicios de agosto, CAOI y CONACAMI entregaron informes alternativos al presentado por el Estado del Perú, mientras que las organizaciones indígenas ONIC de Colombia y Consejo de Todas las Tierras de Chile hicieron lo propio respecto a sus gobiernos. El resultado ha sido que los tres Estados (Perú, Colombia y Chile) han sido severamente examinados y calificados como Estados que vulneran los derechos humanos y colectivos.
La diplomacia indígena seguirá avanzando, para continuar abriendo canales que permitan a nuestros pueblos indígenas y sus organizaciones ser escuchados. Sin embargo, la lucha de masas muchas veces busca canales de solución más rápidos y directos, con demandas concretas que requieren un tratamiento distinto y urgente de los gobiernos: por ejemplo, la gravísima situación de los derechos humanos en Colombia, donde 18 pueblos indígenas están al borde de la extinción; el paquete de decretos legislativos emitidos en el Perú para implementar el TLC con Estados Unidos, que vulneran nuestros derechos; y la violenta represión desatada contra los mapuches chilenos. Son hechos que no podemos callar.
Todo esto hace urgente que los organismos como Naciones Unidas, la OEA y la propia UNASUR realicen un profundo análisis de este contexto y acuerden acciones concretas de presión a los Estados para garantizar el real ejercicio de nuestros derechos. Y abrir un espacio de diálogo con agendas, con políticas públicas, recomendaciones y resoluciones de estricto cumplimiento.
Seguiremos vigilantes.
– Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas –CAOI
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